Por Claudia Suárez Delgado (*)
Escultura y foto de portada Claudia Suárez
Bajo las consignas “Ni una menos”, “Vivas nos queremos” hace 10 años, un 3 de junio, las compañeras argentinas tomaban las calles reclamando el cese de la violencia basada en género. Este impulso fue el puntapié para el “Me too” y diferentes movimientos en distintas partes del planeta que fueron levantando la palabra y la conciencia de miles de mujeres que se reconocían sobrevivientes de alguna forma de violencia y se reconocían acompañadas. Aunque algunos académicos hablan de este momento como la 4ta ola del feminismo iniciada desde el sur, no pretendemos con ello ocultar el grito que surge cada 25 de noviembre en un aniversario más del asesinato político patriarcal de las hermanas Mirabal en República Dominicana (también en nuestra Patria Grande). Todo lo contrario, se trata de sumar voluntades.
Hoy, y a través de este espacio, intentaremos un acercamiento a la situación de la violencia basada en género en nuestro país, sabiendo que la totalidad del fenómeno sería inabarcable en un solo artículo. Por eso hablamos con Raquel Hernández co-coordinadora nacional de la RUCVDS, Red Uruguaya contra la Violencia doméstica y sexual.
Nos cuenta que la red surge en 1992 y que viene trabajando desde hace 33 años. Recuerda algunos mojones constitutivos de la red, como la declaración por parte de la ONU del año internacional de la mujer y un encuentro de feministas de Latinoamérica y el Caribe a inicios de los años 80’ en Colombia, y nos dice que “…se empiezan a correr velos y se manifiesta lo que podría ser el esbozo de violencia dentro de la relación de pareja, en el matrimonio. Entonces allí se denomina violencia doméstica. Y con poquitito más de tiempo se habla de la violencia doméstica y sexual dentro de las parejas de convivencia, sea de unión concubinaria como de matrimonio, pero especialmente de matrimonio. Entonces empieza a despejarse aquello de que ‘la mató loco de amor, …, la mató porque tenía celos, la mató por amor’ …aquello que se llamaba ´crimen pasional´ empezó a desbaratarse… y la culpa brutal de las mujeres por provocarlos” Así se comienza a visualizar aquello que la sociedad tenía naturalizado, y continúa Raquel “…como que no se ven, que son naturales, son inherentes a la vida del ser humano, …(pero)… empieza lo que hay detrás, que es una relación de ejercicio de poder”
“Entonces te puedo decir que nosotros como Red Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual tenemos un nombre obsoleto. ¿Por qué te digo esto? porque tiene 33 años de vida, 33 años en la línea del tiempo y en la evolución cultural de una sociedad es poquísimo. Sin embargo, en este tema hemos evolucionado y te lo dice el propio nombre de nuestra red. Porque ahora, en la actualidad, en 2025, estamos hablando desde hace ya un largo rato de la violencia basada en género”.
Nos cuenta que la red nuclea organizaciones de todo el país que se dedican a la investigación, atención y sensibilización en los temas de violencia, explotación sexual, abuso y trata. Organizaciones que están trabajando con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y también con varones. Como red, concurren al Consejo Nacional Consultivo para una vida libre de violencia.
Conversamos sobre los retrocesos vividos en los últimos años durante el gobierno de Lacalle Pou “…llega y en los primeros días presenta una Ley de Urgente Consideración con 400 y poquitos artículos pero que entre esos artículos también detona la ley integral 19.580, trabajada en 2017 y que se empieza a aplicar en el 2019” pero más allá de mantener la declaración de emergencia nacional dictada por Tabaré Vázquez en 2019, el gobierno nacionalista no convoca a ningún comité de emergencia como se realiza en otros temas de emergencias sanitarias, agroalimentarias, climáticas, sequía, por ejemplo.
Raquel Hernández plantea que se bombardeó la Ley de violencia al no dotarla de presupuesto, se generan dificultades administrativas en toda la institucionalidad pública, dificultades en las licitaciones de los proyectos de atención a violencia, grandes atrasos en los pagos. Esto genera que las organizaciones civiles no puedan pagar salarios, BPS, DGI y se compromete el normal funcionamiento de los servicios. “…causó deterioro en los equipos técnicos, una inseguridad laboral brutal…” Hubo espacios que se cerraron como el Comité Nacional de Trata.
Por otro lado, plantea que se dio apoyo a “… los grupos que nosotros denominamos anti derechos, que se constituyen por varones violentos, o los que hablan de ‘con mis hijos no te metas’, que lograron tener un espacio de incidencia muy importante,.., lograron introducir una ley que fue nefasta para la defensa de los niños, niñas y adolescentes”, refiriéndose a la Ley de Corresponsabilidad N° 20.141. “Se cobró dos vidas de niños o sea violencia vicaria que fue el caso espantoso… (de)… una madre joven, médica de profesión, con dos hijos pequeños de Rivera, que tiene que entregarle al padre denunciado por violento… por tenencia compartida y lo que hace ese padre es matar…los mata. Esa es una de las consecuencias brutales en esos retrocesos de derechos”.
