Por Ricardo Pose (*)
Una vez más el parlamento uruguayo ha sido el escenario de debate sobre la gestión y el programa del gobierno de Yamandú Orsi y el Ministro del Interior, Carlos Negro, para llevar adelante una política pública de seguridad.
Una vez más, lo que se discute es sobre la gestión, sobre los resultados esperados que no llegan o que tienen sabor a poco, y el eje de debate termina siendo cuanta hemoglobina de más o de menos ha quedado en las calles y hogares uruguayos.
Si bien es cierto que, en los últimos tiempos, los temas de seguridad ocupan las agendas políticas de todos los países (por un tema que trataremos más adelante en este artículo sobre la “guerra social” en curso), Uruguay tiene algunas características que ameritan, una mirada particular.
(Leer también: “El lento adiós al Chueco Maciel”)
Gestión congestionada
El primer elemento a redefinir es la concepción y diseño político del rol del Ministro del Interior; si hacemos una estadística de la permanencia en el cargo de ministros del interior, solo Bonomi logró superar por lejos, el promedio nacional de dos años.
Efectivamente Bonomi mantuvo su cargo durante dos periodos de gobierno (2010 – 2020) siendo hasta el momento la excepción para un Uruguay donde los partidos políticos en el gobierno sea cual fuese, el cargo duraba poco más de dos años. (Tabla para el análisis aquí)
Una primera conclusión es que el rol del Ministro del Interior, al asumir la gestión de un tema delicado para la población, se convierte en el “fusible” del partido de gobierno.
Y decimos tema delicado, porque más allá de la sensación “romántica” del Uruguay del Maracaná y la Suiza de América, de la exageración mediática de la crónica roja, Uruguay no era una “mansa aldea”, sobre todo, puertas adentro de los hogares.
Como fuese, más allá de la dimensión de la inseguridad pública, los ministros del interior han pago más allá de su gestión, con los avatares políticos.
También es justo señalar (recordar) que, desde tiempo inmemoriales en la historia del movimiento trabajador, muchos ministros del interior de los gobiernos de derecha han sido responsables, a veces impunemente, de las más degradantes violaciones y represiones contra el movimiento obrero, por parte de sus subordinados.
Pero el tema sigue presente, y en vez de ir hasta el hueso en el debate de los temas de seguridad, todo queda allí, centrado en la calidad de la gestión y las cifras, a veces maquilladas, para no perder la “teta” de los programas internacionales que dan apoyo financiero.
Ser joven no es delito
Como resultado de una baja tasa de natalidad, una alta esperanza de vida, y relativamente una alta tasa de emigración de los jóvenes, la población de Uruguay es bastante madura, colocándose como la más envejecida del continente americano.
En 2013, el país tenía una tasa de natalidad de 13,50 nacimientos por cada mil habitantes, por debajo de los países vecinos Argentina (16,64 nacimientos / 1000 de población) y Brasil (16,1 nacimientos / 1000 de población), que incluso cuentan con valores debajo del promedio. Estos valores demográficos son bastante similares a los de algunas naciones europeas, con bajos niveles de reemplazo poblacional.
La tasa global de fecundidad es, desde 2004, menor al nivel de reemplazo. Según valores de 2013, la tasa global de fecundidad era de 1.86 hijos por mujer y el nivel de reemplazo se sitúa en 2.1. Esto significa que las mujeres en edad reproductiva no alcanzan a ser sustituidas por las futuras mujeres en edad reproductiva.
Contrarrestemos los datos de nuestra “envejecida población”, con algunos datos del Comisionado parlamentario para el sistema penitenciario.
El promedio de edad de las personas imputadas es de 30 años, con un rango que abarca desde los 18 hasta los 87 años.
En las mujeres privadas de libertad La edad promedio de las reclusas es de 34 años. Además, el 38% de las mujeres presas son menores de 30 años.
En los que se califican como jóvenes adultos, existe una concentración significativa, donde el grupo de 18 a 24 años representa el 33,9% de los delitos cometidos, seguidos por el rango de 25 a 29 años (22,5%).
“Uruguay alcanzó un récord histórico de personas presas en 2025, con una tasa de 477 personas privadas de libertad por cada 100 mil habitantes. El informe del Comisionado Parlamentario Penitenciario resalta que, a mayor nivel educativo, menor es la incidencia delictiva, destacando que el 50% de los imputados contaba con primaria completa como máximo nivel educativo”.
Uruguay debe preguntarse seriamente que está haciendo con sus jóvenes, porque a esas cifras, hay que agregarle los miles de procesados con penas optativas, muchas de las cuales se aplican a menores entre 13 y 17 años.
Hay en las diversas formas de reclusión (rehabilitación) verdaderos Frentes Juveniles, que también deberían ser un tema de abordaje por parte de las organizaciones políticas de izquierda.
En las cárceles, en los centros de rehabilitación juvenil, se viene gestando una nueva “humanidad”, como fundamentaremos más adelante.
Fido Dido
Voy a dejar de lado por un rato a Don Rafael Barret, para pasar a afirmar sin su mirada ácrata, y dando la razón al Miguelito Foucault, que la responsabilidad de la prevención, represión y formas de rehabilitación de los delincuentes, está en manos del Estado.
(En este punto, de la delincuencia y el delincuente, siempre me asalta la incertidumbre, si -como en el mundo de la medicina- no hay que lograr un cambio de paradigma, como se pasó de la enfermedad al paciente, para pasar de la delincuencia al delincuente).
