Por Mag. Mtro. Javier Alliaume Molfino (*)
Portada y obra plastica Marina Cultelli (**)
Hay escenas que parecen pequeñas y, sin embargo, dicen mucho sobre el país que estamos construyendo.
Una niña que llega al centro de primera infancia después de haber dormido poco porque en el barrio hubo tiros. Un gurí migrante que es corregido por decir “chomba” en vez de “buzo o sueter”. Una educadora que llega con mate y poco más, y la cabeza llena, igual se agacha a la altura de los ojos para recibir a cada uno por su nombre. Un padre o una madre que faltan al laburo para poder ir a la entrevista porque “con la psicóloga me da cosa, maestra, pero si usted está, voy”.
La salud mental en la primera infancia se juega, también, en estas escenas mínimas. Y no está repartida al azar.
Los estudios de la Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud (ENDIS) muestran que los problemas de salud mental en la infancia —ansiedad, dificultades de sueño, retraimiento, conductas desafiantes— son mucho más frecuentes entre niñas y niños de hogares de menores ingresos. No son “trastornos” que caen del cielo: son la cara psíquica de la desigualdad estructural, del hacinamiento, del miedo cotidiano, del trabajo precario y de los tiempos de cuidado imposibles.
Hoy sabemos, además, que esa desigualdad tiene números muy concretos: cerca de uno de cada tres gurisas y gurises menores de seis años vive en hogares pobres, mientras que el 1% más rico concentra una porción desproporcionada de los ingresos y del patrimonio del país. No es casual que la central sindical y equipos de economistas estén discutiendo cómo ese 1% aporte más para financiar políticas contra la pobreza infantil; es, en el fondo, la misma pelea por la salud mental y la dignidad desde el comienzo.
Por eso, cuando hablamos de salud mental en la primera infancia, no hablamos de un tema blando ni de una moda de pospandemia. Hablamos de cómo se inscribe la injusticia social en los cuerpos y los vínculos desde el comienzo de la vida, y de qué hace —o deja de hacer— el Estado, nuestra fuerza política y el movimiento popular frente a eso.
El Sistema de Cuidados como compromiso político
Uruguay tomó una decisión fuerte cuando creó el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) y aprobó su marco legal en nuestros gobiernos: reconocer el cuidado como derecho, necesidad y trabajo, y no como asunto privado de las familias, especialmente de las mujeres.
El SNIC se definió como una política de inclusión y equidad social, que articula acciones públicas y privadas para cuidar a personas en situación de dependencia —niñas y niños, personas con discapacidad, personas mayores—, garantizando el derecho a cuidar y a ser cuidado. Eso implicó mirar de frente una realidad conocida por todas: en Uruguay, como en toda América Latina, el peso del cuidado ha caído históricamente sobre los hombros de las mujeres, invisibilizado y no remunerado.
Nuestra fuerza política se jugó por un sistema que empezara a redistribuir ese trabajo, construyendo servicios concretos (casas comunitarias de cuidados, becas de inclusión socioeducativa, apoyos a la dependencia) y un nuevo imaginario: cuidar no es solo “amor de madre”, es también responsabilidad del Estado y de la sociedad.
En el mismo horizonte se inscribe Uruguay Crece Contigo, creado en 2012 como programa de acompañamiento a familias con embarazos y niños menores de cuatro años, con visitas domiciliarias, apoyo material y articulación con salud, educación y protección social. Esa presencia del Estado en los barrios —entrando a las casas, sosteniendo a quienes crían, acercando derechos donde antes solo llegaba la policía o peor— es una definición política sobre qué hacemos con los primeros años de vida.
Y a nivel departamental, programas como “1000 días de igualdad” en Canelones, que retoman la experiencia de Canelones Crece Contigo y acompañan a embarazadas y familias con bebés con un paquete integrado de apoyos, muestran que cuando hay voluntad política, el discurso de “la infancia primero” se vuelve práctica concreta.
