Por Christian Adel Mirza Perpignani(*)
Dibujo Prof. Adán Iglesias Toledo(**)
Desde que Juan Pablo Terra alertara acerca de la “infantilización” de la pobreza en 1989, han pasado varias décadas de cambios, ajustes y medidas que intentaron dar respuestas a uno de los mayores problemas sociales del Uruguay. Ajuste de dispositivos históricos como las asignaciones familiares (Plan de Equidad), programas e instrumentos relativamente innovadores (mayormente focalizados), lograron incrementar la cobertura, incorporando un número creciente de niños y adolescentes al sistema de protección social. Sin embargo, si consideramos la evolución de la pobreza en los menores de 18 años, registramos un crecimiento sostenido desde el año 2018 a la fecha, con el agravante de la pandemia declarada en el 2020. Aunque los logros obtenidos en los quince años de gestión progresista (2005-2020) fueron muy significativos, en la medida que la pobreza global pasó de casi el 40% en 2004 al 9.4% en el año 2019; en tanto que la pobreza en la primera infancia, es decir en el tramo de 0 a 5 años, pasó del 61.3% en el año 2004 al 18.3% en el 2019. Sin embargo, es preciso señalar que la tendencia descendente se frenó en el año 2018, registrando un 18.6% para ese año en el mismo tramo etario, trepando al 21,3% en el 2020, sin considerar los recientes datos del INE que modifica la metodología del 2006.
A esta altura, si coincidimos todos que la pobreza infantil es un problema estructural que no ha podido resolverse más allá de los esfuerzos fiscales desplegados por los gobiernos de turno, entonces las respuestas deben asumir un carácter radical, sostenido, profundo y estructural. Varias investigaciones dan cuenta de un sistema disperso y fragmentado de transferencias e instrumentos de protección social dirigidos a la infancia y adolescencia. Los hogares que han recibido mayormente las prestaciones en una modalidad u otra, no han superado el drama de cubrir adecuadamente las necesidades humanas básicas de los hijos e hijas a su cargo.
Hoy gobierna el Frente Amplio, que expresó inequívocamente las prioridades expuestas en los Avances del Plan de Gobierno: «reducir de manera significativa la pobreza infantil…; priorizar la atención a las adolescencias con equipos territoriales y propuestas integrales…; fortalecer la articulación y coordinación de las políticas públicas y reformar la matriz de protección social…; combatir todas las formas de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes…; atender de forma urgente la desnutrición materno-infantil…; generar un plan de acompañamiento integral e integrado a las mujeres embarazadas. Estos son algunos de los objetivos desarrollados en el Plan de Gobierno 20025-2029, que apuntan al “núcleo duro” de la pobreza» (Frente Amplio, 2024:5).
Teniendo en cuenta el proceso iniciado del Diálogo Social, el gobierno actual ha manifestado que incluirá el abordaje de la pobreza infantil, destinando los recursos que sean indispensables para revertir una tendencia moralmente inaceptable. Desde mi perspectiva, se necesita una dosis de audacia innovadora para reformar el Sistema de Protección Social y avanzar sustancialmente en tres direcciones; 1) expansión de la cobertura para alcanzar la universalidad de las prestaciones a todas las infancias y adolescencias, 2) unificación y concentración en un solo dispositivo o instrumento, para hacerlo más eficiente y eficaz; 3) incremento sustancial de las transferencias unificadas.
En esta dirección, la implementación de un ingreso básico garantizado de carácter universal, significaría conceptual y prácticamente un paso enorme en la protección de nuestra infancia y adolescencia. Desde luego, en la medida que actualmente coexisten dos regímenes de asignaciones familiares, la estrategia deberá ser progresiva, gradual y escalonada tal que el Ingreso Básico Garantizado para la Infancia sustituya los diversos dispositivos de protección y asistencia en un plazo razonablemente corto. Teniendo claro los objetivos, los recursos fiscales devienen de los asignados actualmente y los incrementales que resulten necesarios, para lo cual, ensayos y propuestas concretas con costos previstos, fuentes de financiamiento y simulación de impactos proyectados en los primeros cinco años, forman parte del repertorio de medidas plausibles con las que cuenta el Presidente Yamandú Orsi desde octubre del año pasado. En este sentido, cabe señalar que, un equipo de técnicos (muchos de los cuales son funcionarios del MIDES) trabajó incesantemente durante todo el 2024, contando asimismo con los aportes de reconocidos expertos del Instituto de Economía y de organismos internacionales, para concluir en una propuesta realista (alineada al Programa del FA) y que proyectó un impacto –a modo de ejemplo– de reducción de la pobreza en los menores de 6 años del 20.1% al 13.3% para el año 2029. Conforme se propongan metas más exigentes, los ajustes de los dispositivos y su consecuente financiamiento se pueden estimar con relativa precisión en función de las paramétricas consideradas.
Desde luego, ello comporta simultáneamente realizar ajustes de la estructura tributaria, sin que, por ello, deban crearse nuevos impuestos, en la medida que será suficiente aplicar recalibraciones o nuevas ponderaciones de la estructura general. La propuesta del PIT-CNT va precisamente en esa dirección y aunque en su proclama –del pasado 1 de mayo– mencionan la aplicación de un impuesto a la riqueza, es preciso señalar las dificultades operativas que de igual modo pueden superarse mediante ajustes de los impuestos al Patrimonio, a la Herencia y al IRPF (Categoría I, rentas de capital e incrementos patrimoniales), así como la revisión exhaustiva de la renuncia fiscal y sus posibles efectos recaudatorios. Las estimaciones hechas por economistas que colaboraron en la proyección de impactos en la reducción de la pobreza infantil, arrojan escenarios factibles y realistas, superando largamente las previsiones presupuestales.
Si, como pensamos muchos, este gobierno progresista y de izquierda, tiene la intención de aplicar políticas públicas robustas y sostenidas, ésta es la hora. Aun cuando la ley del presupuesto quinquenal habrá de aprobarse en unos meses, existen en la cartera de opciones, varias alternativas para iniciar de manera inmediata las reformas e intervenciones para abatir la pobreza infantil. Los diagnósticos abundan y sobra la retórica; es hora de ejecutar decisiones políticas.
(*) Christian Mirza, profesor e investigador de la Universidad de la República Oriental del Uruguay (UdelaR)
(**) Prof. Adán Iglesias Toledo, dibujante grafico cubano, director del Medio humorístico DEDETE del Periódico Juventud Rebelde, miembro de la UNEAC. Colabora con varios medios de prensa en su país y en el extranjero, posee más de 40 premios otorgados por su país y el extranjero.
