“No hay lawfare sin medios de comunicación que se pongan a su servicio”
En la Conferencia Internacional organizada en Caracas, “Colonialismo, neocolonialismo y los despojos territoriales del imperialismo occidental, organizada por el Instituto Simón Bolívar y la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad”, dialogamos con el académico mexicano, Anibal García sobre la expansión del lawfare, como método de criminalización política contra dirigentes progresistas.
Por Ricardo Pose (*)
Portada Marina Cultelli, tinta china (**)
Fue el filósofo y jurista francés Montesquieu (1689-1755) en el siglo XVIII, quien impulsó como forma del nuevo Estado que iba a suplir la monarquía, que tuviera contrapesos, es decir, que su poder no fuera absoluto e indiscutible, sino que fuera controlado por otras instituciones públicas que no estuvieran en manos de una misma persona o grupo. De este modo, se consolidó la separación de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Sin embargo, con el paso del tiempo, las oligarquías dentro de cada nación empezaron a encontrar limitantes al modelo, cuando debían reprimir el descontento ciudadano.
Así paso a fines del siglo pasado, de los cuartelazos a los Golpes de Estado cívico militares, hasta llegar en nuestros días, para no perder el formato de Estado Derecho, a violentar la doctrina de la separación de poderes, a la utilización del Poder Judicial al servicio de los sectores dominantes, no solo en el sentido de clase (la Justicia civil para defender la propiedad privada y la Penal, para criminalizar la pobreza), sino en la arena político partidaria.
Lawfare
En Caracas pudimos conversar con el conferencista y académico Anibal García (A.G.), que integra el Observatorio Lawfare y nos brindó un panorama de algunas de las primeras conclusiones, sobre esta forma de nueva batalla política desarrollada por los grupos de poder.
R.P.: García, empecemos un poco por el planteo más general que venís desarrollando.
A.G.: Bueno, el desarrollo general es sobre la guerra judicial en América Latina y el lawfare, que en realidad es el concepto que manejamos en el Observatorio Lawfare.
En el Observatorio analizamos no únicamente desde la parte judicial, hemos investigado más sobre el tema, para hacer cuatro ramificaciones.
Una de ellas es la judicial, que tiene que ver con la apertura de causas judiciales, con la manera en la que van trabajando también los distintos poderes judiciales en América Latina, los convenios que hay con otro tipo de instituciones, como son en Estados Unidos particularmente, y a nivel también latinoamericano, o incluso también como el caso de la OEA, en donde tienen varios rubros de colaboración.
Además de ese, hay otros tres, que es como el plus que termina haciendo como una mirada más compleja de lo que es el lawfare
Uno de ellos tiene que ver con los medios de comunicación. No hay manera de que haya lawfare sin medios de comunicación.
De hecho, lo primero que viene antes de llegar a la causa judicial, es precisamente la parte de desmoralización que se encargan de hacer los medios de comunicación.
Y en esa desmoralización ocurre mucho que los medios de comunicación van “manufacturando consenso”, ese concepto que manejan Chomsky y Hartman.
En esa manufacturación de consenso suceden dos cosas : una, desmoralizar al enemigo, que es precisamente el sujeto político, alguien que está dentro de la política o que tiene un alto cargo, desde presidentes hasta viceministros, ministros o incluso gente que está en otro tipo de rubros, como puede ser la Cámara de Diputados o senadores.
La consecuencia de esa desmoralización tiene que ver con eliminarle el poder de convocatoria o legitimidad, particularmente de izquierda, que es a donde apunta precisamente esta estrategia judicial y mediática.
La otra es la parte económica, que va vinculada a la parte geopolítica.
La parte económica tiene mucho que ver porque después de lo que hemos visto en distintos casos, como Brasil con Dilma con el impeachment o con el mismo Lula, cuando se le impide participar en elecciones, o lo que sucede ahora en Ecuador, el retorno de gobiernos de derecha con esa agenda neoliberal que implica perder de derechos sociales, económicos, perder soberanía, privatizaciones, o sea toda la agenda neoliberal y sobre todo el tema de la deuda, que eso es algo importante y que incluso se nota ahora con lo que ha hecho Milei en Argentina y desde antes con Macri.
