En los últimos meses la izquierda ha intentado colocar como uno de los centros de debate político y de acción de gobierno la necesidad de avanzar en la democratización de la información y como consecuencia directa del sistema de medios de comunicación de nuestro país.
Está bien, es un tema central y lo es desde una doble perspectiva.
En primer lugar y desde una perspectiva más amplia, en el sentido de la democratización de la sociedad. Una fuerza de izquierda tiene como primer objetivo democratizar la sociedad, ampliar los derechos y el ejercicio de los mismos.
En segundo lugar desde una perspectiva de izquierda, democratizadora del poder, promotora de la libertad y de una agenda de cambios.
¿Hemos avanzado en la disputa con la hegemonía conservadora en la sociedad?
Sí, hemos avanzado. Hemos desmontado el andamiaje neoliberal en el mundo del trabajo, con la Reforma de la Salud, con la Reforma Tributaria, en la lucha contra la impunidad, en la democratización del acceso a la educación, en la construcción de una red de protección social. Pero en lo referente a lo que Antonio Gramsci denominaba “el sentido común dominante” es donde más retrasos tenemos. Ese retraso condiciona la profundidad del avance general y no sólo eso, pone en cuestión el rumbo, el ritmo y la sustentabilidad del resto de los avances.
Desde la perspectiva transformadora de disputarle la hegemonía a las clases dominantes en la sociedad es imprescindible democratizar la información y el sistema de medios de comunicación, elementos centrales en la construcción del sentido común dominante.
El sistema de medios de comunicación de Uruguay se puede definir con cuatro palabras: privado, comercial, concentrado y extranjerizado. Esta definición vale tanto para la propiedad como para los contenidos. Para decirlo más claro: es impresentable.
¿Cómo llegamos a esta situación?
Según estudios de la UDELAR y de organizaciones que trabajan el tema hubo cuatro grandes oleadas de adjudicación de ondas radioeléctricas en nuestro país: la primera durante al la dictadura de Terra; la segunda durante la dictadura fascista, al principio y al final; la tercera al final del primer gobierno de Julio María Sanguinetti y la cuarta al final del gobierno de Luis Alberto Lacalle, que adjudicó tanto radios como los permisos para la TV Cable.
Ningún titular de un permiso de radio o televisión concursó, licitó o participó de un proceso transparente y con garantías para la sociedad para que le adjudicaran el uso de la frecuencia; todos fueron por favor político o para decirlo sin eufemismos: por tarjeta política o a dedo. Conviene recordarlo ahora, cuando se intenta regular y dar garantías para las adjudicaciones, y los empresarios mediáticos hablan de “derechos adquiridos”. Los “adquirieron” así.
¿Qué ha hecho la izquierda?
Ha cortado la repartija, que no es poco. Durante el gobierno de Tabaré Vázquez se votó una ley que prohíbe adjudicar frecuencias al asumir y antes de dejar la presidencia; un decreto establece la obligatoriedad de licitación y concurso público para adjudicar frecuencias; se votó la Ley de Radios Comunitarias que por primera vez reconoce tres espacios de comunicación: el público, el comunitario y el comercial; se eliminaron chicanas penales contra los periodistas.
¿Alcanza?
En lo más mínimo. Con el advenimiento de la Televisión Digital Terrestre, es decir abierta, por segunda vez en 50 años el Estado, es decir la sociedad, tiene el sartén por el mango ya que se tienen que discutir las condiciones de adjudicación de los permisos. Es una oportunidad que da la tecnología, se puede aprovechar para democratizar o para consolidar el monopolio. Lacalle con la TV cable pudo haber democratizado pero fortaleció el oligopolio mediático. El Frente Amplio tiene que democratizar con la TV digital, no a favor de la izquierda, a favor de la sociedad.
Quedará para otra nota analizar la Ley de Servicios Audiovisuales y el tema central de las Telecomunicaciones.
Sólo agregar que será un debate duro, difícil, como todos los que involucran elementos centrales de poder y no se conseguirán avances sin lucha.
Como siempre tirarán el rendidor caballito de la libertad de expresión y nos acusarán de totalitarios. Lo que aquí están en juego es el Derecho a la Información, del cual la libertad de expresión es un vehículo, ambos son de toda la sociedad, individuales y colectivos, no son patrimonio de un grupo escogido, los periodistas y menos de un grupo privilegiado, los propietarios de los medios. Un aspecto adicional, todos los organismos internacionales sostienen la necesidad de legislar sobre los medios. Esas recomendaciones alcanzan un punto nodal. Tradicionalmente se vinculó al Estado y su intervención como el peligro más grande para la libertad de expresión y la libertad de informar, por el uso de la censura. Dado el predominio neoliberal, la desregulación absoluta y la pérdida de peso del Estado en este sector hoy el peligro viene de otro lado. La Agenda Hemisférica para la Defensa de la Liberad de Expresión de la OEA, insospechada de ser de izquierda lo define claramente: “los oligopolios y monopolios conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos”. Más claro imposible.
Es imprescindible democratizar la propiedad, la elaboración y distribución de contenidos de los medios. Es imprescindible defender el papel del Estado como regulador y también como agente principal, a través de ANTEL, del soporte tecnológico de las telecomunicaciones, la fibra óptica, las redes físicas, que además son un elemento clave para el desarrollo productivo de la sociedad y uno de los principales generadores de riqueza a mediano y largo plazo.
Sin miedo, sin marchas atrás, para democratizar la sociedad, para que haya más libertad y más derechos de todos, para derrotar a la hegemonía conservadora: hay que democratizar los medios.
Por: Gabriel Mazzarovich
