Por Colectivo Mate Amargo
Esta semana se votará en la Comisión de Presupuesto del Senado la nueva Rendición de Cuentas del Gobierno, y si todo continúa como viene siendo, la semana próxima las mayorías del oficialismo levantarán sus manos para sostener y dejar plasmado en el papel de las leyes el recorte al Estado social y de derechos.
A la salida de una pandemia que afectó —por inacción o acción del Gobierno— a los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad, y en un momento donde los salarios siguen aún sumergidos a niveles pre-pandemia, el Poder Ejecutivo decidió enviar un proyecto para continuar en el ajuste a los sectores claves del Estado, entre ellos la educación.
Movilizados por esa realidad, el movimiento estudiantil está llevando adelante distintas instancias en reclamo de mayor presupuesto para la educación y rechazando la reforma educativa impulsada por el gobierno.
La estrategia de la tijera.
Los 137 millones de dólares menos en el presupuesto de la educación uruguaya de 2019 a 2021 son una realidad objetiva que puede poner bastante en contradicción aquello del gobierno de defender la educación pública —que tanto dicen pero poco hacen—. Para un país que apuesta al desarrollo tecnológico, el recorte en educación a todo nivel es amputarse una posibilidad para muchos años hacia delante, porque menos presupuesto no solo son menos docentes y menos clases, sino también es menos investigación científica para el desarrollo del Uruguay productivo, menos becas para nivelar el acceso al conocimiento, menos descentralización para la construcción de conocimiento según las necesidades locales.
Mucho ruido y pocas nueces.
Pero además de poco presupuesto, propuestas anunciadas con bombo y platillo a la tribuna pero sin contenido real. Sin ningún tipo de aviso a quienes trabajan día a día con tiza o marcadores con los gurises y gurisas de todo el país, el Gobierno decidió presentar una reforma educativa copiada al calco de otros países, pero que cambia poco y daña mucho.
Decidió hacerlo como acostumbra: de espaldas al pueblo, no garantizando la voz de los actores involucrados directamente, estudiantes, docentes ni tampoco de su destinatario final: la sociedad uruguaya en su conjunto.
La piedra en el zapato.
Para dolor de cabeza de las autoridades, estudiantes de liceos, profesorado, magisterio y universitarios se movilizaron durante el tratamiento de toda esta Rendición de Cuentas en defensa de la educación pública.
Calculando las horas (o minutos) para ser desalojados, o amenazados por las propias direcciones de las instituciones con decretos y normativas inexistentes, en los últimos meses miles de estudiantes decidieron ocupar liceos, el Consejo de Formación en Educación, el IPA, Magisterio, Institutos de Formación Docente, CeRPs, Facultades y Centros Regionales de la UdelaR.
La semana pasada, Centros de Estudiantes de Facultad decidieron ocupar sus centros de estudios. Tal es el caso del Centro de Estudiante de Ciencias Sociales y la intergremial de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, donde llevaron adelante ocupaciones y talleres abiertos donde estuvo en conversación las políticas de recorte presupuestal y la reforma educativa que se plantea llevar adelante por parte de ANEP.
Al cerrar puertas al debate, decidieron abrirlas y organizar talleres de discusión y paneles informativos: las cuentas que el Gobierno elige no mostrar en su rendición, las mostraron estudiantes organizadas y organizados en conjunto con los demás actores de la educación pública y la sociedad.
La participación es irreversible, no quedan dudas de que la lucha presupuestal continua, varios centros anunciaron que en el correr de la semana realizarán distintas ocupaciones.
Queda claro que no es inocente el recorte presupuestal, que no es inocente la criminalización de la protesta. Les molesta que cada vez más gurises y gurisas accedan a estudios terciarios, les molesta la educación pública de calidad, les molesta la contribución de la universidad pública en el desarrollo económico y social del país.
