Rebelión policial: una batalla de la guerra oligárquica contra el pueblo argentino

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La puja por la apropiación del excedente socialmente producido configura la particularidad constitutiva de la sociedad argentina y entraña una guerra muchas veces más explícita que larvada a lo largo de los doscientos años de nuestra historia política.

La confrontación de dos proyectos de país sintetizada en el antagonismo Pueblo – Oligarquía, define dos modelos de acumulación enfrentados, anclados en sujetos sociales claramente definidos desde los tiempos de las guerras de Independencia y que siguen manifestándose con el mismo nivel de definiciones por estos mismos días, en la modalidad que asume por estos tiempos el enfrentamiento abierto, con fuerzas de seguridad sublevadas, saqueos y muertos en las calles.

La inteligencia de todos los tiempos, la iglesia y las fuerzas armadas han sido y son los aliados estratégicos de la oligarquía argentina para conservar y reproducir su dominio, a los cuales se suman por estos tiempos, los medios de comunicación hegemónicos.

Se trata de una contradicción económica y social estratégica y antagónica: construir un país independiente con justicia social o un país dependiente y atrasado, con grandes masas de desposeídos y una élite social que se apropia de la riqueza.

El proyecto político oligárquico en Argentina es dominante pero nunca logró ser hegemónico. Nunca logró constituirse como fuerza de dirección capaz de articular un bloque histórico y debió recurrir desde sus inicios a la cohesión para estructurar, conservar y reproducir su poder y dominio social. Nunca pudo establecer su dominio desde la política y por eso la historia argentina está poblada de enfrentamientos violentos, masacres, genocidios y desastre social.

La historia de la acumulación originaria en Argentina está bañada en sangre de explotados, desposeídos, expoliados por la oligarquía porteña. Desde el genocidio indígena a los muertos por la represión cuando en diciembre del 2001 estalló el régimen de valorización financiera del capital, implantado a sangre y fuego por la dictadura civil oligárquica de Martínez de Hoz y ejecutada por las fuerzas armadas de Videla, Massera y Agosti en 1976.

Desde los primeros escarceos democráticos en los salones del cabildo de Buenos Aires, la oligarquía resolvió la imposición de sus intereses eliminando a opositores, mandándolos al exilio, proscribiendo o persiguiendo hasta la desaparición física o del escenario político de todo aquel que se le opusiera. Lo saben Moreno, Artigas, todos los pueblos originarios, Felipe Varela, Quiroga, Rosas, Solano López, Yrigoyen, los obreros de Vasena, los peones rurales de la Patagonia y de La Forestal, los anarquistas, Perón, los fusilados, presos y perseguidos de la Resistencia Peronista, los treinta mil desaparecidos.

En la Argentina contemporánea, cada vez que desde un proceso político popular se afectaron los intereses oligárquicos, la historia tuvo desencadenamientos violentos. Porque esto está en el adn de las clases dominantes y comportan una incapacidad manifiesta para procesar sus intereses desde el campo de la política. Es absolutamente inviable construir mayorías o legitimidad social y política en Argentina desde el programa de la oligarquía.

Así desplazaron a Perón del gobierno en el ’55 y fusilaron, persiguieron, encarcelaron a los peronistas bajo la revolución libertadora. Así, fusilaron a los presos de Trelew luego del golpe del Cordobazo. Así, destruyeron el país y provocaron el genocidio en el ’76, cuando los obreros compartían ganancias con los empresarios por partes iguales. Así, cuando les estallaron en sus propias manos las contradicciones de un modelo de acumulación absolutamente expoliador, parasitario, de atraso y dependiente, se alzaron con todo, dejando 37 muertos en las calles y un país en desastre económico, social y político.

En el 2002, había un 22% de desempleo. En esta década de gobierno popular, el desempleo descendió al 7%. La pobreza estaba en el 57% y hoy está por debajo del 6%. Se mejoraron notoriamente y sin antecedentes en estos 30 años de democracia, todos los índices sociales. Los obreros tienen los mejores salarios en dólares de la región, plenos derechos sindicales, una actividad económica que genera empleo genuino y demanda obreros calificados. El PBI se duplicó en diez años al igual que la clase media. Se recuperan empresas que significaban capital social acumulado expropiado al pueblo argentino, como YPF, Ferrocarriles, astilleros, Fábrica Militar de Aviones, etc. La política de desendeudamiento externo permite tener autonomía a la hora de decidir qué modelo económico llevar adelante y priorizar la inclusión social. Hoy, Argentina es vanguardia en vigencia y expansión de derechos sociales y civiles.

En este marco, entonces, al cabo de un proceso político popular de diez años, lo que está en discusión detrás de cualquier episodio o fenómeno presentado mediáticamente como críticas a políticas estatales, es la política económica y sus beneficiarios. Y la historia ya nos avisó sobradamente respecto de cómo discute la oligarquía argentina cuando sus intereses están en juego.

Los episodios de marzo del 2008, cuando se produjo el enfrentamiento por derechos de exportación que afectaron la renta agraria, la oligarquía copó las calles con las mismas consignas con que salió tras la revolución fusiladora en el ’55, y no se ahorró hechos de violencia que expusieron todo el odio social que destila. Hoy, articulados desde uno de los focos de la reacción histórica en Argentina, el gobierno de Córdoba y con el concurso de la policía, salieron a querer incendiar el país nuevamente.

La rebelión policial de estos días de diciembre no es un emergente de políticas de gobierno deficitarias, sino otra batalla de la guerra de fondo que lleva la oligarquía contra el Pueblo, en este caso para terminar con una década de un gobierno popular que ha resentido fuertemente sus intereses.

Y es aquí donde quedamos expuestos. Todos los logros en beneficio del Pueblo promovidos por estos diez años de gobierno popular magnifican su principal déficit: el de la debilidad orgánica.

La oligarquía lo sabe. Porque es consciente de la tarea de desmantelamiento orgánico y de cuadros políticos y sociales que realizó durante los años del terrorismo de Estado, y del sentido común liberal que 30 años de democracia dejan como saldo a nivel cultural en la sociedad argentina.

El movimiento obrero continúa dividido y las conducciones burocráticas siguen dominando el panorama sindical. Los movimientos sociales, configurados al calor de la resistencia a las políticas neoliberales durante los ’90, mostraron sus límites a la hora de estructurar un nuevo sujeto político de transformación en Argentina.

El kirchnerismo, como una epopeya vanguardista en la Argentina del infierno del 2003, aún está por delante y a la izquierda de nuestro Pueblo a la hora de pensar la política y dar el combate contra la oligarquía.

A los militantes populares aún nos queda la enorme tarea pendiente que nos demandara el mismo Néstor Kirchner: organizarnos y demandar al proceso político por su profundización. Para que las únicas demandas existentes no vengan por derecha.
 
Por: Diego Fernández. Paraná, 21/12/13. Militante peronista. Coordinador Políticas por la Identidad. Ministerio Cultura y Comunicación. Gobierno de Entre Ríos

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