Por Darío Rodríguez
El pasado 28 de junio, la Junta Departamental de Paysandú (JDP), presidida por Marcelo Tortorella, realizó, en el Teatro Florencio Sánchez, una charla sobre los 50 años del golpe de Estado y el contexto histórico, a cargo del periodista Alfonso Lessa. Además de las autoridades de la Intendencia y público general, efectuó una semblanza Hermes Pastorino, otrora dirigente sindical de Astrapay y uno de los integrantes del comando de huelga sanducero. Su inclusión en la Mesa le dio una margen de legitimidad mayor a la iniciativa.
Tal vez hubiera sido más atinado, o complementario, que se realizará, -aún se está a tiempo-, una sesión extraordinaria de la Junta Departamental sobre el tema; organismo democrático sustituido por una Junta de Vecinos puesta a dedo y con la lamentable continuidad de los intendentes, con excepción del rochense. En la misma, las distintas bancadas hubieran explicitado, dentro del organismo, su mirada sobre aquellos aciagos momentos.
Como todo Paysandú sabe, la JD no se caracteriza por ser, precisamente, una escuela de formación política. Las sesiones escasean y cuando se hacen dan pena: falta de respeto entre sus integrantes, cajoneo de iniciativas, inmadurez, insultos que no hacen otra cosa que desprestigiar la actividad política institucional. Más allá de responsabilidades compartidas, la mayoría tiene que hacerse cargo de tal situación y dar democrático ejemplo.
Ahora, una semana antes, la mayoría de la JD bloqueó, en una lamentable sesión, el pedido de la Intersocial, -que se movilizó junto a otras organizaciones-, para que se habilite un espacio público destinado a instalar un memorial en honor a la huelga sanducera contra el golpe de Estado. El lugar escogido para la obra (cantero en Av Salto, frente a la Ex Paylana) tiene un enorme valor simbólico. Por una parte, estaría en la otrora zona industrial; por otra se levanta allí un proyecto urbano de enorme impacto y significación que incluye 8 edificios cooperativos, uno para jubilados, centros educativos, CAIF, espacios públicos y recreativos. Esta actitud regenteada por el Partido Nacional (PN), contrasta, fuertemente con la “sesión” del Florencio Sánchez. ¿Cuál es la verdadera cara de la mayoría legislativa? ¿La negativa de dar anuencia para instalar Memorial sobre Av Salto es una chicana o un guiño a Cabildo Abierto? Pero si la población supiera que hay otras solicitudes cajoneadas, tenderá a pensar que es un posicionamiento político. Una de ellas tiene el propósito de destinar un espacio para conmemorar el acto del obelisco de 1980 y otra para homenajear a Aníbal Sampayo.
Aunque algunos ediles de la bancada oficialista, en virtud de la presencia ciudadana en las barras, se cuidaron de verter algunos comentarios, un colega de la oposición consultado manifestó que sin barra se hubieran “escuchado verdaderos disparates, muy reaccionarios”.
Esta JD, su mayoría gobernante, tiene reacciones refractarias ante la presencia de organizaciones populares y de trabajadores. Hace algunas semanas, el SUNCA y la FANCAP, fueron a la misma solicitando exponer su posición sobre la privatización de las plantas de Portland, extremo que implicará, entre otros impactos, pérdida de puestos de trabajo en un departamento con 6.300 desocupados e infinidad de compatriotas buscando alimentos en las volquetas. En la oportunidad, los trabajadores fueron desalojados del recinto. Atrás quedó la época en que algunas figuras nacionalistas, entre ellas el intendente, respaldaban la propuesta de los trabajadores.
La sesión del pasado 22 reveló, al menos, tres situaciones. La impopularidad y desmanejo que hace del organismo la mayoría del PN, el prematuro inicio de la campaña electoral nacionalista y la erosión que estos episodios pueden generarle al intendente que viene siendo cuestionado hasta por la diputada de su propio sector, Nancy Núñez. En clara alusión a la gestión de Olivera, al lanzar su lista semanas atrás, la legisladora se preguntó “cómo puede ser que, teniendo 25 millones de dólares de un fideicomiso, Paysandú esté como está”. Alude al creciente desempleo, ausencia de políticas de frontera, anuncio que no pasan de eso y escaso diálogo político.
“No me interesan las grandes obras para trascender…(…)…me preocupan y ocupan los problemas cotidianos. La Intendencia debe exigir al gobierno nacional facilidades para su gente y no andar cacareando por un lado y negociando en secreto por el otro para beneficio propio”. Ironizando sobre el eslogan de campaña, del actual jefe departamental, Núñez expresó que “no hemos podido ponernos de pie”.
6.5 millones de dólares de déficit
La posible erosión de la gestión se puede suplementar con el reciente dictamen del Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio 2021 de la Intendencia. El mismo da cuenta de la implementación de multas y moras violando artículo 297 de la Constitución, facturas sin IVA de los complejos termales (Guaviyú y Almirón), imputación de gastos del ejercicio posterior, compras sin licitación, carencia de inventarios de bienes, horas extras superiores al cupo establecido, ausencia de conciliaciones bancarias; entre otras irregularidades y desprolijidades. El postre lo constituye la constatación de un déficit de 260 millones de pesos. Unos 6.5 millones de dólares según el tipo de cambio de entonces. Aproximadamente un 10% del presupuesto.
A todo esto, el intendente, Nicolás Javier Olivera, guardó un estruendoso silencio sobre la negativa de la JD siendo que en ocasión del tratamiento por la enajenación de un predio para la UdelaR bajó al llano, negoció ( elogió a la oposición) y disciplinó a los suyos. El FA le ha señalado “que la Junta va por mal camino, que solo ha funcionado” 6 veces en 8 meses. A este desaguisado se agrega que distintos sectores nacionalistas comenzaron con la fiebre electoral. A su reintegro tal vez pueda encauzar a sus correligionarios para que el nunca más tengo expresión en las actitudes cotidianas y en lo simbólico. Aquello de ser y parecer.
(Arriba dirigentes de la ISP exponen solicitud. Abajo, las organizaciones siguen debate)
