EL SHUTDOWN EN ESTADOS UNIDOS (2025)

Un conflicto político que revela una crisis más profunda

Por Raúl Miranda

Dibujo de Portada Adán Iglesias Toledo

¿Qué está pasando?

Desde el 1 de octubre de 2025, el gobierno federal de Estados Unidos está cerrado parcialmente.

Esto significa que miles de oficinas, programas y servicios del gobierno dejaron de funcionar porque el Congreso no aprobó el presupuesto necesario para seguir operando.

En palabras sencillas: el gobierno se quedó sin permiso legal para gastar dinero.

Por eso, alrededor de 900,000 empleados federales fueron suspendidos sin salario o siguen trabajando sin recibir pago inmediato.

Agencias como parques nacionales, oficinas de pasaportes, servicios de salud pública, programas de vivienda y muchas otras áreas están funcionando de manera limitada o totalmente paralizadas.

2. ¿Por qué ocurrió?

El cierre no se debe a un simple retraso administrativo, sino a una pelea política de fondo entre los dos partidos que dominan el poder en Washington.

• El Partido Republicano, dirigido por Donald Trump, exige recortes profundos en el gasto público, especialmente en programas sociales, educación y salud. Los recortes suman más de $450,000 millones en reducciones de gasto social, lo que represente el mayor ajuste social propuesto en EEUU desde la década de 1980.

Dicen que el gobierno “gasta demasiado” y que hay que “ordenar las cuentas”.

Pero detrás de ese discurso, lo que realmente buscan es proteger los intereses de los grandes empresarios, reducir impuestos al capital y debilitar las regulaciones que limitan sus ganancias.

• El Partido Demócrata se niega a aceptar esos recortes. Defiende mantener el financiamiento de programas sociales y ayudas a las familias más vulnerables.

Sin embargo, su propuesta no cambia la estructura del sistema: solo busca administrar el mismo modelo con un rostro, aparentemente, más humano.

Ambos partidos representan intereses de poder, pero mientras pelean entre ellos, la población trabajadora es la que sufre las consecuencias.

3. ¿Qué consecuencias tiene para la gente común?

El shutdown golpea directamente a quienes viven de su trabajo o dependen de los servicios públicos.

• Empleados federales: Miles están sin salario. Muchos deben recurrir a préstamos o ayudas para pagar renta, comida o gasolina.
• Familias pobres: El programa de alimentos (SNAP) está asegurado solo hasta finales de octubre. Si el cierre continúa, millones podrían quedarse sin ese apoyo.
• Servicios públicos: Se detienen o retrasan trámites de inmigración, becas, inspecciones de salud, permisos ambientales, etc.
• Economía local: En comunidades con alto empleo federal, los negocios pequeños (restaurantes, transporte, guarderías) ya sienten la baja en ventas.
• Transporte y viajes: Hay retrasos en aeropuertos porque parte del personal de control aéreo y seguridad trabaja sin pago o con menos turnos.

Mientras tanto, las grandes corporaciones, los bancos y las élites financieras no se ven afectadas.

Sus negocios siguen funcionando, sus ganancias continúan, y hasta se benefician de la inestabilidad, porque muchas veces logran negociar más poder en tiempos de crisis.

4. ¿Qué hay detrás de todo esto?

El shutdown es un espejo del sistema político y económico de Estados Unidos.

Muestra cómo, detrás del discurso de la “democracia” y la “eficiencia”, existe una lucha constante entre los intereses del dinero y las necesidades del pueblo.

Durante décadas, los grandes capitales se han beneficiado de rebajas de impuestos, rescates financieros y contratos públicos millonarios, mientras se pide austeridad para la educación, la salud o la vivienda.

El resultado es una sociedad profundamente desigual, donde los más ricos influyen en las decisiones del Congreso, y los más pobres solo son mencionados en tiempos de campaña.

El cierre del gobierno no es más que el reflejo de esa contradicción:

el sistema ya no puede sostener a la vez las ganancias de unos pocos y la vida digna de la mayoría.

5. Una crisis política, pero también social y moral

Cada día que pasa sin acuerdo, se profundiza la desconfianza en las instituciones.

