Por: Oscar Andrade
1) La prueba del nueve, para las fuerzas populares en el gobierno, se da cuando al achicarse el paño del crecimiento económico, se tensa en la sociedad la puja distributiva. Uruguay atraviesa, por múltiples factores, un proceso de desaceleración de la economía, o sea, ritmos menores de crecimiento económico. Las economías capitalistas, más aún las periféricas, tienen múltiples mecanismos para trasladar a los sectores populares los desempeños económicos negativos. Basta mirar la participación en porcentaje de la masa salarial en el ingreso nacional bruto disponible antes y después de la crisis del 2002 para confirmar esta cuestión. Más atrás en el tiempo un fenómeno similar se dio en épocas de la tablita. De ahí la justa consigna que más de una vez encabezó demandas populares: “que la crisis no la paguen ni los trabajadores ni el pueblo”.
2) La política salarial es un factor principal para obtener una mejor distribución del ingreso. En estos diez años de gobiernos frenteamplistas los logros en este sentido son claros. Por un lado se registró el mayor crecimiento en términos reales del salario real en la historia del país, siendo además el mayor crecimiento registrado en América Latina según la CEPAL. Por otro lado se incrementó la participación del salario en relación al PBI pasando de un 26% a un 33%, siendo ésta otra de las conquistas relevantes de este período. El tema es que siendo tan precario el punto de partida que nos dejó la coalición blanquicolorada, más allá de innegables avances estamos lejos, muy lejos de haber conquistado un techo en las posibilidades de mejora en la participación del salario en el conjunto de la economía. Hay que, por lo tanto, abordar este tema siendo conscientes que una buena parte de nuestro pueblo tiene remuneraciones claramente insuficientes para tener condiciones mínimas de vida.
3) El objetivo de la justicia social es central para el campo popular. Salir de un terreno donde se atraviesan dificultades mayores con más democracia y más justicia social es un objetivo prioritario. La discusión de esta cuestión no es estrictamente económica; parados en fundamentos económicos debe optarse en términos políticos. Requiere de rigurosidad técnica pero de ninguna manera es una cuestión que deban resolver solamente los técnicos. El Frente Amplio es una fuerza Artiguista con profundas convicciones de justicia social, las mismas que inspiraron hace doscientos años el reglamento provisorio para el arreglo de los campos sobre la base de que «los más infelices sean los más privilegiados».
4) La opinión de nuestros compañeros con responsabilidades en el Poder Ejecutivo es muy importante, pero no tiene por qué necesariamente ser la única. Tampoco se deben dramatizar las diferencias en una fuerza política plural. En todo caso hay que tratar de dar el debate con la mayor rigurosidad posible en el marco de la mayor fraternidad. La unidad tiene una importancia estratégica para las fuerzas populares y no debemos perder de vista que es en todo caso un debate entre compañeros comprometidos con las causas populares.
5) Creo que se anunciaron por parte del gobierno (de mi gobierno, por si acaso) las peores pautas salariales desde 2005, lo que creo es un profundo error que potencialmente puede comprometer la acumulación social y política que desde décadas se ha construido.
Voy a detenerme solo en algunos aspectos:
A) Inicia claramente un proceso de desindexación del salario (o lo que es lo mismo, una forma de indexación mas débil, menos rigurosa) al pasar a corregir las diferencias entre el aumento otorgado y la inflación real cada 24 meses. Esta medida pone en riesgo de deterioro el salario real promedio de los convenios colectivos a acordar, y si la diferencia de correctivos a aplicar es importante termina cuestionando la viabilidad de los futuros convenios colectivos. Lo peor en este caso es que este amargo trago no se ha fundamentado debidamente dando una explicación sólida de por qué incorporar esta variable.
B) En una economía que crece, los lineamientos hacen centro en el mantenimiento del salario, (dicen las pautas «asegurando el mantenimiento del salario real»), entendiendo como sectores dinámicos exclusivamente a los que tengan más de un 4% de crecimiento del PBI por año. Es más, si se realiza una comparación entre el desempeño de la inflación en los últimos 36 meses con la proyección de los aumentos salariales para un período similar de tiempo, ni siquiera en el considerado «sector dinámico» se estaría asegurando crecimiento del salario real. Ni hablar en los otros dos sectores con menores ajustes nominales, lo que es un factor regresivo en el plano de la distribución. En ninguno de estos ejemplos, además, el crecimiento del salario acompaña el crecimiento previsto de la economía, aspecto al que se comprometió el Poder Ejecutivo en la mesa de negociación. Para los sectores que comienzan la negociación el próximo año el panorama es aún peor, dado que las proyecciones realizadas en la mayoría de los casos, aún en sectores que logren crecimiento económico, el resultado es recurrir a un correctivo al final del convenio para no perder salario real. De transitar la negociación salarial en estos andariveles propuestos la participación de los salarios en relación al PBI corre el riesgo no solamente de no avanzar sino de retroceder de un 33% a un 31% del total. Cabe aclarar lo obvio: no hay en el país ni estancamiento ni mucho menos recesión. Duele preguntarse cuáles serían los lineamientos en esas hipótesis.
