Por economiapolitica.uy *
Héctor Tajam **
Dibujo Prof. Adan Iglesias Toledo ***
En el artículo anterior se mostró un contexto de crecimiento lento para la economía uruguaya, la cual a la fecha está prácticamente en piloto automático, más allá de algunas medidas muy focalizadas que no mueven la aguja a nivel macroeconómico. Con la excepción del Banco Central del Uruguay (BCU) que ha redoblado la apuesta en lo que a política antiinflacionaria se refiere, y cuyas metas de inflación comienzan a incidir en diversos campos de los arreglos institucionales, como por ejemplo la 11ª Ronda de Salarios y los ajustes de pasividades.
Generalmente el Presupuesto Quinquenal se diseña sobre la base de proyecciones del crecimiento económico, que están basadas en previsiones sobre la evolución esperada de la economía internacional, regional y nacional, así como también en los resultados esperados de las políticas activas que el gobierno piensa implementar en los próximos 5 años. El Presupuesto 2025-2029, ya ingresado al Parlamento para su aprobación, se sostiene sobre un crecimiento económico, medido por un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) de 12,8% entre 2025 y 2029, lo que significa una tasa de crecimiento acumulativa anual de 2,4%. Un pronóstico que duplica el resultado alcanzado en los 5 años del gobierno multicolor – 6,4% en el período y tasa anual de 1,3% – por lo cual diversos analistas y políticos, hoy en la oposición, salieron prestos a calificarlo de “optimista”.
Durante el quinquenio 2020-2024, la actividad económica fue claramente impulsada a través de un proceso de desigualdad económica fuertemente asociado a la baja del salario real durante la mayor parte del período. Mientras la inversión y las exportaciones crecían a un ritmo anual del 4%, el consumo de los hogares uruguayos apenas aumentaba un 1% de promedio anual. Muy distinto es el planteo del gobierno liderado por el Presidente Orsi. Si bien el 12,8% de crecimiento económico previsto estaría basado también en un fuerte aumento de la inversión y de las exportaciones -3% anual- el consumo de los hogares uruguayos, que se traduce en la demanda interna para productores e importadores, lo haría esta vez a una escala superior al 2% anual. El Anexo Gráfico es muy claro al respecto
Lo cierto es que la CEPAL (Comisión Económica para América Latina de la ONU), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) prevén tasas similares para el trienio 2025-2027, en un contexto mundial inestable y de conflictos bélicos promovidos por la crisis político-económica más grave del imperio norteamericano, que no se detiene ante nada en su afán de sumar recursos y voluntades contra el avance del multilateralismo. En el siguiente cuadro podemos comparar esas previsiones y constatar la debilidad generalizada del crecimiento económico, incluso en nuestros principales socios comerciales, China y Brasil.
Igualmente, la “gran apuesta” del ministro Odonne es a la inversión privada, principalmente extranjera. El instrumento, potenciar la promoción de inversiones de la ley 16.906, buscando la ampliación del mercado externo que diversifique los destinos de las exportaciones, y una negociación salarial amigable con el empleo y las metas de inflación.
En torno a la promoción destacó la agilización de los trámites que se procesan a través de la COMAP y la Dirección de Zonas Francas, y la mejora de los incentivos, pero sin diversificar los motivos, por lo que la priorización sectorial para diversificar la economía sigue ausente. Se introducen incentivos extras –basados en aumento de las exoneraciones del IRAE – para las inversiones “grandes”, mayores a 30 millones de dólares, pero sin intención alguna de apropiación de saberes, de captación de tecnologías, de proyectos de investigación en comunión con la universidad e instituciones públicas. Es decir, sin construcción de soberanía.
Hay una preocupación por las Mipymes, al facilitar sus inversiones eliminando límites y aumentando exoneraciones para micro y pequeñas empresas, y medianas hasta 50 empleados.
Sorprende la ausencia de las empresas públicas en el horizonte de inversiones. Las empresas más grandes del país ubicadas en los sectores estratégicos de cualquier proceso de desarrollo en el siglo XXI.
Finalmente el ministro reconoció que las urgencias sociales no pueden esperar al crecimiento económico, especialmente en un mundo de incertidumbres como el que rige en la coyuntura, y optó por recurrir al aumento de recursos por medios impositivos, gravando la riqueza generada en nuestro país por residentes que la derivan al exterior, y por las grandes empresas transnacionales que las remiten a sus casas matrices. Este es el inicio para cambios tributarios que derivan de compromisos internacionales asumidos en el período de gobierno anterior, y que sin duda eran ineludibles, ya que se encontraban en el marco del primer acuerdo global sobre fiscalidad alcanzado en 2021 y nada menos que por 136 países, uno de ellos, Uruguay.
Pero también, como expresa Gustavo Viñales “ofrece la oportunidad de revisar nuestros sistemas de promoción de inversiones que han provocado que Uruguay tenga niveles de gasto tributario históricamente elevados (en total es superior al 6 % del PIB). En segundo lugar, por la necesidad de legitimación y aceptación social que requiere el sistema tributario nacional, perforado para el otorgamiento de beneficios tributarios y regímenes preferenciales que en muchos casos poco aportan en términos de objetivos de desarrollo”[i].
Repetimos una vez más, se trata tan solo de contribuir equitativamente a los costos de financiación del gasto público. La presión fiscal, un indicador que mide la proporción de los tributos recaudados en el PIB, en Uruguay alcanza el 26% (incluye aportes a la seguridad social). Es más alto que el promedio de América Latina (22%) y bastante menor que los países desarrollados (34%), pero nos interesa sobre manera su estructura, porque allí, entre IRPF, IASS, y BPS los trabajadores contribuyen en mayor proporción.
Una investigación recientemente desarrollada en el Departamento de Economía de la FCEyA sobre la distribución de la carga tributaria total entre capital y trabajo, llegó a la conclusión que para el año 2022 los impuestos sobre el capital significaron el 41,2% de dicha carga, mientras que los impuestos sobre el trabajo lo superaron ampliamente, llegando al 56,4%[ii]. Si tomáramos en cuenta el aporte de los trabajadores en el régimen de seguridad social, esto se desnivela mucho más.
Esto nos revela una de las dimensiones sobre el trabajo que aún tenemos por delante en la construcción de un Uruguay más justo y equitativo.
ANEXO GRÁFICO
(*) EconomiaPolitica.uy es un Programa de asesoramiento, investigación y formación en Economía Política.
(**) Héctor Tajam es Economista, Director del Programa EconomiaPolitica.uy y Columnista de Mate Amargo. Fue Diputado (2005/10) y Senador (2010/15) por el MPP – Frente Amplio. Miembro del Capítulo uruguayo de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (RedH)
(***) Prof. Adán Iglesias Toledo, Director del Medio humorístico DEDETE del Periódico Juventud Rebelde, miembro de la UNEAC. Colabora con varios medios de prensa en su país y en el extranjero.
[i] Gustavo Viñales Guillama, “Aportes para un debate tributario (in)existente” – Friedrich Ebert Stiftung – https://library.fes.de/pdf-files/bueros/uruguay/22247.pdf
[ii] Estructura Tributaria en Uruguay (II): El efecto distributivo de los impuestos en Uruguay. Mauricio De Rosa, Fernando Isabella, Agustina Queijo y Joan Vilá. https://fcea.udelar.edu.uy/images/micrositios/dpto_economia/Estructura_Tributaria_en_Uruguay_final_2.pdf
