Por Alfredo Rada (*)
Mientras el mundo clava su mirada en la prolongada tragedia del Medio Oriente y en las peligrosas bravuconadas de Donald Trump, hacia el sur de América Latina se dan hechos que deberían sacudir la conciencia pública hemisférica. La distracción global no es inocua: permite que episodios de gravedad extrema avancen envueltos en un silencio relativo. Es en ese intersticio donde irrumpe la denuncia del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien ha señalado que fuerzas ecuatorianas habrían ejecutado bombardeos en una zona fronteriza que incluye territorio colombiano, dejando un saldo de 27 muertos.
Petro ha descrito la existencia de cuerpos calcinados del lado colombiano de la frontera, un dato que, por su crudeza, trasciende la especulación y se instala en el terreno de los hechos materiales. La imagen de cadáveres reducidos por el fuego no es solo una evidencia forense; es la expresión de una violencia que no reconoce límites geográficos precisos, o peor aún, que los ignora deliberadamente. Si los bombardeos se realizaron con conocimiento de que podían impactar en territorio vecino, estaríamos frente a una acción que bordea la agresión directa entre Estados.
La porosa frontera colombo-ecuatoriana, marcada por la presencia de grupos armados irregulares, ha sido utilizada durante años como argumento para justificar operaciones militares. Sin embargo, lo que ahora se denuncia adquiere una dimensión distinta. No se trata de un enfrentamiento difuso en la selva, sino de la posible proyección de poder aéreo más allá de los límites soberanos. Petro ha insistido en que Colombia no busca la guerra, pero su advertencia lleva implícita una alarma: la paz puede ser erosionada no solo por decisiones internas, sino por acciones externas que fuerzan una respuesta.
Desde Quito, la reacción del presidente Daniel Noboa ha sido tajante. Ha negado que se hayan realizado ataques en territorio colombiano y ha defendido que las operaciones militares de Ecuador se dirigen exclusivamente contra grupos armados dentro de sus propias fronteras. Sin embargo, la palabra de este mandatario carga con un lastre que no puede ser ignorado. Su credibilidad internacional es nula, por la orden que dio hace dos años a la policía ecuatoriana de irrumpir en la embajada de México en Quito, un acto que vulneró normas básicas del derecho internacional y que generó una condena generalizada. Quien ha demostrado disposición a quebrar reglas elementales de la convivencia pacífica, no puede ahora exigir confianza en su versión de los hechos.
Esta asimetría en la percepción de credibilidad no resuelve el conflicto, pero sí condiciona su lectura. La comunidad internacional se encuentra ante dos relatos contrapuestos: uno que denuncia una incursión con consecuencias mortales verificables, y otro que la niega apelando a la legalidad de sus operaciones internas.
El trasfondo de esta crisis no puede ser reducido a un incidente aislado. En los últimos meses se ha intensificado un discurso regional que invoca la lucha contra el llamado “narcoterrorismo” como justificación para endurecer las políticas de seguridad. Este lenguaje, adoptado con entusiasmo por gobiernos de orientación ultraderechista como el de Noboa, abre la puerta a prácticas que desdibujan los límites entre defensa legítima y proyección de fuerza. La posibilidad de que los bombardeos denunciados formen parte de un esquema más amplio de “calentamiento de fronteras” no puede ser descartada.
En ese escenario, no solo Colombia y Ecuador estarían implicados. Las tensiones fronterizas que se agravan con el nuevo gobierno neofascista de Juan Manuel Kast en Chile, con sus vecinos Perú y Bolivia, podrían responder a lógicas similares, donde la seguridad se convierte en pretexto para reconfigurar equilibrios regionales. La reciente reunión de varios gobiernos latinoamericanos con Donald Trump en Miami para formar un “Escudo de las Américas”, alimenta sospechas sobre la existencia de coordinaciones estratégicas orientadas a este tipo de políticas. Sin caer en teorías conspirativas, es legítimo preguntarse si estamos ante una rearticulación de doctrinas de seguridad que privilegian la acción unilateral y la presión militar sobre la cooperación y el derecho internacional.
El peligro inmediato es claro: una escalada. Las guerras no siempre comienzan con declaraciones formales; a menudo se gestan en zonas grises, en incidentes que cada parte interpreta de manera irreconciliable. Un bombardeo negado por un lado y afirmado por el otro, con muertos de por medio, es precisamente ese tipo de detonante. La historia latinoamericana ofrece suficientes ejemplos de conflictos que pudieron evitarse y que, sin embargo, avanzaron por la inercia de la desconfianza y el orgullo nacional.
Frente a este cuadro, la pasividad no es una opción. Se impone la necesidad urgente de una investigación internacional independiente que establezca los hechos con rigor. Foros hemisféricos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) o la Organización de Estados Americanos (OEA) tienen la responsabilidad de intervenir como garantes de la estabilidad regional. La verificación de lo ocurrido en la frontera colombo-ecuatoriana no solo esclarecería responsabilidades, sino que podría desactivar una dinámica peligrosa antes de que se torne irreversible.
(Contrapunto por gentileza del autor)
(*) Alfredo Rada, economista, asesor sindical, investigador, comunicador y docente boliviano con estudios en sociología. Fue viceministro y ministro. Es autor de varios libros y publicaciones.
