Por Maribel Acosta Damas (*)
Noticias recientes dan cuenta de que la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó una enmienda que permitiría reformas expeditas a la Carta Magna en la legislatura y que mantiene la amplia mayoría del partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele. Ante la auto campaña mediática de un país que crece a pasos agigantados y de un extraordinario respaldo popular, parece que algunas cosas no cuadran:
Marisela Ramírez es feminista y luchadora social; organizada desde muy joven, su militancia política la empezó en el movimiento estudiantil. Es Licenciada en Radiología e Imágenes y Maestra en Derechos Humanos y Educación para la Paz. Actualmente es parte del equipo de conducción del Movimiento de las Juventudes Populares de El Salvador y del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular.
Maribel Acosta Damas- Dos enfoques distinguen la mirada al actual gobierno de Nayib Bukele en El Salvador: por un lado, el de un país que sale adelante y erradica grandes males, entre ellos la seguridad ciudadana. Por otro lado, movimientos sociales, personalidades políticas y activistas denuncian la existencia de un país que ha descendido en sus proyectos sociales y democráticos. ¿Cómo calificaría la situación actual de El Salvador?
Marisela Ramírez- Para nosotras y nosotros, desde el bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, que es una articulación de 34 organizaciones del movimiento popular salvadoreño, con representación de 12 sectores diferentes entre los que están estudiantes, artistas, mujeres, campesinos, campesinas, sindicalistas, ambientalistas, pueblos originarios, entre otros; vemos con bastante preocupación los severos retrocesos en materia económica, social y política que viene sufriendo nuestro país desde la entrada del gobierno de Bukele. Y él como una figura que encabeza un proyecto económico y político. Pero ese proyecto se expresa en el impulso de políticas que van en detrimento de los sectores populares. Por ejemplo, el recorte de presupuesto de carreteras del Estado, o a sectores fundamentales como la salud y la educación; y la atención, prevención y desarrollo integral de la vida de las mujeres.
Asimismo, impulsa políticas para fortalecer su proyecto empresarial y económico. Consideramos que desde mayo del 2021 empieza un periodo de agudización de todas estas condiciones en que el partido de Nayib Bukele Nuevas Ideas logra controlar totalmente la Asamblea Legislativa e inicia una profunda reforma al sistema político, empezando por la destitución ilegal del Fiscal General de la República, que tenía abierto 17 casos de corrupción en contra de los funcionarios públicos del actual gobierno y la imposición de un fiscal que obviamente dejó de lado la investigación de esos casos y se puso en función del actual gobierno. La nueva Asamblea Legislativa también destituyó ilegalmente a magistrados de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y colocó a aquellos que más adelante validarían -en una candidatura ilegal e inconstitucional- al presidente Bukele. También reforman la ley de la Carrera Judicial, que permitió sacar a las 3/4 de la Corte Suprema de Justicia y colocar juezas y jueces que respondían a los intereses de este proyecto político encabezado por Bukele, con el control total de las instituciones del Estado.
Entonces, este clan empresarial agudiza toda una persecución contra ex dirigentes y exfuncionarios del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quienes gobernaron durante diez años en nuestro país con una apuesta de reducción de las brechas de desigualdad y avance a un proyecto más humano. Así inicia una arremetida en contra de estas figuras de la izquierda salvadoreña, pero también contra las organizaciones del movimiento popular y contra aquellos medios de comunicación que no acatan la línea gubernamental.
A partir de eso vemos también que los sectores económicos del país se reconfiguran y pasan a dar respaldo político a este clan empresarial que gobierna y que principalmente tiene dos objetivos: uno, (en el que ha avanzado bastante), que es tratar de liquidar a la izquierda y anularla políticamente. Y el segundo objetivo es que este grupo empresarial transite a la oligarquía, es decir, a ese nicho cerrado de poder político y económico para acumular grandes cantidades de riqueza en detrimento, obviamente, de los sectores más vulnerables y empobrecidos del país.