Si miramos un poco más atrás, encontramos un antecedente clave en otra punta de la política social: el Plan de Integración Socio-Habitacional Juntos, impulsado por el Pepe. Nacido del decreto de emergencia socio-habitacional de 2010 y luego de una ley específica, se propuso garantizar hábitat digno a familias en pobreza extrema, combinando recursos públicos con participación y trabajo voluntario. No era sólo “hacer casas”: era afirmar que nadie puede criar, educar y cuidar en serio si vive sobre el barro, con goteras y sin baño.
Hoy, el Plan Nacional de Vivienda y Hábitat 2025–2029 vuelve a poner la vivienda en el centro, con énfasis en la emergencia habitacional, la reducción de asentamientos y la mejora de barrios populares. Si lo miramos desde la primera infancia, es evidente: techo seguro, barrio vivible y acceso a servicios son también políticas de salud mental para gurisas y gurises.
En 2010, en Montevideo, José Mujica y Michelle Bachelet compartieron la conferencia “Inversión en primera infancia”, organizada por UNICEF y Presidencia. Allí insistieron en algo que hoy parece obvio pero costó instalar: los primeros años no son solo un asunto afectivo o doméstico, son un tema de justicia social y de desarrollo. Lo que el Estado hace —o no hace— entre el embarazo y los primeros cinco años marca el resto de la biografía.
No es casual que la hoja de ruta del actual Diálogo Social tenga justamente como ejes el sistema de cuidados, la pobreza infantil y el financiamiento de la protección social. En los intercambios con la Plataforma de Infancias y Adolescencias, el equipo coordinado por Hugo Bai viene poniendo sobre la mesa tres palabras que deberían ser obvias pero no lo son: cobertura, suficiencia y financiamiento de las políticas que pretenden sacar a gurisas y gurises de la pobreza.
Ese es el piso político desde el cual hoy podemos hablar de salud mental en la primera infancia.
Desde los que más tienen hacia los más necesitados
En estos días, Mate Amargo publicó una nota de Héctor “Pocho” Tajam que retoma una vieja consigna socialista —“de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades”— y la aterriza en la estructura tributaria uruguaya. Recuerda que los gobiernos del Frente Amplio, nuestros gobiernos, introdujeron el “que pague más el que tiene más” de Tabaré Vázquez a través del IRPF, pero que seguimos con una deuda en serio con la riqueza acumulada: el impuesto al patrimonio tiene un potencial enorme y hoy grava poco y mal a los patrimonios más altos.
En ese contexto, la propuesta del PIT-CNT —elaborada junto al Instituto Cuesta Duarte y al CINVE— de aplicar una sobretasa al Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas al 1% más rico, con destino exclusivo a políticas contra la pobreza infantil y adolescente, aparece como un instrumento concreto para que los que más tienen aporten más a la infancia que más necesita. No se trata de inventar un tributo nuevo, sino de reforzar un impuesto que ya existe, concentrando el esfuerzo en unas pocas decenas de miles de personas con patrimonios muy altos, sin tocar el trabajo ni la producción.
En paralelo, el Diálogo Social que impulsa el Poder Ejecutivo viene discutiendo cómo financiar los cuidados de larga duración. En un seminario reciente se habló de crear un fondo de cuidados cofinanciado —con aportes de trabajadores, jubilados, empleadores y del propio Estado— para garantizar la atención de las personas con mayor dependencia y sostener en el tiempo el sistema. El propio Hugo Bai lo sintetizó así: de lo que se trata es de definir qué protección social precisa el país para las próximas décadas y cómo la financiamos.
Si uno junta las piezas, la película es clara: un tercio de las niñas y niños pequeños crece en hogares pobres; el 1% más rico concentra una franja enorme del patrimonio; y estamos discutiendo si el país se anima o no a mover algunos privilegios para garantizar techo, ingresos y servicios a esa infancia. La salud mental en la primera infancia también se juega ahí: en si construimos un sistema tributario que permita financiar en serio cuidados, vivienda, educación y políticas territoriales, o si seguimos haciendo malabares con recursos escasos.