Vinculado a la parte geopolítica, tienen que ver mucho aquellos países en donde hay un interés de seguridad nacional, particularmente de Estados Unidos y que tiene una proyección geopolítica, por ejemplo el caso de Brasil con el presal, cuando hacen todo lo de Dilma, ese impeachment contra Dilma, en el fondo fue intentar impedir el desarrollo del presal, pero también impedir el desarrollo de un arma nuclear, de un submarino nuclear como el que tenía Brasil, o en el caso de Argentina el desarrollo o la recuperación por ejemplo del sector hidrocarburos, o en el caso de Ecuador el desarrollo también del sector hidrocarburos y eso lo vemos ahora con lo que ha hecho tanto Novoa como Lasso e incluso Lenin, con todos los acuerdos que han establecido con el Fondo Monetario Internacional en donde le eliminan el subsidio a la gasolina, pero además también van retirando la importancia que tenía la empresa pública de petróleo.
En el caso particular de Ecuador, fue importante un gobierno como el de Rafael Correa que eliminó las bases militares que tenía Estados Unidos, que ahora Noboa plantea regresar a partir de acuerdos que suscribe con sus contrapartes en Estados Unidos, particularmente el Departamento de Defensa y particularmente lo que tiene que ver con las Islas Galápagos que es donde tienen el interés mayor, porque a partir de ahí van a proyectar un perímetro de seguridad que apunta precisamente hacia el Pacífico y puntualmente hacia China.
R.P.: Me interesa bastante la cuestión del rol de los medios de comunicación, fundamentalmente si se puede hablar de una estrategia que más allá de las realidades locales haya como una estrategia más importante internacional, dirigida, teledirigida y si hay de alguna manera como una suerte de protocolo de instalación de la imagen que se quiere lograr en este caso, de una imagen negativa por denuncias de caso de corrupción, malversación de fondos o cosas por el estilo.
A.G.: Sí, hay una intención, y la intención siempre, particularmente en los últimos 10 años más o menos, ha sido intentar vincular a los gobiernos de izquierda con el tema de la corrupción.
Prácticamente nadie en su sano juicio estaría a favor de la corrupción. Y por lo mismo es un elemento de poder que permite aglutinar a amplios sectores de la sociedad, tanto de izquierda como de derecha, o aquellos que no tienen una definición ideológica política así, y que convoca mucho en la sociedad, pero que sobre todo permite ubicar a un gobierno como un gobierno corrupto y por lo tanto ilegítimo, y por lo tanto es bueno sacarlos de ese gobierno.
Y a partir de ahí toda una estrategia de poder duro y de poder suave, que trae como finalidad un cambio de régimen. Lo vimos en el caso de Brasil, lo hemos visto en el caso de Cristina.
Los medios de comunicación acompañan eso, estableciendo una narrativa, por un lado, y estableciendo una agenda de corrupción. Muchos medios de comunicación en América Latina han contado además con financiamiento de Estados Unidos para instalar precisamente esa narrativa y con esa finalidad, para minar precisamente procesos de cambio o procesos de recuperación de soberanía, como ha sido en otros países de América Latina, los que he mencionado, y además también en Centroamérica, que se cuece aparte, pero que también es algo similar. Los medios de comunicación tienen esa característica de intentar instalar esa narrativa.
Cuando además vemos que son muchos medios de comunicación que se establecen como alternativos o independientes del poder político, lo que hemos notado es que muchos de ellos tienen financiamiento del gobierno de Estados Unidos, ya sea de la USAID, ya sea de la ANED, que además son las instituciones que además han hecho mucho para lograr cambios de régimen o para hacer estrategias de poder, de injerencia en los países de América Latina y del mundo, y han logrado bastante con eso.
De hecho, el caso de Ecuador es el que ejemplifica mucho mejor, porque lo vimos en la causa Arroz Verde, que después es la causa Soborno. Quienes están detrás de esa causa son dos periodistas que pertenecen a dos medios de comunicación que tuvieron financiamiento de la USAID y de la ANET, que además nunca han declarado, dónde obtuvieron una gran cantidad de documentos que después (esa es la parte que conecta con el área judicial), ellos son llamados por el Poder Judicial para testificar a partir de su trabajo periodístico, dan información que nunca publican la fuente, pero que además son documentos que tienen esta característica como de ser oficiales, tienen como esa parte de filtración y que termina desembocando en la conformación de una causa judicial, como fue en el caso de Ecuador con la causa soborno y ahí es donde viene esa parte de la manufacturación de consenso.
En definitiva, termina siendo un cierto viso institucional que además no rompe necesariamente las lógicas del Estado de Derecho, está arropado dentro de ese esquema.
R.P.: ¿Cuál de las reacciones que se han podido ver poder plantear cierto nivel de resistencia ante esa andanada?