Resultado de estas políticas con recortes a los programas sociales, cierre de ellos y un impulso al fortalecimiento del sector económico privilegiado, tenemos un deterioro significativo de las condiciones de vida del pueblo. Un estudio recientemente publicado arroja que desde el 2019 hay un aumento de la pobreza revelador: 255.000 personas han caído en la pobreza y más del 50% de esta gente está ubicada en la pobreza extrema. Así mismo tenemos una alta emigración desde el 2019 a la fecha: medio millón de salvadoreños y salvadoreñas han emigrado del país. El costo de la vida ha aumentado en un 30% y los salarios e ingresos del pueblo están congelados. Eso incluye salarios, pensiones y todo lo que tiene que ver con programas de pensiones no contributivas como programas para veteranos y veteranos de guerra o lisiados y lisiadas de guerra.
El empleo formal ha empeorado: Más del 67% de la población que podría producir no tiene un empleo formal o fijo. A partir de los recortes, el sistema de salud está totalmente deteriorado: Han aumentado los casos de enfermedades prevenibles, han cerrado unidades de salud y equipos especializados que atendían temas de salud en los territorios. Hay una reducción significativa en el personal especializado para las atenciones médicas. El sistema educativo ha retrocedido a partir del cierre de programas de alfabetización, un deterioro de la infraestructura de los centros escolares y la eliminación del vaso de leche escolar. Un reciente estudio también arrojó que el 18% de los estudiantes que están entre los 15 y 16 años no come ni una vez al día. Hay una reducción en el presupuesto que el Estado debe entregar a la Universidad de El Salvador y una deuda enorme a la institución pública.
Todo el sistema de protección de los derechos de las mujeres se ha desmontado a partir del desfinanciamiento o el cierre de programas para ello. La producción nacional apenas ha crecido el 1.2% durante el gobierno actual y el sector agropecuario ha tenido un grave retroceso, sobre todo porque ha disminuido la producción de granos básicos debido a que ya no se están entregando los paquetes agrícolas y, por otro lado, a que el gobierno está importando alimentos. Desde el 2019 la importación de alimentos ha crecido en un 40% y la producción industrial perdió peso en la estructura productiva nacional. Hay una inflación en el rubro de los alimentos de más del 30% y la inversión extranjera no está llegando a nuestro país. Asimismo, el Gobierno tiene una situación financiera precaria, se ha endeudado con organismos multilaterales, con la banca nacional y con fondos de pensiones, y en este contexto no logra vender ni un solo bono desde hace tres años para poder financiar el presupuesto. Por lo tanto, no pudo ejecutar el presupuesto que aprobó para el año 2023; no alcanzó ni siquiera a ejecutar el 25% del presupuesto aprobado.
Asimismo, a la par que crece la pobreza, impulsa leyes como la Ley Bitcoin, que están orientadas a convertir a El Salvador en un paraíso fiscal, pero que en realidad no ha sido efectiva. El pueblo salvadoreño no usa el bitcoin como moneda. No hay compras ni ahorros ni salarios ni precios en Bitcoin. Ese activo digital es probablemente para lavar el dinero que se han robado de las arcas del Estado o para abrirle las puertas a negocios mal habidos o dinero mal habido en otros países.
La concentración de los poderes que mencionábamos antes no le da estabilidad política al gobierno porque el pueblo espera que el gobierno resuelva esta crisis tal como supuestamente resolvió la seguridad del país. Sin embargo, todo apunta a que no va a ser así. Las tendencias económicas y sociales son muy negativas. Bukele ha explotado los “logros” de la seguridad pública, que en realidad están basados en un pacto con grupos criminales, cuyo acuerdo era que ellos reducían los hechos delictivos a cambio de prebendas. ¿Qué tipo de prebendas? Bueno, ya es conocido que el Gobierno liberó a cabecillas de pandillas. También hay denuncias de diferentes territorios donde los miembros de las pandillas trabajan para alcaldías o para instituciones del Estado. De otro lado, a pesar de que en el país funciona un régimen de excepción que ha apresado a miles de personas inocentes bajo la excusa del control de la seguridad, la gente asegura que, en sus localidades, los criminales siguen en libertad, solo que ahora con baja actividad delictiva.