Salud mental: ni moda ni autoayuda
En estos años se puso de moda hablar de salud mental. Pero muchas veces se la reduce a recetas de autoayuda, a “gestión emocional” individual o al consumo de servicios privados, como si la angustia de una madre sola o el insomnio de un niño en un barrio baleado se resolvieran descargando una aplicación o “pensando en positivo”.
La propia Ley de Salud Mental uruguaya define la salud mental como un proceso dinámico, atravesado por factores históricos, socioeconómicos, culturales y biológicos; no como un atributo psicológico aislado de la realidad. Los aportes recientes de organismos internacionales llaman a cambiar el modelo: menos hospitalocentrismo, más comunidad, más intersectorialidad, más derechos.
En este marco, el nuevo documento interinstitucional “Cuidar desde el comienzo. Salud mental en la primera infancia”, elaborado por el Consejo Coordinador de Educación en la Primera Infancia (CCEPI), es un hito. No se queda en el diagnóstico individual del niño; pone el foco en los vínculos, en las familias, en los equipos educativos, en los contextos de violencia y pobreza, en las pantallas y el consumo, en el duelo y las crisis, en la salud mental de quienes cuidan.
Que MEC, ANEP, INAU, MSP, MIDES, Uruguay Crece Contigo, las y los trabajadores y UNICEF se sienten a escribir juntos un material. Asi se habla de una decisión de país: asumir que la salud mental en la primera infancia es un asunto colectivo, que se juega tanto en la consulta clínica como en la sala, en el barrio y en las políticas sociales.
Natalidad, mundo y gestualidades mínimas
Hannah Arendt recordaba que “al fondo del asunto” de la educación está la natalidad: el hecho de que constantemente nacen seres humanos nuevos en el mundo, y que cada generación adulta es responsable de recibirlos y presentarles ese mundo. No se trata de adaptar a los niños a lo que ya hay, sino de cuidar ese momento frágil en el que irrumpen como nuevos en una trama que los precede.
Si tomamos en serio esa idea, cada gesto cotidiano en los centros de primera infancia —cómo miramos, cómo nombramos, cómo tocamos, cómo organizamos los tiempos— es un acto profundamente político y humanizante.
La educadora argentina Mercedes Minnicelli habla de “ceremonias mínimas”: pequeñas gestualidades que, en tiempos de consumo y velocidad, restablecen límites simbólicos y reconocen a niños y niñas como sujetos, no como objetos a gestionar. El saludo de la mañana, el ritual de guardar los juguetes, la ronda de despedida, la forma en que preguntamos por lo que pasó en casa: todo eso, bien hecho, protege la salud mental, porque anuda pertenencia, previsibilidad y sentido.
En un barrio pobre, una “ceremonia mínima” puede ser la diferencia entre un niño que se siente un número más y otro que se sabe esperado. Entre una madre que se siente juzgada y otra que se siente acompañada. Entre una educadora quemada y otra que, en medio del agotamiento, encuentra espacios de sostén colectivo.
Sensibilidad del cuidador y base segura
La investigación en apego lo muestra con claridad: la sensibilidad del cuidador es clave para establecer vínculos de base segura. El trabajo, por ejemplo, de Fernando Salinas-Quiroz y otros autores latinoamericanos ha enfatizado cómo la capacidad de leer y responder de manera adecuada a las señales del niño —esa “sensibilidad del cuidador”— impacta directamente en su desarrollo emocional y en su capacidad de explorar el mundo.
Pero esa sensibilidad no aparece en el vacío. Una educadora a cargo de varios gurises, rotación de compañeras, salario bajo y doble jornada difícilmente pueda sostener una presencia sensible y disponible todos los días. Una madre que cría sola, con trabajos precarios y sin red de sostén y apoyo, no puede cargar sobre sus hombros toda la tarea de “ser base segura”.
