Por Colectivo Mate Amargo
El pueblo colombiano ha vivido años más que en golpes de Estado, en Estado de golpes, pues Colombia desde los años 50 no ha tenido golpes de ese tipo, aunque la violencia permanente azota a sus habitantes a diario, desde la represión del Estado y respuestas populares múltiples, al asesinato de presidenciables como fue el caso de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 y los sucesos del bogotazo, o más adelante en 1990 Carlos Pizarro. Paramilitares, narcotráfico y ejercito han hecho una fatídica combinación temeraria y sangrienta. Pero desde el año pasado se abría una esperanza al asumir Gustavo Petro la presidencia del hermano país.
Sin embargo, el peligro y las amenazas no dejan de presentarse. El 11 de mayo pasado decía el presidente Petro en su cuenta de Twitter: “¿Por qué conspiran para un golpe de estado? Porque les aterroriza que acabemos la impunidad. La verdad los acobarda tanto que van al desespero. Ocultan judicialmente lo que ya la sociedad sabe: la corrupción enorme en el estado y el genocidio, la violencia y el terror desatados sobre el pueblo, son dos caras de la misma moneda”. El coronel retirado, ex candidato al senado por el partido derechista (uribista) “Centro Democrático”, Marulanda habría incitado al golpe de Estado al hablar de “defenestrar” a Petro. Este Sr. fue además presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore). «Yo creo que Colombia está siguiendo los pasos del Perú y yo creo que en el Perú las reservas fueron exitosas en el sentido de que allá lograron defenestrar a un presidente corrupto», dijo Marulanda. Previo a estas declaraciones, cientos de retirados de las fuerzas armadas manifestaron en Bogotá donde en varias oportunidades corearon la consigna de “Fuera Petro”, siendo conocida la alianza de estas fuerzas con el uribismo.
Por otra parte, varias personalidades de la izquierda, intelectuales y lideres políticos de 35 países denuncian un golpe blando en Colombia, entre ellos El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el jurista español Baltasar Garzón, el líder laborista británico Jeremy Corbyn o el excandidato presidencial francés Jean-Luc Mélenchon. La misiva expone que varios poderes “se han estado organizando para restaurar un orden marcado por la desigualdad extrema, la destrucción del medio ambiente y la violencia patrocinada por el Estado”, citando personas en concreto como Margarita Cabello de la Procuraduría y Francisco Barbosa de la fiscalía que atacan y persiguen a representantes del “Pacto Histórico”, fuerza que llevó al poder a Petro y Marquez. Entre los investigados por la Procuraduría y según se menciona en el texto citado se encuentran Alex Flores, Alexander López, David Racero, Susana Boreal y María José Pizarro (Senadora hija del candidato a presidente asesinado en 1990 y actual negociadora con el ELN por la paz), así como Wilson Arias contra el cual ya se abrió proceso judicial por “pronunciarse contra la violencia policial durante las protestas nacionales de 2021″, todo lo cual constituye una “violación flagrante del precedente legal establecido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impide a los órganos administrativos como la Procuraduría General destituir a funcionarios electos”. Se trata obviamente de obstaculizar las reformas sociales para el aumento salarial, mejoras en las prestaciones de salud, protección del medio ambiente y la paz que impulsa el gobierno progresista y atenta contra los intereses de los poderosos de siempre. Por todo lo antes dicho la propia bancada del “Pacto Histórico” había solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su intervención para evitar un golpe blando.
El Frente Amplio y su mesa política, aquí en Uruguay y con fecha 12 de junio manifestó su solidaridad con el pueblo colombiano, la coalición Pacto Histórico y el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez ante los procesos de desestabilización: “Respetuoso de la autodeterminación de Colombia pero también solidario con los anhelos de su pueblo y la vocación democrática del gobierno colombiano, el Frente Amplio denuncia la embestida a través de operadores de intereses externos, así como de organizaciones vinculadas al narcotráfico, exponentes de otros poderes del Estado, organismos reguladores y conglomerado mediático, contra la institucionalidad y la gobernabilidad en ese país, advirtiendo asimismo sobre el riesgo e implicancias internas y regionales.”
Los tiempos no permiten la menor demora, que sea este un llamado de alerta.