El Gobierno se ha encargado de perseguir y difamar a toda la oposición. Vende una idea propagandística de un país que no existe y en realidad los problemas sociales se van agravando. Sectores importantes de la población han empezado a protestar en contra del gobierno con movilizaciones y contra las amenazas. Y ante las políticas represivas del régimen de excepción, ha surgido un movimiento de víctimas frente a los desalojos impulsados por el propio Gobierno. Los pobladores rurales han decidido crear una mesa por la defensa de los territorios y los recursos naturales. Quinientos sindicatos que no tienen credenciales han salido a las calles también.
Es decir, los sectores populares se están organizando a partir de las medidas que ha tomado el gobierno a nivel político y esto está conduciendo, creemos nosotros y nosotras, a que el movimiento popular vaya fortaleciéndose de a poco. Y ha ido realizando importantes actos de masas que han tratado de ser controlados a fuerza de represión. Se ha visto la militarización de la sociedad salvadoreña, la imposición de un régimen de excepción, incluso bajo una contienda electoral que fue totalmente desigual y que tuvo en la base un fraude estructural que era la candidatura misma de Bukele, acompañada de fraudes técnicos para ampliar la diferencia entre la oposición y él y así legitimar su candidatura ilegal y enmascarar el fraude en el supuesto “respaldo popular”.
Maribel Acosta Damas- Usted ha denunciado el cierre parcial e intencional de la universidad de El Salvador por el gobierno de Bukele. ¿Qué es lo que está sucediendo?
Marisela Ramírez- Creo que es importante poner sobre la mesa el papel fundamental que han jugado las juventudes en la defensa, promoción y reivindicación de los derechos del pueblo y en específico los movimientos estudiantiles en El Salvador, en América Latina y en el mundo. Es decir, hay una chispa incendiaria que impulsa la lucha por la defensa de los pueblos en estos espacios y dentro de la mirada estratégica de Bukele, no podía quedarse fuera este escenario, que, por supuesto es un plano académico y, científico, pero también es un plano cultural y político.
Considero que una parte de su estrategia de eliminación de las fuerzas de izquierda comprendía también asfixiar el semillero del desarrollo del pensamiento crítico, que es la Universidad de El Salvador. En su estrategia general está, por un lado, aniquilar a las fuerzas de izquierda a través de la persecución, de la mentira, de la judicialización, pero también de la disputa simbólica. Y, de hecho, la conexión de Bukele con la universidad arranca con una fuerte apuesta por tratar de jalar la simpatía del movimiento estudiantil en favor de su proyecto político. En su cierre de campaña promete quince acciones para desarrollar a la Universidad de El Salvador, de las cuales por supuesto, no cumplió ni va a cumplir ninguna.
A partir de eso también se han generado reflexiones, análisis y debates dentro de la universidad que pueden hacer tambalear al gobierno como históricamente lo ha hecho el movimiento estudiantil en nuestro país. Podemos recordar los procesos con la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez; una dictadura que comienza en 1929 y que es derrocada en 1944 por una huelga general convocada por la Universidad de El Salvador.
Pero, ¿qué ha hecho Bukele? Primero, Bukele aprovechó la pandemia, etapa en la que estuvimos obligados a estar encerrados. Y después ha buscado excusas para la intervención policial y militar de la universidad; y a partir de esa intervención, mantenerla cerrada y utilizar el espacio como un hotel para los diferentes eventos internacionales que ha organizado. A este gobierno le gusta mantener la atención fijada en cualquier cosa, menos en los problemas económicos, políticos y sociales del país. Entonces ha venido creando coyunturas para tratar de que la universidad no abra sus puertas a las y los estudiantes y al pueblo en general; precisamente por lo que este espacio representa, más allá de la esfera científica o académica. Sabemos que la vida universitaria tiene un plano cultural y un espacio de desarrollo político, fuertes. Es un escenario que potencia el desarrollo integral del pensamiento y el proyecto político de Bukele lo sabe.
