Entrevista a Diego Sempol y Alejandro Albertti, realizadores del documental Memorias trasvestis.
Javier Gómez Sánchez (*)
Acaba de estrenarse en la Cinemateca Uruguaya el documental Memorias travestis, emitido también por el canal TV Ciudad, que revela las formas de violencia estatal y policial que marcaron la vida de la población transgénero durante la dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985) y los primeros años de la posterior etapa democrática.
A través de entrevistas se visibilizan las huellas de la discriminación social y marginalidad que esta población sufrió, conformando un documento de indudable valor histórico y político. Al mismo tiempo, presenta cómo estas experiencias y la toma de conciencia sobre ellas dieron lugar a la formación de una militancia que durante los últimos 30 años se ha ido organizando y vinculando dentro de la sociedad uruguaya para reclamar justicia y conquistar derechos ante su sistema político.
El documental es el fruto de dos años de trabajo audiovisual y una investigación más extensa aún, realizada por sus directores: Diego Sempol, quien es Doctor en Ciencias Sociales, profesor e investigador académico con más de dos décadas dedicado a estudios sobre memoria, movimientos sociales y sexualidades, los que ha publicado en diversos libros y artículos; y Alejandro Albertti, cuyas obras de videoarte han sido expuestas en numerosas bienales en Latinoamérica, realizador audiovisual, animador y diseñador gráfico con una larga trayectoria dedicada a los derechos humanos. En el mismo local donde grabaron las entrevistas para el documental -dos cada viernes desde junio de 2022 hasta diciembre de 2023-, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (UDELAR), Mate Amargo conversó con ellos:
¿Por qué es importante recoger la memoria de las personas trans y presentarla a la sociedad uruguaya en general?
Diego: Nos pareció central hacerlo, porque carecer de narraciones historiográficas que hablen sobre lo que nos pasó previamente, como ocurre con las personas trans, gays y lesbianas, es vivir en una especie de apagón simbólico y cultural que te vuelve un sujeto mucho más manipulable, más vulnerable y te mantiene con menor capacidad de poder imaginar futuros posibles. Por lo tanto, generar operaciones de memoria o narrativas historiográficas es imprescindible para pensar escenarios nuevos.
Es por eso que formamos parte del Archivo Sociedades en Movimiento, que se propone mapear grupos sociales cuyos testimonios no han sido tomados en cuenta y favorecer que cuenten sus historias, sobre las que hasta ahora no han tenido condiciones ni posibilidades de hablar. Así comenzamos a hacer entrevistas de conjunto con Karina Pankievich, de la Asociación Trans del Uruguay (ATRU), para recoger la memoria de esa población mientras están vivas sus protagonistas.
En América Latina el promedio de vida de las personas transgénero es de 35 años. La persona a los 12 o 13 años, cuando asume plenamente su identidad de género, es muy común que sea expulsada de su casa. Deserta del sistema educativo, queda fuera del sistema de salud y de todos los servicios públicos, lo que luego compromete la posibilidad de inserción laboral y muchas veces empieza a trabajar en la calle, en la explotación sexual, a los 13 o 14 años. Esto la somete a todo tipo de violencia social e institucional. Si a eso le sumas que después empieza a vivir con el VIH y con algún consumo de drogas problemático, se vuelve una mezcla donde la persona por lo general no vive más allá de los 35 años. Pero en Uruguay, unas 200 lograron llegar más allá de esa edad y alcanzar los 50 años.
Entrevistamos a las más viejas de todas, creo que la mayor tenía 70 años. Además, nos interesó mucho no hablar con las trans de siempre, que no fueran las que salen en todos los medios, las que más o menos son hegemónicas, sino que la idea era ver la interseccionalidad de la desigualdad, pobreza, racialización y la identidad de género.
¿Qué fue revelándose en la medida en que hacían las entrevistas?
Alejandro: Vimos patrones, en diferentes relatos de personas que quizás se conocían a veces de la calle, por trabajar en ella, o de una pensión, pero no se veían todo el tiempo; sin embargo, tenían las mismas historias: las detenían las mismas personas de la policía, con el mismo nombre, en los mismos lugares.
Después de las primeras entrevistas, empezamos a sentir que eran demasiado impactantes y empezamos a ver que se podía generar un documental a partir de toda esa sistematización. Llegamos a hacer 50 entrevistas. Finalmente son 30 personas trans las que aparecen en el documental, cuyos testimonios conforman una historia unitaria.
¿Eran las torturas o violaciones los aspectos que eran más difíciles de abordar por las entrevistadas?
