El difuso incidente de la ‘narcolancha’ y otras argucias del intervencionismo de EU en Venezuela

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Por Carlos Fazio (*)

Dibujo Adán Iglesias Toledo (**)

Con las mayores reservas certificadas de petróleo y oro del mundo y poseedora de otros minerales estratégicos como el coltán y las tierras raras ‑claves en la disputa geopolítica y por materias primas entre las grandes potencias‑, Venezuela ha sido el laboratorio de las distintas modalidades bélicas y las políticas de cambio de régimen de Estados Unidos en el primer cuarto del siglo XXI. El último episodio de esa larga cadena de hechos, es el incidente montado por la administración Trump el 2 de septiembre, que alude a la presunta destrucción de una “narcolancha” en el Caribe, como coartada para una escalada militar contra Venezuela.

El martes 2, el presidente Donald Trump publicó en su red Truth Social un video aparentemente grabado desde un dispositivo militar, en el que se observa una pequeña embarcación —“peñero”, en el argot de los pescadores artesanales— con un grupo de personas a bordo. El metraje avanza y se observa una explosión y a continuación la lancha encendida en llamas. En la publicación, Trump escribió: “Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua (TDA), identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur”. Agregó que el TDA es una organización terrorista extranjera que “opera bajo el control de Nicolás Maduro”. Además, precisó que el ataque dejó 11 “terroristas” asesinados, se produjo en aguas internacionales y que la lancha se disponía a “transportar narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos”.

A su vez, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que el incidente se produjo en el sur del Caribe y que había sido un “ataque letal”. Rubio respondió con evasivas a las preguntas de los reporteros y señaló que el Departamento de Defensa se encargaría de ofrecer más detalles sobre la operación, pero entró en contradicción con el jefe de la Oficina Oval al mencionar que la lancha se dirigía a Trinidad y Tobago.

El video exhibido por Trump carece de información verificable. Ni Trump, ni Rubio, ni el video presentado aportan prueba alguna de que la pequeña embarcación transportara drogas, ni que proviniera de Venezuela, ni que su destino fuera Estados Unidos o Trinidad Tobago. Todo esto fue presentado, al menos hasta ahora, solo en las palabras del presidente y su secretario de Estado. Incluso no hay manera de comprobar quiénes eran los tripulantes de la embarcación, ni siquiera si se trataba de once personas, como señaló Trump. Por lo que podría tratarse de una operación de guerra híbrida y psicológica cuyo objetivo es manipular la opinión pública y escalar la violencia imperial; un incidente fabricado, tal como ocurrió en el Golfo de Tonkín en 1964, cuando EU inventó un ataque norvietnamita para justificar la escalada de la guerra en Vietnam. Décadas después se comprobó que había sido falso.

En la noche de este martes, el ministro de Comunicación de Venezuela, Freddy Ñáñez, afirmó que el video publicado por Trump podría haber sido creado mediante el uso de inteligencia artificial. “Parece que Marco Rubio sigue mintiéndole a su presidente: luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como ‘prueba’ un video con IA (así comprobado)”, escribió en su canal de Telegram. Ñáñez mostró además una consulta a Gemini (la inteligencia artificial de Google), a quien le pidió analizar el video, la respuesta fue que “es muy probable que se haya creado mediante IA”

El incidente de la “narcolancha” se suma a una serie de herramientas utilizadas por distintas administraciones republicanas y demócratas de EU, para intentar derrocar a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, con apoyo de los medios hegemónicos, que operan como aparatos de (des)información y guerra sicológica orientados a sostener el poder y dominio imperiales.

Por limitaciones de espacio, se ofrece una breve reseña de algunos instrumentos cinéticos y psicológicos utilizados por Washington en su guerra híbrida contra Venezuela este siglo.

Por lo general, las distintas modalidades bélicas y ocupaciones territoriales de EU contra gobiernos y países considerados hostiles o indeseables (pero también “aliados” o “amigos”), son precedidas por una campaña de intoxicación mediática, dirigida a estigmatizar al “enemigo” objeto de la acción propagandística. Así, la manufacturación de la leyenda negra de Hugo Chávez y la posterior matriz de opinión sobre el populismo radical (general James Hill, Senado de EU, 2004), fueron dos instrumentos utilizados en la demonización del expresidente de Venezuela, quien fue etiquetado por el terrorismo mediático proimperial como “dictador” y “populista”, y bombardeado con epítetos clasistas y racistas, como el “golpista Chávez”, “Gorila rojo”, “un negro en Miraflores”; y a sus seguidores los llamaron “hordas chavistas”.