Por eso, cuando hablamos de salud mental en la primera infancia, tenemos que hablar también de la salud mental de quienes cuidan y educan, familiares y docentes. El documento Cuidar desde el comienzo lo subraya: promover el bienestar emocional de niñas y niños implica, al mismo tiempo, cuidar a quienes están en la primera línea del cuidado, reconociendo el burnout, habilitando espacios de palabra y construyendo redes de apoyo.
Aquí se cruzan SNIC, Uruguay Crece Contigo, los gobiernos departamentales, los sindicatos y las organizaciones sociales. No alcanza con decirle a la educadora que se cuide si sus condiciones laborales son precarias, si el centro no le da lugar para trabajar en equipo, si el sistema le exige resultados pero no le da condiciones. Cuidar a quienes cuidan es también una tarea de la política.
Formar a quienes cuidan y educan: conquista y desafío
Otra definición política fuerte que tomó el país —sobre todo a partir del primer ciclo de gobiernos progresistas— fue no dejar la educación y el cuidado en la primera infancia librados a la buena voluntad. Hubo una apuesta deliberada a formar educadoras y educadores.
La Formación Básica de Educadores en Primera Infancia (FBEPI) de CENFORES comenzó a dictarse en el año 2000; con el tiempo fue reconocida por el MEC y, desde 2015, se convirtió en la formación pública de referencia para trabajar con niñas y niños de 0 a 3 años en el marco del sistema de cuidados. Miles de trabajadoras y trabajadores de centros de primera infancia cursaron y cursan esta formación, muchas veces en horario nocturno, compatibilizando estudio, trabajo y cuidado.
A eso se sumó la creación de la Tecnicatura de Educador/a en Primera Infancia (0 a 3 años) en CENFORES, reconocida como formación terciaria no universitaria, y el desarrollo de la carrera de Maestro/a de Primera Infancia en el Consejo de Formación en Educación, que vino a dar un estatuto profesional propio a quienes eligen educar en el tramo 0-6.
Nada de esto fue neutro: fue la traducción, en política formativa, de una convicción de nuestra fuerza política y de muchos colectivos: la infancia merece educadoras y educadores bien formados, con herramientas para pensar su tarea para con niñas y niños en los primeros años, para trabajar con sus familias, para abordar desigualdades, violencias y diversidad, para potenciar su desarrollo y promover aprendizajes.
El desafío hoy es no dormirse en esos laureles. Falta seguir ampliando la formación específica en perspectiva de ejercicio de derechos, de igualdad, de género, en salud mental y cuidados en todas estas carreras, garantizar condiciones laborales acordes con el nivel de responsabilidad y evitar retrocesos que fragmenten el campo de la primera infancia o vuelvan a precarizar a quienes la sostienen.
Estado en el territorio y trama popular
Cuando una dupla de Uruguay Crece Contigo entra a una casa con un bolso de materiales y una escucha atenta, cuando un equipo de “1000 días de igualdad” en Canelones acompaña a una embarazada y le ofrece apoyo económico, información y sostén, cuando una centro de educación abre sus puertas en un barrio, el Estado está haciendo algo más que “prestar un servicio”: está tejiendo trama.
Lo mismo cuando un programa de integración socio-habitacional como el Plan Juntos erradica un asentamiento y construye, con las familias, viviendas dignas y espacios comunes; o cuando el nuevo Plan Nacional de Vivienda y Hábitat se propone reducir la emergencia habitacional y mejorar barrios donde viven miles de gurises. Allí también se decide, en buena medida el desarrollo de la primera infancia y entre otras cuestiones su salud mental.
Esa trama está hecha de políticas, sí, pero también de vínculos y de gestos. Y no la teje solo el Estado: la sostienen los comités de base, las organizaciones feministas que pelean por redistribuir el cuidado, las redes barriales que salen al cruce cuando un niño deja de ir al centro o cuando una familia está desbordada.