Diego: No, de hecho, nos sorprendió cómo naturalizaban la violencia de una forma que impactaba. O sea, vos les preguntabas sobre las violaciones, y a diferencia de lo que era esperable, la narración no sufría quiebres emocionales. Yo antes he entrevistado a ex presos políticos, y cuando llega el momento de los interrogatorios, que es la parte de la tortura, la gente se quiebra. Es como transitar un momento de violencia extrema, explorar los sinsentidos de esa violencia, la dificultad de ponerlo en palabras, las sensaciones encontradas de culpa, de responsabilidad y de bronca. Pero para estas personas la violencia ha sido tan continua, tan permanente, que te cuentan cómo fueron víctima, por ejemplo, de una violación colectiva perpetrada por 17 individuos, policías o militares, y lo hacen sin inmutarse.
Cuando el documental entra en esa parte del relato, empiezan a aparecer un grupo de elementos como el uso de picana eléctrica, someter a submarino, métodos de tortura que eran habituales durante la dictadura, como en otras en América Latina. ¿Qué peso fueron teniendo esos elementos en los testimonios?
Alejandro: Fue tremendo cuando empezaron a surgir esos relatos. Yo tenía cierto imaginario sobre el asunto, pero que lo cuente alguien que lo sufrió, en primera persona, y que no lo ha contado antes, es brutal. Son historias de un salvajismo increíble y es algo que también tenía que ser visibilizado, porque todo el mundo en este país no tiene claro que las personas trans pasaron por la tortura.
Diego: Además, es algo bastante nuevo en la región, porque en Argentina y en Brasil ha predominado la hipótesis de que en realidad las dictaduras no fueron una forma de violencia especial contra las personas trans, sino que lo que prevaleció fue un continuo de violencia durante todo el siglo XX hacia estos grupos, donde la dictadura no fue un cambio. Sin embargo, nosotros lo que encontramos es que sí hubo un cambio significativo durante la dictadura. Muchas entrevistadas te cuentan lo que era antes de la dictadura, durante, y ciertas continuidades en los primeros años democráticos hasta que la represión hacia ellas se va suavizando.
Pero la denuncia del uso de picanas eléctricas, submarinos, golpizas y detenciones por hasta 15 días se produce en el período de la dictadura. Tiene que ver con algo que he investigado como historiador, que es la categoría de “autoritarismo moral”. En Uruguay no solo existió un intento de generar un orden a nivel político persiguiendo a subversivos, por militancia política o sindical, en el marco de la Guerra Fría, sino que también la categoría de subversivo se amplió e incluyó a personas que de alguna forma desafiaban el modelo tradicional de familia cisgénero heteronormada. Estas corporalidades eran un desafío en el espacio público y por lo tanto fueron violentamente perseguidas.
La investigación reveló que no solo se persiguió a las trans, sino que en la Enseñanza Primaria se destituyeron por lo menos a 82 maestros considerados homosexuales, como también a mujeres maestras que en algún momento se habían realizado abortos, ya que se consideraba que no tenían idoneidad moral para cumplir el rol de docentes. Algo similar se hizo en el nivel de Secundaria. En el Ministerio de Relaciones Exteriores se hizo una cacería para encontrar a supuestos embajadores homosexuales o representantes culturales. Pasó lo mismo en el ejército. O sea, el régimen peinó las dependencias estatales con una mirada puesta en el foco de la moralidad, con un pico opresivo entre 1975 y 1977.
Investigando en los archivos de la policía de Montevideo, encontré 282 personas detenidas por ser consideradas como “pederastas pasivos” o “pederastas activos”. Cada uno de estos prontuarios policiales tiene en la parte de atrás un resumen de las detenciones históricas de esa persona. Eso me permitió hacer una curva estadística para ver las detenciones en años y meses. La curva de la represión, de la detención policial a disidentes sexuales se produce entre el año 1975 y 1976, multiplicándose por 200 veces con respecto a los demás años. Esto confirma la hipótesis de que la dictadura no fue un episodio más de una violencia estructural estatal contra la homosexualidad y las personas transgénero que se haya dado durante todo el siglo XX, sino que tuvo realmente una particularidad significativa.
¿Sería posible conectar estas historias con otros países latinoamericanos que vivieron dictaduras?
Diego: Sería muy importante hacerlo, porque hay un debate en la región sobre qué continuidad o no implica la violencia estatal de la dictadura. En Argentina, se ha argumentado recurrentemente que la represión hacia la población trans no tuvo particularidad durante la dictadura, sino que en realidad el grueso de la represión se produce durante los primeros años democráticos. En el caso de Brasil hay versiones encontradas, hay historiadores que dicen que la dictadura tuvo sus particularidades, otros dicen que no tanto. En Chile lo mismo.