Creadas las condiciones subjetivas, siguió el fracasado golpe de Estado cívico-militar-oligárquico del 11 de abril de 2002, monitoreado por el embajador de EU en Caracas, Charles Schapiro, y el subsecretario de Asuntos Interamericanos de la administración Bush Jr., Otto Reich, desde Washington, los dos viejos halcones de las guerras de contrainsurgencia reaganistas en Centroamérica. La revuelta palaciega con olor a petróleo fue apoyada por un grupo de militares anticonstitucionalistas que trabajaban para el Pentágono y la CIA y por las principales corporaciones empresariales del país, y contó con la bendición del Opus Dei y jerarcas de la Iglesia católica local. Fue considerado el primer golpe mediático del siglo XXI, porque los tres principales medios privados: Venevisión, del magnate Gustavo Cisneros, Globovisión y Radio Caracas Televisión sustituyeron de facto a los partidos políticos Acción Democrática, COPEI y Primero Justicia. Un contragolpe militar-popular restituyó la legalidad en 47 horas y evitó el magnicidio de Chávez. 

Fracasada la intentona putschista, entre el 2 de diciembre de 2002 y el 3 de febrero de 2003, sectores patronales agrupados en Fedecámaras y Conindustria, secundados por la gerontocracia de Petróleos de Venezuela (PDVSA), y apoyados por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), los partidos de oposición aglutinados en la coalición Coordinadora Democrática y los medios hegemónicos privados, protagonizaron un “cierre patronal” (lockout) en un nuevo intento por derrocar al presidente Chávez. (El lockout es una técnica de sabotaje económico utilizado por dueños de empresas para forzar un paro en la cadena de producción e impedir a los obreros realizar su trabajo, con el objetivo de generar una crisis política, social y financiera, promoviendo hambre, caos y desestabilización).

Durante los 64 días del paro patronal se registró la pérdida de más de 500.000 empleos, el cierre masivo de comercios y quebrantos estimados por el orden de 5.000 millones de dólares por la paralización del aparato productivo de los sectores no petroleros. Las pérdidas totales fueron estimadas en más de 25.000 millones de dólares.

Tras sucesivos intentos de golpes suaves (“revolución de colores”), que incluyeron la desestabilización y la guerra económica (el desabastecimiento y acaparamiento de productos de primera necesidad) para generar caos, violencia fratricida, secesionismo y emigración forzada, a la muerte de Hugo Chávez, en 2013, Washington intensificó la guerra de espectro completo multiterrenos contra el gobierno constitucional de Nicolás Maduro, con eje en el manual TC-18-01 sobre la Guerra No Convencional del Pentágono.

En 2014, la iniciativa denominada “La Salida”, impulsada por Leopoldo López, María C. Machado y Antonio Ledezma, fue un ensayo de guerra civil y revolución de color. Fracasado ese golpe guarimbero, en 2016 el Comando Sur del Pentágono lanzó la segunda fase de la operación Venezuela Freedom (Libertad Venezuela), que bajo la premisa de una “crisis humanitaria” provocada intencionalmente de manera encubierta en la fase uno del plan, preveía una “intervención humanitaria” con apoyo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y un grupo de gobiernos vasallos de la región.

Como parte de la estrategia de “cerco y asfixia”, otra de las herramientas coercitivas utilizadas por razones de “seguridad nacional” (sic) por EU, fueron las sanciones económicas y financieras extraterritoriales e ilegales, como instrumento de guerra por medios no militares. Las convenciones de La Haya y Ginebra catalogan el estrangulamiento de la entrada de divisas por el bloqueo a PDVSA como una forma de castigo colectivo a la población civil.

Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el gobierno de Maduro logró sobrevivir a 120 días (abril/julio de 2017) de la más brutal ofensiva bélica, que, en el marco de una guerra híbrida, utilizó a agentes terroristas, paramilitares y del crimen organizado en un despliegue de tácticas irregulares simultáneas, combinadas con el uso agresivo de tecnologías de última generación y una élite de expertos en guerra electrónica, realidad virtual y propaganda “democrática”, con la finalidad de derrocarlo.

El 4 de agosto de 2018, durante una parada militar en Caracas, un grupo terrorista atentó con drones DJI M600 cargados de explosivos contra el presidente Maduro, en otro intento de conseguir por la vía del magnicidio su derrocamiento.

Bajo la tutela de Trump, en una acción coordinada con los regímenes cipayos de Colombia, Brasil y Argentina (principales integrantes del Grupo de Lima), en enero de 2019 el diputado Juan Guaidó se autoproclamó “presidente encargado” de Venezuela, la figura paragubernamental necesaria para seguir la hoja de ruta de la política de “cambio de régimen” del Comando Sur. Bajo la “gestión” del fantoche Guaidó se montó una operación de bandera falsa en la frontera entre Colombia y Venezuela, con motivo de la pretendida entrada al país de “ayuda humanitaria” de la AID (Agencia Internacional para el Desarrollo de EU), planificada para encubrir el intento de establecer una cabeza de playa en el estado Táchira, a la manera de un “territorio liberado” donde instalar un “gobierno paralelo” y fomentar una guerra fratricida.