Pero también hay una responsabilidad de la sociedad como tal, de cada uno de nosotros, de un compromiso individual, que brilla por su ausencia y que posiblemente fue parte del fracaso de las Mesas de Seguridad, estructura territorial en los barrios que merecieron un mejor destino.
Pero lo que circula en las redes puede ser un buen ejemplo: ciudadanos que se dedican a registrar el delito, en vez de involucrarse para de ser posible evitarlo, o al menos, (nadie pide héroes anónimos), dar la alerta a las “autoridades”.
El “hace la tuya” de Fido Dido, va de la mano con el criterio uruguayo, de “cada familia es un mundo”, y así no es raro que la violencia doméstica sea una “pandemia”, una maldita peste en Uruguay.
En otros sectores que se han animado a desarrollar formas de autodefensa, como cooperativas de vivienda o barrios con sentido de comunidad, la falta de integrarse e integrarlos a programas públicos de seguridad, ha desalentado esos esfuerzos populares, que eran en su concepción, alternativas a las Empresas privadas de seguridad.
Lucha de clases
En el reciente debate parlamentario, los senadores oficialistas utilizaron en más de una ocasión como respuesta, ante la exigencia de mano dura por parte de la derecha contra la delincuencia, que, bajo sus gobiernos (el ultimo el reciente de Lacalle Pou), los “ladrones de cuello blanco”, los del mundo financiero, bancario, del narcotráfico, la timba legalizada y otras “finas artes” de rapiña y saqueo, no fueron perseguidos y castigados con tal crudeza.
La cuestión de clase en la gestión del delito es tan antigua como el agujero del mate; surgió con un Código Civil para defender la Propiedad Privada y un Código Penal para criminalizar la pobreza.
Pero la lucha de clases también tiene otras expresiones: ministros, subsecretarios y decisores de medidas de seguridad, junto a jefes de policías, que viven en barrios de clase media y alta, gestionando sobre la vida de quienes viven en barrios pobres, a los que solo acuden para actuar policialmente (rango en el que también entran jueces y fiscales).
No aspiro a que tan abnegados funcionarios pasen de vivir en Pocitos a la “cachimba del piojo”, pero el esfuerzo de “achicar la otredad”, en lo territorial y en lo cultural, es un esfuerzo a la deriva por las urgencias de la gestión en algunos casos, y en otros, la aporofobia con licencia para reprimir.
Guerra Social
Una nueva humanidad se viene gestando desde años en las cárceles y en los barrios marginales, no solo de Uruguay.
Los “homus exclude”, atestan las cárceles, los centros de reclusión adolescente, ocupan los espacios públicos de las ciudades, se hacinan en las villas y los cantegriles.
Son los, durante generaciones, excluidos del sistema. Los que sin embargo han logrado sortear entrando y saliendo de sus cárceles, de sus sistemas coercitivos, sean seccionales policiales, escuelas, hospitales o centros de atención mental o refugios callejeros; son los que se siguen reproduciendo.
Negados hasta de su viejo rol de ejército de reserva industrial, son sin saberlo un nuevo “ejército cultural”, cuyo objetivo es apropiarse, aprovisionamiento mediante, del sistema que los ha excluido.
Se han empezado a regir por sus propios códigos, heredados de la sociedad burguesa que los condenó a la intemperie; no son solo “guerra entre bandas” por el control territorial y el mercado de distribución y venta de drogas; en esas guerras se asesinan madres, esposas e hijos, hermanos, familiares; en esa guerra entra el honrar a sus muertos asesinados.
Han generado, a partir de la droga, su propio “mercado”, con lógicas de producción, distribución y comercialización.
El concepto de vida, de vivir, es el despojo de lo que le ha dejado el margen de la sociedad, una vida que no tiene plazos, no tiene patria y no reconoce más autoridad que la del que posee la fuerza, siempre y cuando no se distraiga.
Vienen desarrollando su propio lenguaje, y en tanto verbalizan, generan su propia realidad, su propia cosmovisión, el necesario desarrollo cognitivo para sobrevivir.
Hace tiempo que han dejado de ser invisibles, pero nadie reparó en ello.
Respondía Marcola en una entrevista de la TV Globo, líder del PCC preso en San Pablo:
“Más que eso, yo soy una señal de estos tiempos. Yo era pobre e invisible. Ustedes nunca me miraron durante décadas y antiguamente era fácil resolver el problema de la miseria. El diagnóstico era obvio: migración rural, desnivel de renta, pocas villas miseria, discretas periferias; la solución nunca aparecía… ¿Qué hicieron? Nada. ¿El Gobierno Federal alguna vez reservó algún presupuesto para nosotros?. Nosotros sólo éramos noticia en los derrumbes de las villas en las montañas o en la música romántica sobre «la belleza de esas montañas al amanecer», esas cosas… Ahora estamos ricos con la multinacional de la droga. Y ustedes se están muriendo de miedo.
Nosotros somos el inicio tardío de vuestra conciencia social ¿Vió? Yo soy culto. Leo al Dante en la prisión”.
(*) Ricardo Pose, es Periodista en: Mate Amargo, Caras & Caretas, Ceiba Periodismo con Memoria; Coordinador WEB Telesur; Columnista de El Otro País, periódico España; y radial en Cadena del sol (Rocha-Uruguay), Radio Gráfica de (Bs. As.-Argentina), Voces en Conversa (Maracaibo-Venezuela). Blog personal «El Tábano». Participa en Foros de debates de Lauicom (Universidad de la comunicación Venezuela). Integra la RedH capítulo Uruguay y la Dirección (suplente) del Sector Prensa Escrita de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU).