Lo que pasa es que en estos tres países no han logrado acceder a archivos documentales que permitan hacer una investigación rigurosa. Es en base a prensa u otras fuentes secundarias. El que en Uruguay se haya podido acceder a los archivos policiales, dio esta evidencia de que se confirma una cosa muy distinta. Y mi sospecha es que Uruguay no fue la excepción. En realidad, pasó lo mismo en Brasil, Argentina y Chile: durante las dictaduras aumentó la represión a las personas homosexuales y trans. Solo que por ahora no hay evidencia que permita probarlo. Pero no creo que estas dictaduras, que estaban todas conectadas por la Operación Cóndor, que estaban atravesadas por lógicas sumamente ortodoxas católicas, hayan tenido una visión y accionar muy diferente a la de Uruguay.
¿Se pudiera responder a esa intención con un circuito documental latinoamericano sobre personas trans o LGBT bajo las dictaduras y apoyar así la adopción de leyes de reparación?
Diego: Sí, se podría hacer perfectamente. Sería muy potente. En Argentina, por ejemplo, hay todo un movimiento trans que está planteando que se haga una reparación histórica a las personas trans. Una reparatoria similar a la que se ha hecho en Uruguay. Nosotros tuvimos la suerte de que la Ley aprobada incluye la reparatoria. Entonces el propio Estado produjo información sobre la persecución a personas trans. Esto permitió la reparación para 206 perseguidas. O sea, ya no se puede cuestionar si fue real o no, pues el propio Estado reconoce, produciendo evidencia con documentación pública, que vulneró los derechos y que ejerció formas de violencia institucional sobre estas personas.
La Ley Integral para Personas Trans establece que todas las personas que nacieron antes de diciembre de 1975 que se autoidentifican como trans, travestis o transexuales y que puedan probar por diferentes vías que fueron víctimas de una violencia institucional o una vulneración de sus derechos, tienen derecho a una reparación por parte del Estado. Esa violencia tuvo que haber sido una violencia institucional o de operadores civiles paraestatales, pero la reparación tiene que ser asumida por el Estado y eso les da aproximadamente 19.000 pesos uruguayos (unos 500 dólares). Esto se les paga mensualmente hasta que mueran. Es la misma reparación que tienen los presos políticos.
Uno observa en redes, cuando se leen comentarios, que hay mucha reacción de parte de sectores de la población sobre este tema económico, con una expresión reaccionaria a que se tome dinero público para este pago reparatorio a las personas trans.
Alejandro: Es que hay un gran desconocimiento, porque además no es que se presente cualquier persona trans y se la den, tiene que cumplir los requisitos. Hay una comisión reparatoria que estudia el caso a fondo y que puede negársela o aprobársela. Creo que se habla desde el desconocimiento.
Diego: También incidió mucho que durante el debate parlamentario una senadora opuesta a la ley todo el tiempo insistía en que esta reparación era una forma de privilegio y cuestionaba por qué se le iba a dar este dinero a las trans; o sea, ella, que como senadora ganaba casi 300.000 pesos, le decía a una mujer trans torturada que por ganar 19.000 pesos era una privilegiada, pero eso repicó mucho en las redes sociales y subsiste hasta la actualidad.
En las entrevistas se menciona el ensañamiento con las personas trans de origen afro, o sea, no solo era agredida por querer ser mujer, sino por ser negra. ¿Cómo se presentó esta conciencia de interseccionalidad en los testimonios?
Alejandro: Eran torturas racializadas, muy específicas en la manera de violentarlas. Se ensañaban muchísimo más con ellas y lo que les hacían era de violencia distinta. Imitando a otras formas de agresión policial contra personas afro en el mundo. Lo que narran es casi como de los Estados Unidos, como que le ponían una cuerda amarrada y la hacían correr atrás del auto. Si se caía, la arrastraban por la calle.
El documental va mostrando distintos momentos de la organización de las personas trans, con las primeras marchas, hasta la actualidad. ¿Cómo se dio este proceso de identidad hasta convertirse en militancia?
Diego: Creo que todas reconocen que las violentaban porque eran pobres y estaban en situación de comercio sexual o de prostitución, como se prefiera llamarle, y esto las vulnerabilizaba mucho más. Cuando experimentas tan radicalmente la desigualdad, tomas mucha conciencia de eso. La politización de las travestis acá en Uruguay empezó armándose en torno a esta discusión: ¿Cómo lidiar con la violencia policial? ¿Cómo asumir la violencia social? Empezó a consolidarse en las pensiones travestis, que eran pensiones donde las aceptaban, pero les cobraban el doble por ser personas trans. Ahí comienzan a construir vínculos de amistad y compañerismo que les permiten después pasar a una forma de politización, que es la Mesa Coordinadora Travesti en 1991 y convocar en 1993 a la primera marcha del Orgullo en Uruguay.
