@mateamargouy
Ec. Héctor Tajam
Lo prometido es deuda como dice el refrán popular. En el anterior artículo publicado en este mismo medio, hacíamos referencia al análisis, poco objetivo, que de la coyuntura aparecía en la proclama de USU (Un Solo Uruguay) en ocasión de la convocatoria del 23 de enero pasado. En el mismo escrito, prometíamos esta segunda parte, relativa a la reflexión sobre las medidas propuestas en tal proclama, y la incoherencia de las mismas.
Parte 2: TODOS SOMOS “COSTO DEL ESTADO”
Llama la atención como en su recurrente demanda de reducir el costo del estado, con el evidente objetivo de que se le reduzcan los impuestos, los diferentes actores agropecuarios “autoconvocados”, se autoexcluyen del mismo. Por el contrario, se invierten los términos y las transferencias parecen de un solo sentido (hacia Montevideo) en una confrontación que solamente ellos plantean. Por ejemplo, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro ha hecho público lo cuantioso del subsidio estatal al sector en lo que hace a salud y seguridad social que en una línea ascendente superó en 2017 los 400 millones de dólares. Y no lo hace para confrontar, sino para que se reconozca y se pongan todas las cartas en la mesa.Por otro lado, el tal mentado valor del dólar. Otra vez apostando a la devaluación. ¿Quieren que
sigamos al caos argentino? Porque la competitividad medida por el Tipo de Cambio Real que
diseña el BCU se deterioró en 2018 por la devaluación en más del 100% del peso argentino. En cambio mejoró con los mercados fuera de la región.
Parece que esta moneda fuera una variable que solo afectara a la competitividad del sector, desconociendo su influencia en la inflación y en el endeudamiento de la población y de otros sectores que no tienen ingresos en esa moneda. Aún así, no se tiene en cuenta los esfuerzos del Banco Central del Uruguay (BCU) para que ese problema (común a las economías exportadoras de productos primarios) no sea aún mayor. Solamente en lo que va de este año el BCU ha comprado 429 millones de dólares para mantenerlo por encima de $32 (3.500 millones en 2018), y este viernes 25 licitó $ 1.905 millones en Letras de Regulación Monetaria (con una tasa de 10%), necesarias para esterilizar parte de la moneda nacional vertida al mercado sin contrapartida real. El monto de la deuda pública en este instrumento asciende ya a 6.500 millones de dólares, 17% del total. Y esto tiene un costo importante en el inciso de intereses del presupuesto nacional que se pagan con el aporte de todos los contribuyentes. De la misma manera que las exoneraciones de impuestos (gasto fiscal) a las inversiones promocionadas por la ley 16.906.
Veamos entonces que “tan peor” está la presión fiscal al sector agropecuario. Según el Anuario OPYPA 2018, con un crecimiento del PBI agropecuario cercano al 1% para 2018, la presión fiscal descendería desde 9,7% en 2017 a 8,4% del PBI en 2018, un guarismo inferior al de 2014. Por un lado, los establecimientos agropecuarios aportaron menos IRAE (U$S 12 millones) debido a una disminución de la rentabilidad, por otro se beneficiaron con una reducción de la tasa de la Contribución Inmobiliaria Rural (U$S 11 millones), y con la disminución del IVA al gas-oil para contribuyentes del IMEBA (U$S 4 millones).
Por último, la embestida contra la inclusión financiera va más allá de intenciones oportunistas.
Quieren mantener las posibilidades de evasión fiscal. La idea de que parte del éxito económico que se materializa en la rentabilidad es fruto de la habilidad para evadir impuestos es propia de una mentalidad subdesarrollada, que propende al subdesarrollo, lo contrario al desarrollo económico que todos anhelamos. No hay país en el mundo contemporáneo que no avance en esta materia. Se ha disminuido la evasión del IVA a niveles de países desarrollados, pero cuando toca al IRAE aparecen los cuestionadores de la inclusión financiera. Claro que hay que seguir controlando, porque la evasión es el peor gasto (costo) fiscal. Lo expresamos así cuando SAMAN pretendía que no se la controle mientras se beneficia de jugosas exoneraciones fiscales a sus promocionadas inversiones.
El resto de las medidas no merecen la más mínima atención aquí, dado que no alcanzan para cubrir ni un décimo de lo que el estado gasta en mantener la competitividad de su sector, y han sido materia de debate en todas las Rendiciones de Cuentas de los últimos años, con propósitos más de impacto electoral que de real solución.
En fin, la proclama en sí misma es un contrasentido. Sus propuestas llevan a aumentar el déficit
fiscal y por tanto a la larga o a la corta la presión fiscal que hoy los moviliza. Es lo que sucede
cuando la realidad se observa desde un solo (lado del) Uruguay.
