Por Darío Rodríguez (*)
En julio, el Congreso de Intendentes acordó con el gobierno, las partidas que recibirá cada comuna. Ello fue motivo de algarabía y hasta un asado con el Presidente Orsi.
El acuerdo fue muy bueno, pero algún senador del PN pide que no se diga que el mismo es muy satisfactorio. Otros colectivos no pueden decir lo mismo.
Los intendentes entregaron al Parlamento, -Olivera, que preside el Congreso, se jacta de que fue un acuerdo de todos-, su propuesta para regularizar los ingresos a los gobiernos departamentales.
(Olivera no para de elogiar al presidente)
La versión del Congreso plantea algunas innovaciones respecto a la que días atrás había llegado a comisión. Según explicaron fuentes políticas hubo varios cambios en la redacción, en los últimos días.
Manteniendo la base del proyecto que fue aprobado en Diputados, en el que se remarcaba el concurso como regla, y el sorteo como posibilidad, la iniciativa del Congreso deja asentadas una serie de excepciones, entre ellas los cargos de carácter político o de particular confianza, previstos por la legislación vigente. También se establece un tope de 4% para las contrataciones directas, las que “cesarán automáticamente” cuando termine el período de gobierno en el que se efectuaron.
Cambios, pero no tanto…
El proyecto de los intendentes hace referencia a “otras modalidades de contratación” que serán permitidas más allá del concurso y el sorteo. Señala al arrendamiento de obra y de servicio, becarios, zafrales, eventuales y otras modalidades “que se establezcan por Decreto Departamental sancionado por mayoría especial de 2/3 de componentes del cuerpo”. Este contralor de la Junta Departamental no estaba establecido en las versiones anteriores de la propuesta del Congreso. Asimismo, la nueva versión presentada eliminó como posibilidad de contrato directo a los “adscriptos”, modalidad relativa a quienes colaboran “directamente” con los jerarcas.
(El ingreso como chupete)
La otra novedad de la propuesta está por fuera de la modalidad de ingresos y se relaciona directamente con el Congreso de Intendentes. Tiene que ver con que se agrega un artículo que prevé que se pueda realizar “traslado de funcionarios de organismos públicos estatales y no estatales para desempeñar, en comisión, tareas de asistencia directa” en el órgano. “Pese a que es un órgano creado por la Constitución que hasta ahora no hemos logrado fortalecer, tenemos una estructura muy pequeña y la idea es no empezar a contratar gente”, explicó Olivera sobre este planteo.
Puertas por todos lados
Parece haber demasiadas excepcionalidades. Los intendentes no quieren perder el margen de discrecionalidad que lleva a prácticas clientelares. Veamos el caso de la IDP. Si se aprobara el proyecto del Congreso, utilizando el cupo de contratación directa de hasta un 4%, podría contar con 60 cargos bajo esta modalidad. Pongamos Montevideo con 8 mil funcionarios. Podría llegar a 320 cargos de confianza. A todas luces un exceso, además tendrán sueldos altos.
A ello se agregan los zafrales, eventuales y otras “que se establezcan por Decreto Departamental sancionado por mayoría especial de 2/3 de componentes del cuerpo”. En la coyuntura, el actual gobierno Departamental llegaría a los 21 ediles (2/3) con la vocinglera participación del edil del PC. En la mencionada disposición cabe cualquier cosa, es un cajón de sastre.
Lo cierto es que esta propuesta tendría el beneplácito del gobierno. La propuesta es una suerte de gatopardismo.
(*) Darío Rodríguez es Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UdelaR), periodista y asesor en temas de cooperativismo, vivienda y hábitat
