Por Alfredo Rada (*)
El 10 de noviembre de 2019 fue el golpe de Estado contra Evo Morales, luego de una revuelta de grupos civiles opositores, el accionar de grupos de choque que atacaron e incendiaron edificios públicos, sedes sindicales de organizaciones que respaldaban al gobierno, y viviendas particulares de ministros, viceministros y parlamentarios oficialistas. Un motín policial y la sedición de los mandos militares consumaron el derrocamiento de Morales, asumiendo como presidenta de facto Jeannine Añez. La Constitución boliviana establece que sólo hay dos formas en que un gobierno sea constitucional: 1) Habiendo ganado elecciones por voto popular, o 2) Mediante una sucesión constitucional.
Añez no hizo lo primero ni fue resultado de la línea de sucesión prevista en la Constitución, ya que no era vicepresidenta, ni presidenta del Senado o de Diputados. Por ello juró al cargo en medio de un ambiente violento, en una Asamblea Legislativa Plurinacional (Congreso) semivacía. Ya en el Palacio de Gobierno, la banda presidencial le fue colocada por un militar.
Confirmando que lo sucedido fue un golpe de Estado, a los dos días de ocupar la presidencia, Añez firmó un decreto ordenando a las Fuerzas Armadas y a la Policía utilizar toda la fuerza necesaria para dispersar las protestas sociales. Así fue que el 15 de noviembre de 2019 ocurrió la “Masacre de Sacaba”, en que murieron indígenas quechuas en la región céntrica de Cochabamba, y el 19 de noviembre de 2019, ocurrieron más muertes, esta vez de indígenas aymaras en la “Masacre de Senkata”, en el departamento occidental de La Paz. De esta forma, a sangre y fuego, se consolidó el gobierno de Añez.
Pasaron 11 meses en los que varios casos de corrupción cometidos en medio de la pandemia del Covid, nuevos abusos del régimen autoritario, el deterioro de la economía y la resistencia indígena y popular, obligaron a convocar elecciones en octubre de 2020, en las que volvió a ganar el Movimiento al Socialismo (MAS).
El año 2021 comenzó el juicio a la golpista, con varios procesos, concluyendo uno de ellos (el “Caso Golpe II”) con una sentencia de 10 años de prisión para Añez, lo que fue un avance muy importante para hacer justicia por las dos matanzas de civiles del 2019.
Sin embargo, los vientos políticos cambiaron: el gobierno masista de Luis Arce hizo una mala gestión de la economía, se fue derechizando y terminó reprimiendo con la fuerza pública a las protestas campesinas. Ya la división entre Arce y el ex presidente Evo Morales era definitiva, respondiendo el gobierno con la proscripción política electoral de Morales. La izquierda se quedó sin candidatura competitiva en las últimas elecciones de agosto de este año, y la tortilla se dio vuelta por completo, arrasando las derechas, que ahora asumen el gobierno y tienen control pleno del legislativo.
El poder judicial se acaba de acomodar a la nueva nomenclatura política derechista. Hace tres días, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la sentencia del mencionado “Caso Golpe II” contra Jeannine Añez. El argumento de los magistrados, que hasta hace algunos meses no hicieron ninguna observación de fondo al juicio, es que se cometieron irregularidades que afectaron el derecho a la defensa y el debido proceso. En su decisión, el TSJ afirma que la revisión del caso identificó que hubo vicios en la sentencia original, lo que compromete la validez del fallo emitido en su momento. Asimismo, el tribunal argumenta que la anulación de la sentencia responde a la necesidad de salvaguardar la institucionalidad judicial y evitar posibles arbitrariedades.
Finalmente, el Tribunal Supremo establece que, una vez anulada la sentencia, corresponde proceder a la revisión del caso desde cero. De esta forma justificó ordenar la inmediata excarcelación de Jeannine Añez, que acaba de salir libre.
Los familiares de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata expresaron su indignación por este giro radical del poder judicial. Consideran que esta decisión representa un retroceso en la búsqueda de justicia, configurando una inaceptable impunidad que socava la verdad histórica.
Mientras la golpista se beneficia de tanta impunidad, las derechas hegemónicas que están a punto de consagrar presidente a Rodrigo Paz, y ya tomaron todos los espacios del poder legislativo, anuncian que se viene una especie de venganza política, con el enjuiciamiento y la detención del propio Evo Morales, el ex vicepresidente Álvaro García Linera y ex ministros que fueron parte de los gobiernos masistas. En la persecución judicial (Lawfare) que se viene, no se fijarán si se respetan los derechos o si hay un debido proceso, ya que de lo que se trata es de escarmentar a los ex gobernantes, para que por mucho tiempo la izquierda popular no vuelva a levantarse.
En Bolivia hay un rasero judicial para los golpistas y otro para los masistas. Tal y como sucedió en Perú, que mientras indultaban a Alberto Fujimori, encarcelaban a Pedro Castillo. O en Argentina, que mientras archivan causas judiciales contra los genocidas de la dictadura militar de los setenta, procesan y aprisionan a Cristina Kirchner.
(Contrapunto, por gentileza del autor)
(*) Alfredo Rada, economista, asesor sindical, investigador, comunicador y docente boliviano con estudios en sociología. Fue viceministro y ministro. Es autor de varios libros y publicaciones.