Desde la izquierda, hablar de desarrollo y salud mental en la primera infancia es hablar de territorio. No alcanza con protocolos si no hay presencia real en los barrios, si no hay políticas de vivienda, de trabajo digno, de seguridad que no se reduzca a patrulleros.
Tareas para la militancia
¿Qué nos toca, entonces, como militantes que buscamos construir horizontes de justicia social y buenvivir para todas y todos, como educadores, como familias, como parte del campo popular?
- Defender y profundizar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Seguir ampliando servicios para la primera infancia, con mirada de derechos y de género.
- Cuidar y empujar las políticas de vivienda y hábitat —del Plan Juntos al plan quinquenal actual— como parte de la agenda de salud mental y desarrollo infantil: techo digno y barrio habitable son también condiciones para que haya infancia.
- Apoyar activamente la propuesta del PIT-CNT de gravar al 1% más rico con una sobretasa al impuesto al patrimonio destinada a financiar políticas contra la pobreza infantil y adolescente. No alcanza con reclamar más CAIF u otro tipo de centro, más programas territoriales o más salud mental si al mismo tiempo nos negamos a discutir quién pone la plata y qué privilegios se tocan.
- Garantizar que documentos como “Cuidar desde el comienzo” no queden en los estantes, sino que se vuelvan formación, acompañamiento, espacios de reflexión en los centros y en los territorios.
- Poner la salud mental en la agenda política sin reducirla a lo individual, denunciando la medicalización de la pobreza y apostando a modelos comunitarios, intersectoriales, interseccionales y de base territorial.
- Cuidar a quienes cuidan, apoyando las luchas sindicales por mejores condiciones de trabajo, defendiendo los tiempos de descanso, formación y encuentro de las educadoras y maestros, reconociendo el trabajo de las familias, especialmente de las mujeres, y construyendo corresponsabilidad real.
- Defender y profundizar la formación de educadoras y educadores de primera infancia como política de Estado: más cupos, más interior, mejores condiciones laborales y reconocimiento profesional.
- Meter la voz de la infancia y los cuidados en el Diálogo Social, para que los acuerdos sobre protección y seguridad social no se negocien sólo en clave de jubilaciones o edad de retiro, sino poniendo en el centro la erradicación de la pobreza infantil, el financiamiento de los cuidados —incluidos los de larga duración— y la salud mental de quienes cuidan.
- Convertir estas discusiones en rondas concretas: en los comités de base, en las ollas, en las cooperativas, en las asambleas barriales. Preguntarnos cómo están los gurises del barrio, qué pasa con las mujeres que crían, qué apoyos tienen los equipos que sostienen los centros de primera infancia, clubes de niños, centros privados, escuelas.
Si algo nos enseñaron los referentes en los que nos reconocemos es que la lucha no es solo una palabra grande: se teje en las tramas chiquitas de cada día. Cuidar la salud mental de niñas y niños, y de quienes los cuidan, desde el comienzo de la vida, es parte de esa tarea militante. No es un tema lateral ni un adorno técnico: es una de las formas más concretas de pelear contra la desigualdad y de honrar el compromiso de nuestra fuerza política con las infancias.
(*) Javier Alliaume Molfino es maestro, magíster en Derechos de Infancia y Políticas Públicas, y doctorando en Ciencias de la Educación. Es docente e investigador del Departamento de Primera Infancia del CFE (ANEP) y formador en Cenfores (INAU). Actualmente se desempeña como coordinador del Área de Educación en la Primera Infancia (DNE-MEC)
(**) Marina Cultelli: Es una de las artistas uruguayas contemporáneas más versátiles, integrante de la RedH y de su colectivo feminista Libertadoras. Es Licenciada en Artes Escénicas, Magister y fue Profesora en Facultad de Artes (UDELAR), donde integró órganos directivos además de dictar cursos en otras universidades latinoamericanas. Recibió premios nacionales e internacionales. Fue Asesora en Educación y Arte. Desarrolló trayectoria teatral y es autora de varias publicaciones individuales y colectivas. Realizó exposiciones de pintura y performances.
