Por Alfredo Rada (*)
Sacudiendo la escena política boliviana e internacional, la policía detuvo hace unos días a Luis Alberto Arce Catacora, que fue hasta principios de noviembre el presidente constitucional de Bolivia. Arce fue interceptado por agentes vestidos de civil en una calle en el residencial barrio de Sopocachi de la ciudad de La Paz, lo subieron a una vagoneta de vidrios polarizados, en un operativo que tuvo más de levantamiento ilegal que de detención formal. María Nela Prada, que acompañó como ministra de la presidencia a Arce en el gobierno, denunció que no existía una convocatoria judicial para que el ex presidente compareciera, con oportunidades claras de defensa o impugnación de los procedimientos.
Una vez el vehículo llegó a dependencias policiales, Arce bajó enmanillado y así fue conducido por dos uniformados hacia una celda de la policía técnica judicial en La Paz, en un procedimiento descrito por Prada como un “secuestro ilegal”. Prada aseguró que no hubo notificación dada a conocer con suficiente anticipación, y que Arce fue literalmente trasladado contra su voluntad, lo que echa sombras de arbitrariedad y vulneración de garantías procesales.
El origen formal de la detención es una ampliación de la investigación por corrupción vinculada al “Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino” (Fondioc), un programa instaurado en diciembre de 2005 mediante decreto 28571, por el entonces presidente Gustavo Rodríguez Veltzé. Funcionó durante diez años, hasta que fue cerrado en 2015 por el presidente Evo Morales, tras una denuncia de la Contraloría del Estado por desvíos de fondos. La Fiscalía argumenta que, durante su gestión como ministro de Economía del 2006 al 2017, en el gobierno de Evo Morales, Arce autorizó transferencias de recursos que terminaron en cuentas particulares y proyectos inconclusos, causando un daño económico considerable. Esta línea de tiempo plantea un problema de fondo: del 24 de enero del 2006 al 6 de febrero de 2009, el ministro Arce tenía inmunidad constitucional, lo que significa que sólo podía ser sometido a un Juicio de Responsabilidades contra altas autoridades de Estado, por lo que cualquier procesamiento judicial en su contra, primero debía ser autorizado por el Congreso Nacional por dos tercios de votos; desde el 7 de febrero de 2009 -que es la fecha en que entra en vigencia la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que ya no contempla privilegio constitucional para ministros, manteniéndolo sólo para Presidente (a), Vicepresidente (a) y máximas autoridades del Poder Judicial- Arce puede ser sometido a juicio ordinario. En materia penal se investigan hechos que configuren delitos, por lo que es relevante saber si esos hechos ocurrieron en el tiempo de vigencia de la antigua o de la nueva Constitución. La decisión de aplicar procesos ordinarios contra el ex presidente la tomaron, de manera discrecional y políticamente motivada, la Fiscalía y el actual ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sin que hayan realizado una consulta en tiempo y forma al Tribunal Constitucional y éste haya emitido sentencia.
Otra de las críticas legales de fondo a lo que la derecha gubernamental presenta como “lucha contra la corrupción”, es que el “Caso Fondioc” ya fue objeto de enjuiciamiento y sentencias contra funcionarios de la administración pública, incluyendo condenas en 2015 a quienes administraron el fondo, y a las ex ministras de desarrollo rural Nemesia Achacollo y Julia Ramos, que pasaron temporadas en la cárcel. La defensa legal de Arce indica que ya había presentado descargos en ese momento y que pasó una década en que no fue incluido en ningún juicio por supuestas irregularidades. Para sectores de oposición y analistas, la reapertura de este expediente — justo después de que dejó la presidencia — parece más un acto de cálculo político que un procedimiento jurídico transparente.
La ausencia de una citación judicial previa ha desencadenado acusaciones de violación del debido proceso, un principio constitucional que exige notificación clara, oportunidad de defensa y procedimientos establecidos para cualquier imputado. Al respecto, el alcalde de La Paz, Iván Arias, un político que por su ideología de derecha fue furibundo opositor tanto a Evo Morales como a Luis Arce, urgió a respetar las vías constitucionales del debido proceso, enfatizando que la acción estatal debe estar blindada contra arbitrariedades.
Pero además de procedimientos oscuros, la detención de Arce ocurre en un momento en que el gobierno del presidente Rodrigo Paz enfrenta serias crisis internas: protestas por la represión policial en Colcapirhua, donde hubo muertos y heridos por impactos de bala, en un conflicto por la gestión de residuos sólidos; una economía en dificultades, con inflación de productos de las canasta familiar y desabastecimiento de carburantes.
El abogado y economista Roddy Martínez, en entrevista con el medio Rusia Today, afirmó que el apresamiento del ex presidente buscaría virar la atención pública lejos de la indignación por el uso de armas de fuego contra manifestantes y el malestar social por la crisis económica. Martínez aseveró también que el objetivo de fondo es incriminar a otro ex presidente: Evo Morales
Hay una pregunta inevitable: ¿por qué el gobierno de Paz, que insiste en que actúa dentro de los márgenes de la ley, no consultó al Tribunal Constitucional antes de una detención tan espectacular? Como se ha dicho, las denuncias sobre el Fondioc fueron objeto de comisiones legislativas de fiscalización y procesos con decisiones judiciales anteriores. Pero ahora, por razones que van más allá de lo estrictamente jurídico, ese mismo caso ha sido reabierto porque es funcional a la persecución política.
(Foto portada tomada de TeleSur)
(*) Alfredo Rada, economista, asesor sindical, investigador, comunicador y docente boliviano con estudios en sociología. Fue viceministro y ministro. Es autor de varios libros y publicaciones.