¿Creen que los movimientos de exigencia de justicia por el Terrorismo de Estado, de abrir procesos judiciales sobre el tema de los desaparecidos y torturados, dio impulso a las personas trans para exigir también justicia y reconocerse a sí mismas como víctimas de la dictadura?
Diego: Más o menos, pero hasta cierto punto. Porque el movimiento de Derechos Humanos en los 80 y los 90 hablaba de liberación de derechos humanos solo asociada a cuestiones políticas. Por eso las trans entre los 80 y 90 casi no hablaron sobre lo vivido durante la dictadura. Hay una entrevista en Mate Amargo de esa época, donde a Michelle Yanuzzi, ya fallecida, quien era una de las dirigentes de la Mesa Coordinadora Travesti, en la cual el periodista le pregunta: ¿Cómo pasaron ustedes la dictadura?, y ella contesta: Mirá, yo de eso no voy a hablar… y el periodista insiste, ¿Pero por qué?… No, de eso no vamos a hablar. Porque tenían plena conciencia de que los mismos policías que las torturaron estaban activos todavía y que si de alguna forma, ni siquiera hubo justicia para los presos políticos o para los detenidos desaparecidos de clase media, blanca y heterosexual, mucho menos la iba a haber para ellas.
El propio portazo de cierre que le da al paradigma de derechos humanos la Ley de Caducidad, fue un obstáculo a la posibilidad de que la idea de justicia se expandiera. (Diego se refiere a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, dictada en Uruguay en 1986, -considerada como una “ley de impunidad” por los sectores que exigían justicia-, que frenaba la acción judicial contra militares y policías por delitos cometidos durante la dictadura hasta el 1º de marzo de 1985. No fue hasta 2011, cuando que fue promulgada la Ley de Restablecimiento de la Pretensión de Punitiva del Estado para los Delitos Cometidos en Aplicación del Terrorismo de Estado, que se restableció la posibilidad de investigar y sancionar los crímenes cometidos durante la dictadura).
No fue hasta la discusión de la Ley Integral para Personas Trans en 2018 que se habla del tema de la dictadura. Después de que vino todo un ciclo progresista y se logró la aprobación del matrimonio igualitario. Vino también la ola feminista. El feminismo posicionó la idea de que la violencia sexual es una forma de violación de derechos humanos, dio un marco discursivo para que esto pudiera ser dicho. Por eso la Ley Integral para Personas Trans surgió con la parte reparatoria, y creó las condiciones para que surgiera una memoria trans-travesti que dijera “fuimos víctimas de toda esta violencia” y se crearan condiciones para ser escuchadas, porque antes, en los 80 y 90, cuando querían plantear este tema en los organismos de derechos humanos no les daban pelota. Es solo a partir del siglo XXI, que organizaciones como Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, y la Asociación de Ex Presas y Ex Presos Políticos de Uruguay (Crysol), comenzaron un proceso nada fácil y muy zigzagueante de entender que se habían violado los derechos humanos de muchas formas y que la cuestión no era sólo político-partidaria, sino también que tenían que ver con estas cuestiones.
¿Cómo aporta este documental a que la juventud uruguaya comprenda que los derechos que ven como naturales ahora no siempre han estado ahí, sino que existen hoy porque hubo gente que luchó por ellos?
Alejandro: El documental es un homenaje a las personas trans que vivieron esto. Creo que también abre un camino a seguir contando estas historias, y a que otros también continúen, incluso desde la misma comunidad trans, a seguir trabajando en generar registros e historias de las personas, de lo que pasaron y también de darle visibilidad a las nuevas generaciones para empoderarse y cuenten su propia historia como generación. Nos parece que ese es el camino.
(*) Javier Gómez Sánchez (La Habana, 1983) Periodista, profesor e investigador. Máster en Ciencias Políticas en Estudios sobre Estados Unidos y Geopolítica Hemisférica por la Universidad de La Habana. Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de las Artes de Cuba. Ha escrito numerosos artículos sobre comunicación política, guerra mediática y cultural, redes sociales e internet. Es autor de los libros Las Flautas de Hamelin. Una batalla en internet por la mente de los cubanos (2020), La Dictadura del Algoritmo. Guerra mediática y redes sociales en Cuba (2021), Los que curan y los que envenenan. Páginas de una pandemia mediática (2023). Realizó los documentales La Dictadura del Algoritmo (2020) y El insomnio del Hombre Nuevo (2024). Profesor de Comunicación Transmedia y Documental en la Universidad de las Artes de Cuba.
