Por: Ricardo Pose
No quisiera pecar de la arrogancia de manifestar el tan antipático: “yo te dije”, pero los hechos de pública notoriedad confirman los artículos que veníamos escribiendo el año pasado.
Para refrescar a los lectores, los aburridos escritos versaban sobre cómo La Derecha Política iba a pasar a una etapa de ofensiva desde las Instituciones donde tuviera incidencia y cómo reconocer, en aquellas expresiones emanadas desde “objetivos” organismos republicanos, el cuño ideológico de la diestra.
Lo del título no es para nada antojadizo; siguiendo el razonamiento de aquellos artículos decíamos que no íbamos, al menos en Uruguay y en esta coyuntura, a vernos expuestos a expresiones violentas de la Derecha pero sí a una política de golpes de “guante blanco”. Y por otra parte es desde la Suprema Corte de Justicia, casi feudo histórico del Partido Nacional de donde vinieron los golpes.
Porque seguramente el tema de la inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley de Caducidad es el que más encienda los ánimos pero primero estuvo lo del ICIR casi al mismo tiempo que el traslado de la Dra. Mota y andan en la gatera el recurso contra la IASS y, en esa línea revisionista de los nuevos integrantes de la SCJ, cuanta ley se les cruce por el camino. Y en el contexto de antecedentes donde organismos de similar naturaleza han actuado con igual puntería, aunque ocasionando crisis institucionales más severas (en Honduras declarando inconstitucional el gobierno y en Paraguay en oportuno silencio sobre la decisión del parlamento de destituir a Lugo).
Lo que pasó en la SCJ uruguaya lo podemos tipificar como un lento y confiado proceso de acumulación de fuerzas de los sectores más reaccionarios que finalmente logran la mayoría necesaria. Por que más allá de la madeja que supone para el ciudadano común los argumentos jurídicos de la mayoría de los ministros y aun los del solitario Pérez Manrique, no parece, en este estado republicano que la burguesía ha diseñado, sostener que la suerte de las leyes depende de la integración de la SCJ de turno.
Discutir sobre los errores jurídicos y aplicación la técnica parlamentaria (que necio seria no reconocer la existencia de alguno de ellos) es centrar la discusión donde la voluntad de desarrollo político de la izquierda queda empantanada.
Ante los gritos destemplados de Esteban Valenti y los nuevos apóstoles de la nueva social democracia sobre la incapacidad de los compañeros que acordaron los textos de ley, también habría que refrescarles, en tanto se autoproclaman como seres de izquierda, que no de capricho veníamos reclamando una reforma constitucional, porque nada antojadiza fueron las reformas constitucionales que permitieron aplicar un programa de cambios en Venezuela, Bolivia y Ecuador.
Es cierto, allí había otro desarrollo, o escaso desarrollo de lo Institucional, pero la existente en Uruguay mantiene en su esencia definiciones que se expresan en forma contradictoria todo el tiempo.
Veamos
La Suprema Corte de Justicia, máxima autoridad del Poder Judicial, es designada por venia del parlamento, más específicamente por la Asamblea General, según reza en el artículo 236 de la constitución. No es designada por el ciudadano común que podría definir entre una nómina de jueces al que considere más capacitado y/o considere más apto para el puesto y si lo es con el estudio de los antecedentes por personajes del mundo de la política que fueron electos con otros criterios.
La primera contradicción es cómo asegurar la independencia de criterio, tanta veces proclamada por los miembros del Poder Judicial cuando son designados por el Poder Político.
Y da la casualidad que siempre esa independencia sale a lucir cuando fallan en contra de los intereses populares, porque en el tema de los derechos de los trabajadores y los ciudadanos no hay objetividad posible.
Cualquiera de estos ministros podría llamar a silencio a todos los actores políticos que cuestionan sus fallos pero, siendo eso un despropósito, sucede que salen a quejarse cual niñas violentadas en su intimidad de las críticas que se les hace desde la izquierda pero mantienen profundo silencio (que en clave de política implica aprobación) cuando Sanguinetti u otros personeros de la reacción salen en su defensa.
Lo jurídico y lo político, sus límites y su convivencia queda enredado en el propio texto constitucional pero hay otra cuestión que pertenece al plano de lo ético y queda en el anudado ovillo de lo textualmente consagrado.
El Presidente de la SCJ don Ruibal Pino fue figura protagónica hace bien poco por haber defendido la tesis de su derecho a mejorar la gestión del Poder Judicial con la designación directa de sus dos hijas, aunque en la cuenta se le escapo mencionar un sobrino. Seguramente cuente con el respaldo de los códigos en su biblioteca pero, una política tan revisionista de decisiones ajenas podía ser menos condescendiente consigo misma.
Se ha instalado definitivamente en la arena política dos fenómenos hasta ahora casi imperceptibles; por un lado el espacio cada vez mayor adjudicado a voceros del Poder Judicial ingresando en una era de “magistrado mediático”, que muchas veces da la sensación de que como en las canchas de fútbol con alambrado cerquita a la línea, cobra para la tribuna.
Por otro lado la nada ingenua argumentación desde lo jurídico produciendo profundos efectos políticos donde quedan confrontadas dos visiones clásicas de país, y donde a veces también tropiezan los representantes de la socialdemocracia.
Podríamos sacar de la meta de alcanzar objetivos políticos el recurso presentado por 2 mil jubilados que no responden a ONAJPU si detrás de ellos no estuviera la secretaria de Asuntos Sociales del Partido Nacional pero no cabe duda, que las declaraciones de Inconstitucionalidad sobre temas como los derechos humanos y la concentración de la tierra, salvo que sean epidérmicamente paquidermos, responden a una táctica política.
Creo que por lo alto, al decir de Mujica, se inscribe en una estrategia de acumulación, por ahora mediatizada en lo electoral, pero sí que apunta a un desgaste gradual y persistente de la posibilidad de gestión de la izquierda.
La SCJ no es más que un nuevo instrumento que se dibuja el panorama del 2015 con un tercer gobierno de izquierda sin mayoría parlamentaria, un marco de capacidad jurídica y técnica de la izquierda desgastado y un tibio crecimiento de la expresión político partidaria de la Derecha.
Pero en tanto no tengamos la fuerza (hegemonía) necesaria para las transformaciones que demandamos, el terreno jurídico siempre jugará en nuestra contra; es un error pensar que la batalla política de fondo se resuelve con un ejército de abogados de izquierda. Esa es una nueva expresión de la sobredimensión de lo “técnico” sobre lo político.
Saber aprovechar estos golpes de “guante blanco” pero de “rostro sin mascara” ( o sin venda) de la mayoría de los Ministros de la SCJ para volver a centrar la discusión sobre en dónde reside el Poder, y su diferencia con ejercer el gobierno.