A.G.: La organización social es lo que permite precisamente que no les eliminen esa parte de legitimidad a los gobiernos. El caso más paradigmático creo que es el de México y curiosamente no se suele hablar de cuando fue el desafuero de López Obrador en el 2005, porque querían abrirle una causa judicial de una manera totalmente ilegal y avanzar con eso para poder proscribir su participación en las elecciones del 2006. La estrategia que hizo López Obrador fue buena, se defendió en el Congreso y convocó a una marcha para la defensa no de él sino de lo que representaba. A partir de ese movimiento de masas, de la sociedad organizada, incluso en defensa de López Obrador y de lo que representaba, se permitió que en ese caso en particular, quienes estaban armando esa causa judicial desistieran y a partir de ahí no le impidieron participar en las elecciones del 2006, aunque después vino el fraude electoral.
En otros casos, Brasil por ejemplo, muestra precisamente lo contrario, que a pesar de que no hubo una corroboración de las pruebas que se tenían supuestamente de corrupción de Lula, sí le proscriben de participar, pero no tienen la potencia en los movimientos sociales o la sociedad organizada, en distintos colectivos, para poder defender la candidatura de Lula.
Y bueno, desde luego que el caso de México vuelve a ser más paradigmático por lo último que ha sucedido en el país, que es transformar a todo el poder judicial. Yo creo que una de las características innovadoras que tiene el proceso mexicano es precisamente ese, el de cambiar a un poder judicial, en donde además se enquistan poderes que son fácticos y que están dentro del poder judicial, para precisamente hacer algo que es totalmente ilegítimo, totalmente antidemocrático, como proscribir a un candidato con causas que además no tienen asidero en la realidad y que no constan con pruebas.
R.P.: Parecería haber ciertas debilidades en lo que podríamos denominar la batalla cultural, porque es cierto que cuando se presentaron estos casos, ciertos sectores del progresismo se abrazaron a una suerte de purismo tal, que si bien no terminaban condenando, se mantenían un poco al margen, indiferentes, mientras este proceso avanzaba y se caía además en esa lógica, de respetar las decisiones judiciales.
A.G.: Es una decisión política de los partidos políticos, de quienes están en la política latinoamericana, de intentar hacer como una estrategia de control de daños. Pero lo que ha resultado es que precisamente termina en división de partidos, en división de procesos, en la imposibilidad de poder volver a la política en un solo partido o en un solo movimiento, o conformar un bloque, un frente amplio que posibilite superar esa parte. Ahí yo creo que es necesario hacer una autocrítica de los procesos que han habido en América Latina, porque es muy interesante como a partir del relato de la corrupción, terminan dividiendo a partidos políticos, a movimientos, y esa es parte también de la estrategia de poder que se establece desde los centros hegemónicos, como es Estados Unidos, o incluso la Unión Europea, que también ha incidido en eso, y con organismos multilaterales.
Necesariamente tiene que haber ahí una manera de resolver ese tipo de conflictos, pero sin que implique la división, porque también la política es tiempo, a lo mejor en algún momento es necesario distanciarse y decir, bueno, se le va a abrir un proceso judicial, que se muestren las pruebas, pero si no, no dejarlo solo.
R.P.: ¿Qué es lo que ustedes están haciendo?
A.G.: El Observatorio Lawfare, es un espacio que tenemos con Silvina Romano, Tamara Lajman y Marcelo Maisonave, tres compañeros que están en Argentina. Los cuatro somos académicos y además en mi caso estoy dando clase también en la UNAM, en la Facultad de Filosofía.
Este observatorio no es de la UNAM, es un observatorio independiente, es un espacio que hicimos nosotros, que veníamos de estudiar, de analizar la geopolítica latinoamericana, las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Y en los últimos 10 años con el tema de la judicialización de la política, veíamos la necesidad de estudiar eso de una manera académica, de una manera amplia, de una manera además interdisciplinaria que nos permitiera poder dar más elementos teóricos, más elementos de análisis para explicar algo que estaba incidiendo en la sociedad latinoamericana y en los gobiernos progresistas de América Latina.
(*) Ricardo Pose es periodista, integrante de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). Colabora con distintos medios de prensa de Uruguay, columnista en Radio Gráfica de Argentina, corresponsal de Mate Amargo en Venezuela, Coordinador de la sección web en teleSUR y autor del blog “El tábano”. Es miembro de la REDH (Capítulo Uruguay).
(**) Marina Cultelli: Es una de las artistas uruguayas contemporáneas más versátiles, integrante de la RedH y de su colectivo feminista Libertadoras. Es Licenciada en Artes Escénicas, Magíster y fue Profesora en la Facultad de Artes (UDELAR), donde integró órganos directivos además de dictar cursos en otras universidades latinoamericanas. Recibió premios nacionales e internacionales. Fue asesora en Educación y Arte. Desarrolló trayectoria teatral y es autora de varias publicaciones individuales y colectivas. Realizó exposiciones de pintura y performances.