C) A diferencia de los anteriores lineamientos (y sin ninguna argumentación) sólo ubica la posibilidad de ajustes semestrales. De aplicarse este criterio se parten a la mitad los ajustes salariales para las ramas de actividad que ya habían logrado ajustes anuales de salario. Los ajustes semestrales sin corrección de la inflación sólo sirven para diferir parte del aumento, con pérdida del poder adquisitivo en el primer semestre. Pongamos por ejemplo un sector de actividad que acuerda un ajuste del 8% en un salario de $20.000 mensuales; este porcentaje implicaría un ajuste anual de $1.600 a aplicarse el primero de enero para el período enero – diciembre. Con el nuevo criterio, en enero habría un incremento de $800 y otro incremento de $800 en julio, lo que obviamente deteriora el poder adquisitivo del salario a lo largo del convenio. No hace falta ser un experto en matemáticas para entender que con la nueva fórmula durante el primer semestre el poder adquisitivo es más bajo. Extraña que se promueva este mecanismo cuando en rondas anteriores se impulsaron los ajustes anuales.
D) Es muy modesto el planteo sobre el salario mínimo nacional. La propuesta de alcanzar los 15.000 pesos nominales para el salario mínimo nacional para 2019 representa un claro retroceso en la comparación con los aumentos registrados en períodos anteriores. El salario mínimo nacional desde enero de 2010 a enero de 2015 paso de 4.799 a 10.000 pesos creciendo un 40% en términos reales, o sea por encima del crecimiento de los precios. Con los actuales lineamientos, haciendo una proyección de un 8% anual de crecimiento de la inflación el salario mínimo nacional crece apenas un 10% en términos reales, generando la posibilidad de que ni siquiera acompañe el crecimiento de la economía.
E) La política de priorizar los salarios más sumergidos es insuficiente y los porcentajes a aplicar son muy tímidos. La estimación que el Poder Ejecutivo realiza de 425.000 trabajadores incluidos es claramente exagerada, no considerando múltiples variables que hacen que la cantidad de trabajadores incorporados sea sensiblemente menor.
F) La posibilidad de incorporar contenidos distintos en la negociación colectiva no representa de ninguna forma flexibilidad alguna dado que esto es atenerse al marco legal vigente.
6) Tenemos claro que los lineamientos no obligan a determinados resultados en la negociación colectiva, que la lucha popular más de una vez ha logrado resultados superiores a los propuestos por éstos. También sabemos que a los sectores con mayor debilidad en su organización sindical, hasta ahora, lo que muchas veces les quedaba era recostarse en los lineamientos del Poder Ejecutivo. Como están echadas las barajas no nos extraña que en estos sectores, en esta instancia, sean las patronales las que se recuesten a la espera de que el gobierno decrete, pasados los noventa días que se establecen para la negociación. La alegría con la que representantes patronales recibieron la novedad habla por sí sola. Vale recordar a Augusto Bebel: «Ah, viejo Bebel, ¿qué tontería habrás hecho para que esta gente te alabe?».
7) Cabe recordar que los anteriores lineamientos del Poder Ejecutivo se reservaban un tratamiento especial para sectores con problemas importantes de empleo para los que no se contemplaba crecimiento alguno del salario, por lo que no se sostiene el argumento de que estos lineamientos son necesarios para el mantenimiento del empleo dado que ya se contaba con herramientas para atender estos casos en los lineamientos anteriores.
8) Los argumentos de que el salario es el culpable de todos los males: inflación, desempleo, caída de las exportaciones, son razonamientos ajenos al campo popular. Crecer primero para después distribuir ha sido una vieja cantinela que recurrentemente han usado los sectores conservadores para postergar eternamente demandas populares. La historia reciente muestra que es posible un crecimiento inclusivo, que es posible un crecimiento con distribución.
9) No tengo dudas que la lucha popular por superar lineamientos tan estrictos es de toda justicia. Con este panorama, lo único claro es que se va rumbo a duros enfrentamientos; esperemos que las grietas no sean irreversibles. En este marco se va a un paro general de 24 horas votado por unanimidad por la Central sindical, que ha manifestado con claridad no estar dispuesta a admitir un retroceso de estas características. No hay cambios posibles sin fuerzas sociales que lo impulsen, por lo tanto, hay toda una perspectiva histórica en cuestión.