En esa estrategia, Bukele primero intentó disputar o cooptar figuras del movimiento estudiantil, luego ha intervenido la universidad violando su autonomía; la ha mantenido cerrada, pero su estrategia abarca el recorte del presupuesto y una deuda millonaria, que ahora asciende a más de 52 millones y que va precisamente en la lógica del debilitamiento de la institución pública para que no pueda funcionar y por supuesto, evitar el desarrollo de pensamiento crítico y del activismo político en contra de quienes pretenden impulsar el proyecto de Bukele, que atenta contra el pueblo salvadoreño. Además, que tiene un componente muy fuerte de privatización de la Universidad de El Salvador.
Esto es lo que está sucediendo dentro de la universidad y a partir de ahí es visible un debilitamiento de las fuerzas organizativas dentro de la Universidad de El Salvador, del movimiento estudiantil y también del pensamiento más revolucionario: el de los sectores de docentes o profesionales dentro de la UE. De modo que los grupos y movimientos sociales que estamos levantando la denuncia sobre lo que ocurre en la universidad, nos vemos disminuidos frente al gran aparataje comunicacional y toda la estrategia de intervención del actual gobierno. Sin embargo, creo que las acciones que impulsamos desde estos pequeños grupos, también van a seguir despertando la fuerza en la población, que ahora empieza más o menos a llegar a la universidad. Consideramos que esa chispa de indignación puede llegar a desarrollarse y puede fortalecer las estructuras organizativas que den la batalla en contra del proyecto privatizador del gobierno de Bukele.
Maribel Acosta Damas- ¿Qué caminos se avizoran para el país?
Marisela Ramírez- ¿Adónde va el país? Este clan empresarial que ahora nos gobierna, va a tratar de afianzarse en el poder, reformando la Constitución de la República y garantizándole la reelección indefinida a Bukele. Por otro lado, el gobierno no va a lograr solventar el problema económico, entonces vienen otras medidas de ajuste estructural, es decir, aumento al IVA, privatización de empresas e incentivos fiscales para para las grandes empresas; en detrimento de las condiciones laborales del pueblo salvadoreño.
Así mismo, creemos que esta situación adversa puede activar la indignación del pueblo salvadoreño y traducirse en organización popular. Sin lugar a dudas, el pueblo le ha dado a Bukele la confianza en un primer gobierno. Supuestamente resolvió el problema de la delincuencia. Ahora el pueblo espera que resuelva el problema de la economía y ante la realidad de que el proyecto político de Bukele no concibe el beneficio a los sectores populares, esa contradicción se va a agudizar y el pueblo probablemente empiece a masificar sus denuncias en un activismo popular que puede crecer y organizarse.
En medio de este probable escenario en que Bukele ha constituido y fortalecido un aparataje militar fuerte, creemos que no va a dudar en utilizarlo para contener o reprimir, como ya está haciendo con algunas poblaciones y con sectores que históricamente han estado organizados. Bukele ha venido militarizando comunidades de pobladoras y pobladores que tienen una identidad revolucionaria de izquierda y con bastante tiempo de estar organizadas y organizados. Entonces no dudamos que esa política represiva aumente en la medida en que el pueblo empiece a exigir sus derechos. Y también creemos que esa puede ser una oportunidad para el pueblo salvadoreño de darle vuelta a la tortilla, como decimos acá en El Salvador. Es decir, de cambiar la situación grave que tenemos en términos políticos para luego dar un giro a lo social y a lo económico.
(*) Maribel Acosta Damas, Dra. en Ciencias de la Comunicación Social, Periodista cubana y docente de la Universidad de La Habana, trabaja y colabora con varios medios de su país y de otros países.
