Por Georgina Monchietti (*)
La Ley GAPPIA propone una política integral para la infancia y la adolescencia, pero en territorio persisten la fragmentación, la falta de recursos y las dificultades para garantizar derechos de forma efectiva.
“Cuando los derechos no llegan a tiempo, dejan de ser derechos.”
La aprobación de la Ley 20.376 (GAPPIA) marcó un avance importante en el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y en la necesidad de una política integral para su protección.
La ley plantea que las políticas de infancia no pueden depender de respuestas fragmentadas ni de intervenciones aisladas, sino que requieren una estrategia coordinada, sostenida y con presencia territorial. Sin embargo, a más de un año de su aprobación, la distancia entre ese marco normativo y la realidad cotidiana sigue siendo evidente.
En territorio, la coordinación interinstitucional —uno de los pilares de la ley— no logra concretarse de forma efectiva. Persisten intervenciones fragmentadas, circuitos desarticulados y equipos que deben sostener situaciones complejas sin respaldo suficiente. Niños y adolescentes transitan por distintos dispositivos del Estado sin una estrategia común, mientras las familias enfrentan recorridos institucionales que muchas veces no dan respuesta.
El énfasis en la primera infancia tampoco se traduce plenamente en recursos. Los equipos trabajan con sobrecarga, inestabilidad y escasos apoyos, sosteniendo una política pública que muchas veces depende más del compromiso que de condiciones adecuadas.
La situación de la salud mental es especialmente preocupante. Se nota una evolución en la problemática, tanto en niños, niñas y adolescentes, como en el personal destinado a su cuidado. Eso lleva a un crecimiento en las situaciones de violencia y, por ende, a una profundización en la vulneración de derechos. Entendiendo que la problemática de salud mental no es causa, sino consecuencia de una desigualdad social estructural que tampoco para de profundizarse en la lógica sistémica actual. Familias, generaciones, nacidas y criadas en la marginalidad, cartografiadas constantemente por los gobiernos de cualquier signo y estigmatizadas por una sociedad igualmente marginada, marginalizante. Este escenario condiciona el acceso a recursos, condiciona la calidad de las respuestas y también condiciona las posibilidades reales de acompañamiento. Los dispositivos de atención siguen siendo insuficientes: presentan escasa presencia territorial y tiempos de respuesta que no se ajustan a la urgencia de las situaciones.
La ley también reconoce el derecho a la participación, pero las voces de niños, niñas y adolescentes continúan teniendo escaso peso en el diseño de las políticas públicas. Escuchar no puede ser un gesto simbólico: debe implicar incidencia real.
En este escenario, el trabajo socioeducativo ocupa un lugar central, aunque aun insuficientemente reconocido. Desde la educación social se construyen vínculos, se acompañan trayectorias y se sostienen procesos que muchas veces no encuentran respaldo institucional.
La aprobación de GAPPIA fue un paso necesario. Sin embargo, el desafío no es únicamente contar con un marco normativo, sino garantizar su concreción en la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes. Esto requiere decisiones políticas sostenidas: asignación de recursos, fortalecimiento de los equipos, presencia territorial efectiva y respuestas oportunas.
Desde la educación social, el compromiso con las infancias y adolescencias es cotidiano. En cada espacio se construyen vínculos y se sostienen procesos que buscan hacer efectivos los derechos. Pero ese esfuerzo no puede reemplazar la responsabilidad del Estado ni compensar las desigualdades estructurales.
Porque cuando los derechos no llegan a tiempo, dejan de ser derechos. Y aun cuando llegan, si no existen las condiciones materiales para ejercerlos, su alcance se vuelve limitado. La garantía de derechos no puede quedar reducida a su reconocimiento formal: implica generar las condiciones reales para que puedan ser vividos.
En definitiva, garantizar derechos no es sólo enunciarlos, sino hacerlos posibles.
(*) Georgina Monchietti Acerbis es educadora social, educadora sexual y operadora en violencia de género y generaciones. Trabaja hace 18 años con las infancias y adolescencias en territorio en el norte del país, departamento de Salto.