Ella explicita cambios en estos 5 años pasados, en el Ministerio del Interior, donde se quita funcionariado y presupuesto, y se baja de categoría a los espacios que trabajaban la problemática de género. El impacto también es visible en la atención que reciben las víctimas a la hora de realizar una denuncia, dice: “Antes en cualquier comisaría tomaban una denuncia, a partir de ese Estado Mayor las comisarías te enviaban a la unidad especializada…no en todas partes del interior se tienen unidades especializadas, sobre todo en ciudades más pequeñas que la capital departamental. Entonces eso significaba que la policía en las comisarías comunes no tomaba denuncias cuando anteriormente tenían obligación de tomar denuncias tantas veces como fuese necesario…si la mujer hacía una denuncia hoy, pasado mañana volvía, no le hacían una nueva denuncia, sino que hacen una ampliación de denuncia…Si el juez o la jueza va a determinar una sentencia, tiene ampliaciones de denuncias que no significan nuevos actos de violencia.” Se resalta que este tipo de acciones complejiza la denuncia y desestimula a las mujeres, sumado a esto se plantea que el personal del Ministerio del Interior que había sido capacitado para atención de esta problemática, en gran medida, fue trasladado. Así es como los centros de atención se encuentran sobrepasados de casos, con listas de espera para poder ser atendidos.
“Entonces nosotros desde la red consideramos que este período fue realmente nefasto, hubo un atraso en el ejercicio del derecho ciudadano de las mujeres que sufren y están en situación de violencia, un retroceso como de 30 a 40 años, es muchísimo retroceso.”
Le preguntamos ¿cuáles son los desafíos?, ¿las demandas?, ¿las urgencias a trabajar en el actual gobierno?, y nos plantea como primera medida necesaria la instalación de un comité de emergencia con representación de los ministerios e instituciones involucradas directamente que hagan foco en la atención de esta emergencia. Por otro lado, entiende necesaria la readecuación de los servicios de atención para que den cuenta de la demanda, dotar de más personal y presupuesto. Asimismo, señala la necesidad de tener juzgados especializados en todo el país, que muchas veces no se trata de más personal, sino de adecuación del mismo y capacitación.
Raquel manifiesta que es necesario ampliar la Ley de violencia basada en género, que al día de hoy reconoce la violencia física, violencia psicológica o emocional, violencia sexual, violencia por prejuicio hacia la orientación sexual, identidad de género o expresión de género, violencia económica, violencia patrimonial, violencia simbólica, violencia obstétrica, violencia laboral, violencia en el ámbito educativo, acoso sexual callejero, violencia política, violencia mediática, violencia femicida, violencia doméstica, violencia comunitaria, violencia institucional y violencia étnica racial. Pero, sería importante agregar la violencia vicaria y violencia virtual o digital… “siguen matando a las mujeres, se agregan complejidades pesadas, serias, embromadas, la necesidad de seguir estudiando, analizando las asimetrías de poder, el ejercicio de poder, que hacen los varones machistas. El uso del cuerpo de las mujeres, por ejemplo, en el crimen organizado, el mundo del micro tráfico de drogas. Hay casos que son brutales, casos de mujeres que no consumen, pero que son familiares de gente que está presa. Y el narcotráfico las toma, las usan como perras, mulas, con amenazas. Le colocan droga en el cuerpo”. La entrevistada se reafirma en la necesidad de seguir aprendiendo sobre un fenómeno que va cambiando de manifestaciones y obliga a modificar los marcos legales y teóricos.
Plantea la necesidad de que la toma de decisiones y que los presupuestos tengan perspectiva de género, porque continuamos siendo un tema menor dentro de la perspectiva de la política de este país. Nos recuerda que para poder salir de las situaciones de violencia las personas necesitan autonomía económica, tener trabajo con ingresos dignos, vivienda, espacio de atención a problemáticas anexas como pueden ser de consumo, salud mental.
“Tenemos claro que un gobierno de derecha obviamente no contempla y no le interesa la perspectiva de género. En fin, porque patriarcado y capitalismo se refuerzan mutuamente en relaciones de poder”.
Por nuestra parte le agradecemos profundamente.
(*) Claudia Suárez Delgado, licenciada en Psicología especialista en Gestión Cultural, integrante de la Red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad (REDH), ceramista.
Foto de portada, cerámica de la autora.