El 3 de mayo de 2020, un grupo de exmilitares venezolanos en el exilio y mercenarios estadunidenses llevaron a cabo la fracasada Operación Gedeón, un intento por infiltrarse en lanchas rápidas en Venezuela desde Colombia, por las costas de Macuto, una localidad en el estado de La Guaira. El objetivo era derrocar a Maduro. La primera ola de ataque se saldó con seis venezolanos disidentes muertos, y varios más capturados por pescadores de la zona, fuerzas de la policía local y luego entregados en custodia a fuerzas gubernamentales; la segunda ola fue interceptada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). La operación fue planeada principalmente por Jordan Goudreau, un estadunidense nacido en Canadá y ex boina verde del Pentágono, que fundó la empresa de seguridad privada Silvercorp USA, y por el ex general de división de la FANB, Clíver Alcalá Cordones, quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EU en septiembre de 2011 por, presuntamente, ayudar a la guerrilla colombiana de las FARC a obtener armas y contrabandear drogas. En 2013 desertó y comenzó a reunir a otros militares venezolanos desertores estacionándolos en la Península de La Guajira colombiana.   

El 28 de julio de 2024, día de los comicios presidenciales en Venezuela, se activó una nueva fase de la guerra híbrida dirigida a desconocer la reelección de N. Maduro y desestabilizar el país para imponer un gobierno títere, que combinó la ciberguerra y las operaciones encubiertas con la guerra urbana paramilitar, junto con una vasta campaña de intoxicación en los medios y las redes sociales, que tuvo en Elon Musk, como nuevo actor emergente del complejo militar-industrial-financiero-digital de EU, a uno de sus principales protagonistas.

En la coyuntura, con base en sendos bulos ideológico-propagandísticos de InSight Crime y la Fundación Heritage, se reactivó la delirante fábula que ubica a N. Maduro como jefe del Cártel de los Soles y a Venezuela como un “narco Estado”, y con información promovida por el secretario de Estado, Marco Rubio, y sembrada por la agencia británica Reuters, que alude a una operación naval frente a las costas venezolanas, que incluye al crucero USS Lake Erie, con capacidad para disparar misiles de crucero Tomahawk contra objetivos terrestres o antiaéreos; tres buques del Grupo Anfibio Listo Iwo Jima (ARG), que transportan entre 4.000 y 5.000 marines; al menos tres destructores de la clase Arleigh Burke: el USS Gravely (DDG-107), el USS Sampson (DDG-102) y el USS Jason Dunham (DDG-109), todos equipados con el sistema de combate Aegis y su radar multifunción AN/SPY-1D. Se puso en escena la eventualidad de un ataque inminente contra el país sudamericano.

Ese despliegue naval inverosímil para una guerra a las drogas, activó en realidad un nuevo escenario de operaciones psicológicas, que podría abarcar ciberataques, sabotajes contra infraestructura crítica y focos de violencia urbana armada, como parte de una estrategia de desgaste que podría reeditar el fallido operativo mercenario Gedeón en formato 2025, sin descartar el uso de metodologías bélicas utilizadas por EU y sus socios de la OTAN en Siria, Ucrania y Palestina ocupada, incluido el uso de drones y la guerra electrónica de última generación, que han revolucionado las formas de las guerras actuales.

Desde hace décadas, Estados Unidos ha apelado al discurso antidrogas y a la etiqueta del terrorismo como coartadas para justificar intervenciones en América Latina y el Caribe. Por lo que hoy se presenta como lucha contra el crimen transnacional o el terrorismo no es más que una pantomima para revestir con apariencia de “legitimidad” lo que en esencia sigue siendo un plan de cambio de régimen en Venezuela.

 

(*) Carlos Fazio, escritor, periodista y académico uruguayo residente en México. Doctor Honoris Causa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Autor de diversos libros y publicaciones.

(**) Profesor Adán Iglesias Toledo, Dibujante Gráfico Cubano, Caricaturista Editorial y Director del Medio humorístico DEDETE del Periódico Juventud Rebelde, miembro de la UNEAC, la UPEC y la REDH (Capitulo Cuba). Colabora con varios medios de prensa en su país y en el extranjero. Autor de varios logotipos, y campañas publicitarias, posee en su haber múltiples exposiciones individuales y colectivas, talleres e intervenciones nacionales e internacionales y ha sido premiado por más de 40 veces en su país y otros países.

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