La gente ve que los políticos se culpan entre sí, pero nadie asume la responsabilidad ni piensa en los trabajadores que no reciben su sueldo o en las familias que pueden quedarse sin comida.

El problema no es técnico ni contable: es ético y estructural.

El dinero público debería servir al bienestar común, pero se usa como arma en las disputas de poder.

Mientras tanto, los verdaderos problemas —la pobreza, el costo de la vida, la falta de vivienda, la crisis climática— quedan relegados.

6. Lo que puede venir

Si el shutdown continúa más allá de octubre:

• La economía perderá miles de millones de dólares por semana, según el propio Departamento del Tesoro.
• Los servicios sociales básicos podrían suspenderse, afectando sobre todo a mujeres, niños e inmigrantes.
• Aumentará la presión ciudadana, y podrían surgir protestas y movimientos de empleados federales y comunidades organizadas.

En cada crisis como esta, queda más claro que el sistema actual ya no responde a las necesidades de la gente, sino a los intereses de una minoría poderosa.

7. En resumen

El shutdown es mucho más que una pelea entre partidos.

Es una muestra de cómo las decisiones políticas en Estados Unidos responden a los intereses del dinero y no a los de la gente común.

Mientras los poderosos discuten sobre cifras y recortes, millones de familias pagan el precio del bloqueo.

Este cierre del gobierno no es solo una pausa en el sistema: es la evidencia de que el modelo económico y político actual está agotado y necesita un cambio profundo.

Cronología del shutdown 2025

• Septiembre 2025: Las negociaciones sobre el presupuesto federal se estancan. Los republicanos, dirigidos por Trump, exigen recortes profundos en programas sociales. Los demócratas se oponen y piden mantener el gasto en salud, educación y vivienda.
• 30 de septiembre: Expira la resolución temporal que mantenía al gobierno funcionando. El Congreso no aprueba una nueva extensión y el país entra en vacío de financiamiento.
• 1 de octubre: Comienza oficialmente el cierre parcial del gobierno (shutdown). Cerca de 900,000 empleados federales son suspendidos o trabajan sin pago. Varias agencias y oficinas públicas cierran.
• 3 al 5 de octubre: Se sienten los primeros efectos. Se cierran parques nacionales y museos, se retrasan vuelos por falta de personal y algunos servicios sociales reducen atención.
• 7 al 10 de octubre: Se registran protestas y concentraciones de empleados federales en Washington y otras ciudades. Los sindicatos denuncian que los trabajadores son rehenes de la disputa política.
• 11 de octubre: El Senado intenta votar una propuesta de financiamiento que recorta fondos a salud y educación. Los demócratas la bloquean. El impasse continúa.
• 15 de octubre: Trump ordena despidos masivos en agencias consideradas “no esenciales”. Una jueza federal detiene parcialmente la medida tras demandas de sindicatos.
• 16 de octubre: El Senado realiza un nuevo intento de aprobar el presupuesto, pero fracasa nuevamente. Es el décimo intento fallido.
• 20 de octubre (previsto): Los fondos del programa de asistencia alimentaria (SNAP, conocidas como las estampillas) podrían agotarse si el cierre no se resuelve. Crece la preocupación entre millones de familias.

En qué consisten los recortes propuestos por Trump:

1. El presupuesto 2026 sería el mayor recorte social desde los años de Reagan

• El plan presupuestario presentado por la administración Trump recorta o elimina más de 450 mil millones de dólares en gasto social.
• Es el ajuste más grande desde la “Reaganomics” de los años 80, cuando se redujeron de forma masiva los fondos de vivienda, educación pública y asistencia alimentaria, bajo el argumento de “achicar el Estado”.
• En aquella época, el gasto social federal cayó del 22 % del presupuesto total en 1980 al 13 % en 1988; el nuevo plan busca un patrón similar.

Igual que en los 80, se intenta transferir recursos del Estado hacia el capital privado, debilitando la red de protección social.

2. Reducción sanitaria comparable al periodo pre-Obamacare

• El recorte del 26 % al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) revertiría más de una década de expansión de cobertura médica.
• Si se aprueba, el gasto sanitario federal quedaría en niveles equivalentes a 2008, antes de la aprobación del “Affordable Care Act”.
• Esto afectaría programas de prevención, control de epidemias y salud comunitaria: solo el CDC perdería alrededor de 6,000 millones de dólares.

