Por Claudia Suárez Delgado (*)
Nuevamente la sociedad se vió impactada frente a los casos de violencia contra la infancia y las mujeres, por un lado el dolor y la impotencia se hace presente e invoca la búsqueda de mejores soluciones como colectivo, reclamando también al estado, por otro lado las voces antiderechos aprovechan a descargar su odio ubicando la culpa en quiénes sufren la violencia y las herramientas de protección logradas.
Frente a estos eventos, la Comisión de género y feminismos del Frente Amplio se presentó ante la mesa política, el pasado lunes 15 de setiembre, para presentar un informe sobre violencia vicaria. El informe fue muy bien recibido y se planteó que se trabaje en las distintas esferas de la fuerza política.
En el informe se establece que “la violencia vicaria es una forma de violencia de género por la cual los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género son instrumentalizados como objeto para maltratar y ocasionar dolor a sus madres” (Amnistía internacional 2023). Plantea que el término fue acuñado por la psicóloga feminista Sonia Vaccaro en 2012, en Argentina, definiéndolo como: “la expresión más cruel de la violencia de género, en la que el agresor –‘exesposo o expareja’– busca dañar a la mujer a través de sus hijos, asegurándose de que no se recuperará jamás. La imposibilidad de actuar o desplegar estrategias para garantizar la protección de sus hijos/as cuando éstos se encuentran bajo el ‘cuidado’ de sus propios agresores, coloca a las mujeres víctimas de violencia basada en género y sus hijos/as en una situación de extrema vulnerabilidad. En este contexto o previo al mismo surgen frases como ‘te voy a dar donde más te duele’, ‘te los voy a sacar y te voy a dejar en la calle’ y es entonces donde cabe preguntarse ¿Qué puede lastimar más a una madre que poner en peligro a sus hijas/os?”
En el informe se presentan datos del SIPIAV(2024) Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, INAU “detectó e intervino en 8.924 situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes en Uruguay, lo que representa un promedio de 24 situaciones por día. Del total de casos, el 56% corresponde a mujeres, mayoritariamente adolescentes entre los 13 y 17 años. En cuanto a las personas agresoras, el 90% pertenece al núcleo familiar o de convivencia de las víctimas”. Además de la lectura del informe se generó un intercambio que alertó sobre la profundización de la aparición de discursos violentos, discursos antiderechos, fascistas, principalmente a través de redes sociales. Se compartió la necesidad de trabajar en toda la estructura de la fuerza política para sensibilizar e informar a las personas. Se reconoció la complejidad del tema y la necesidad de darle un tratamiento acorde a dicha complejidad. Se mencionó la importancia de que los debates y la intención de priorización de la infancia tengan un correlato a nivel presupuestal.
Charlamos con Inés Cortés diputada nacional por el MPP, le preguntamos por los proyectos que se vienen trabajando para mejorar la malla de protección para niños, niñas y adolescentes, “lo que planteamos nosotros es que la ley conocida como de tenencia compartida estableció varias cuestiones en el articulado, que un poco vulneran el derecho a la protección de las infancias y adolescencias y también a las mujeres víctimas de violencia de género a la hora de ir a denunciar. Básicamente porque se sostuvo en un discurso que planteaba que había muchas denuncias falsas en el ámbito de la violencia de género y que las mujeres poco más que ¡estaban de vivas! Iban y denunciaban a los padres de los hijos y eso hacía que casi que mágicamente dejaran de ver a sus hijos estos varones. Bueno, esto claramente no es así, pero lograron instalar esa idea y promueven esta ley, que justamente en su artículo 4 plantea que en situaciones de violencia de género, cuando una madre denuncia a un padre, o sea que tienen un hijo en común, las medidas de protección se aplican a la madre, pero no necesariamente al hijo, a no ser que realmente haya un riesgo comprobado, por decirlo de alguna manera. Esto contraviene el propio Código de la Niñez y la Adolescencia en su artículo 123 que plantea que la violencia hacia la madre o la mujer a cargo de un niño, niña o adolescente es violencia también hacia ellos, se considera violencia directa hacia ellos, la violencia en el hogar hacia la madre también se considera violencia para las infancias y adolescencias.
Por lo tanto, en eso se basaba esta medida de precaución, de protección mediante las medidas cautelares. Las medidas cautelares son eso, son medidas de protección que vienen a garantizar el principio precautorio que rige en el derecho de familia, que ante un eventual riesgo protejo y después se desarrollaba el proceso.
Esto se modifica con la ley de tenencia compartida.
También se incorpora otro artículo, que es el artículo 15 que genera un agravante respecto de la supuesta denuncia falsa que también nos parece preocupante y nos proponemos derogar en un nuevo proyecto de ley, porque en definitiva desestimula a las mujeres a denunciar situaciones de violencia de género, que además sabemos que es muy difícil de denunciar, porque son situaciones que pasan en el ámbito privado, sin testigos y demás. En realidad el delito de falsa denuncia ya existe en el artículo N°179 del Código Penal, para cualquier delito, es decir, hacer una denuncia falsa en nuestro país es delito, sea el delito que fuera, que se denuncie, entonces no nos parece correcto generar un agravante para situaciones de violencia de género.
El Frente Amplio se está planteando otro marco normativo, más allá de la Ley de Tenencia compartida que tiene estas cuestiones y que fue el foco mediático. Nosotros nos proponemos abordar la protección hacia las infancias y adolescencias contra las violencias. Y no solo la violencia en los hogares, que sí es alarmante porque los datos nos demuestran que hay niveles de violencia muy altos, sino también la violencia en los barrios, en las instituciones, y ponernos a discutir cómo protegemos a las infancias. Este proyecto de ley es como una ley marco que modificaría el código de la niñez y la adolescencia, la ley que generó el SIPIAV, la ley de violencia basada en género, varias leyes vigentes para abordar de manera integral la protección a las infancias y adolescencias”.
Para explicarnos el nuevo marco normativo que vienen impulsando nos explicita que cuenta con “dispositivos territoriales para la violencia en los barrios. Estamos hablando de que tenemos un triste promedio de un niño o adolescente herido de bala cada seis días a lo que va en 2025. Entonces generar dispositivos donde las intendencias también participen para generar lugares seguros a los cuales recurrir en este tipo de situaciones. Tipificar el filicidio que hoy en nuestro código penal no está tipificado, generar la figura de la violencia vicaria que hoy no está en la legislación uruguaya, o sea que lo incorporaría a la Ley N° 19.580 (Violencia hacia las mujeres basada en género), y bueno, por ahí es lo que estamos pensando”.
Le consultamos también sobre el trabajo que vienen realizando para lograr aprobar estos proyectos a nivel legislativo “Respecto de si hemos avanzado con las negociaciones sobre este proyecto, Bueno, sí, hemos tenido conversaciones informales con distintos legisladores y legisladoras de distintos partidos y hemos encontrado buena receptividad para discutir sobre este proyecto”.
Se hace imprescindible como sociedad ver a nuestras infancias como sujetos de derecho y no como objeto de propiedad de sus progenitores. Generar comunidades que puedan intercambiar y entender estas situaciones con los niveles de complejidad que acarrean, comunidades que se involucren en el cuidado de todos sus miembros y permitan el desarrollo de sus personas libres de violencia.
Agradecemos a Inés Cortés diputada nacional MPP FA
Fuente. Informe Violencia Vicaria. Comisión de género y feminismos FA
Nota y fotografía de portada:
(*) Claudia Suárez Delgado, licenciada en Psicología especialista en Gestión Cultural en UDELAR, integrante de la Red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad (REDH), ceramista.
