Por Colectivo Histórico “Las Chirusas” (*)
La historia también, siempre o casi siempre, nos demuestra, nos ayuda a comprobar que -en efecto- la fruta nunca cae lejos del árbol. Y en este caso las frutas son 2: el apellido Lacalle y el apuro que han tenido por privatizar las empresas públicas cada vez que les ha tocado gobernar.
“Hijo e’ tigre” o “Padre e’ tigre”, algo más que sangre corre por las venas de los Lacalle. Y no nos referimos a las adicciones que padecen, según los comentarios generales o los videos en los que han dejado explícito algunas de las reacciones típicas del consumo de alcohol o sustancias, sino a su ideología, a su obsesión ya no de vender el rico patrimonio al bajo precio de la necesidad, sino directamente regalarlo.
Así como pasó con la Ley de Urgente Consideración (LUC) que el gobierno de Lacalle Pou aprobó a los 5 meses de iniciada su gestión y que -entre otras cosas, serias o inverosímiles- promovía: la regulación de mercados clave como el de combustibles (ANCAP), estableciendo controles de precios y mandatos para revisiones integrales del sector; una reforma en la regulación de las comunicaciones (URSEC), promoviendo una visión de mayor apertura y competencia; además de establecer normativas sobre la gestión y apertura parcial del capital de sociedades anónimas con participación estatal. También pasó con el gobierno de su padre, Lacalle de Herrera, que a los 11 meses presentaba la tristemente conocida “Ley de Empresas Públicas”.
Y en este breve artículo queremos hacer referencia a ésta última, más que nada a cómo el pueblo supo unir fuerzas para derogarla por una abrumadora mayoría.
El 10 de enero de 1991 la Asamblea General aprobó la ley 16.211 (Ley de Empresas Públicas), que permitía la privatización de muchas empresas públicas, incluyendo la compañía de telecomunicaciones ANTEL y la compañía petrolera ANCAP. Así, entre gallos y medianoche, tal cual su hijo lo haría 30 años más tarde, en pleno receso legislativo introdujeron una ley tan importante como la mencionada, que lesionaba directamente la soberanía del país a través del ataque al núcleo sensible estatal.
La campaña para derogar cinco artículos de la Ley de Empresas Públicas comenzó el 20 de diciembre de 1991, el día que se conformó la Comisión de Defensa del Patrimonio Nacional y Reforma del Estado. En un acto realizado en el Palacio Legislativo, personalidades de diversos sectores políticos y el PIT-CNT se unieron para iniciar la recolección de firmas que permitiría llevar a referéndum los artículos de la norma privatizadora.
En su declaración, la Comisión planteaba que los artículos que finalmente fueron derogados habilitaban «un desmantelamiento indiscriminado y discrecional de las empresas públicas en general, y de ANTEL en particular, cuyas consecuencias para nuestro Uruguay pueden ser devastadoras».
Luego de un primer intento fallido por alcanzar el 25% del padrón electoral (unos 590.000 votos aproximadamente) devino un segundo que logró recolectar más de 690.000 adhesiones en favor de una derogación parcial de la ley 16.211. La Corte Electoral así lo confirmaba el 15 de octubre de 1992, anunciando la realización de un referéndum para la derogación parcial de dicha ley.
Es así que llegamos al 13 de diciembre, pero de 1992. El Sí, a la derogación, triunfó en todos los departamentos del país, llegando a superar el 80% en algunas localidades como Juan Lacaze.
Con la participación de casi un 83% de la población habilitada para votar, la derogación propuesta fue aprobada por un 73% de los votos emitidos, más de 1.290.000 orientales tiraron abajo la propuesta vende patria de Luis Alberto Ramón.
Y ahí, tal vez, radica una de las pocas diferencias con Luis Alberto Alejandro Aparicio, que apenas logró sortear el referéndum de su ley de entrega de soberanía y chorizos caseros. Capaz que a Lacalle de Herrera le faltó más nombres de pila o a Lacalle Pou le sobraron más iniciales (casualmente AA o AAA, la coincidencia es fantástica), pero lo cierto es que un 13 de diciembre de 1992 fuimos muchos defendiendo la patria.
(*) Colectivo Histórico «Las Chirusas» está constituido por estudiantes y docentes, investigadores/as de historia.