El país volvería a un modelo sanitario de mínima intervención federal, donde cada estado y cada ciudadano asumen el costo de su salud.

3. Vivienda pública al punto más bajo en 60 años

• Desde 1965, cuando se creó el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), no se había visto una reducción tan profunda.
• El presupuesto elimina el Community Development Block Grant, un programa que financia desde refugios hasta reparaciones en vecindarios pobres.
• En total, la inversión federal en vivienda sería la más baja desde 1968, ajustada a la inflación.

El Estado federal se retira prácticamente del campo de la vivienda popular, dejando la carga a gobiernos locales sin recursos.

4. Educación pública: regreso a los niveles previos a la Ley de Derechos Civiles

• La eliminación de programas como TRIO, GEAR UP y SEOG deja sin apoyo a más de 1.5 millones de estudiantes de bajos ingresos.
• El presupuesto recorta en un 35 % la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación, responsable de vigilar la discriminación racial y de género en las escuelas.
• Estos recortes dejarían el financiamiento educativo en su proporción más baja del PIB desde 1972.

No solo es un recorte económico, sino también simbólico: se debilitan los avances en igualdad educativa conseguidos desde el movimiento por los derechos civiles.

5. SNAP: recorte mayor que durante cualquier otra administración moderna

• Los cambios en SNAP implican una reducción de 100 a 120 mil millones de dólares en diez años, superior incluso a los ajustes propuestos durante las administraciones de Bush o Trump (2017).
• De aprobarse, más de 3 millones de personas perderían el acceso directo a beneficios alimentarios, y otros millones verían reducida su cobertura.

Se trata del golpe más severo al sistema de asistencia alimentaria desde su creación en 1964.

6. Impacto macroeconómico directo

• La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) estima que los recortes reducirían el gasto público total en 1.8 % del PIB en los próximos tres años.
• Esto podría frenar el crecimiento y aumentar el desempleo entre 0.5 y 0.8 puntos porcentuales hacia 2027.
• Es un ajuste más severo, en proporción al PIB, que el implementado en 2013 bajo la política del “sequester” (el techo fiscal del Congreso).

Los recortes no solo afectan a los pobres; también ponen en riesgo la estabilidad económica general.

7. Desmantelamiento parcial del Estado del bienestar

• Si se suman los recortes en salud, educación, vivienda y transferencias familiares, el gasto social federal caería del 14.8 % al 10.9 % del PIB, una reducción de casi cuatro puntos porcentuales.
• En términos históricos, esto significaría retroceder a niveles de gasto social similares a los de 1963, antes de los programas de Lyndon Johnson (“Great Society”).

Se deshace en pocos años gran parte de la estructura social construida durante medio siglo.

8. Concentración del poder económico

• Los recortes sociales van acompañados de reducciones de impuestos corporativos y nuevas deducciones para ingresos altos.
• Según el análisis del Tax Policy Center, el 1 % más rico captaría alrededor del 30 % de los beneficios fiscales del nuevo plan, mientras el 60 % de la población tendría aumentos netos de impuestos o pérdida de beneficios.

Es un programa redistributivo al revés: quita recursos a los sectores medios y pobres para beneficiar a las élites económicas.

9. Efecto sobre los estados y municipios

• El retiro de fondos federales obligaría a los estados a cubrir con recursos propios programas esenciales como transporte, salud pública o vivienda.
• Se estima que 23 estados enfrentarían déficits fiscales en el primer año de aplicación.
• Los más afectados serían California, Nueva York, Texas y Florida, por su volumen de programas sociales federales.

El gobierno federal descarga la responsabilidad sobre los estados, lo que puede aumentar la desigualdad territorial entre regiones ricas y pobres.

10. Riesgo de conflicto social y político

• Expertos de Brookings y Pew Research señalan que un recorte social de esta magnitud puede profundizar la polarización y la desconfianza institucional.
• En los 80, el ajuste de Reagan generó una ola de pobreza urbana y desigualdad racial; hoy podría repetirse en un contexto más tenso y precario.

No solo es una disputa económica, sino un punto de inflexión en el modelo de país que Estados Unidos será en las próximas décadas.