BOLIVIA: CAMINO A LA IMPUNIDAD

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Por Estefanía Prado  González

El lunes 18 de abril de 2022 la golpista Jeanine Añez, en medio de un juicio oral ordinario contra ella denominado “Caso Golpe II” que avanza velozmente, envió una carta a los coautores del golpe del 2019, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, pidiendo que sus bancadas legislativas apoyen un “juicio de responsabilidades” contra ella. Su cálculo es simple: quiere evitar que el juicio ordinario Golpe II llegue a fase de sentencia, quiere entorpecerlo con un “juicio de privilegio constitucional” que no le corresponde, para que el proceso ordinario se suspenda y se archive, ya que ella y su defensa legal saben que la carga de pruebas en su contra es contundente.

Sin embargo, infiltradas en las filas del proceso de cambio, hay autoridades como el ministro de justicia Iván Lima que acudiendo a sofismas jurídicos, haterminado coincidiendo con los abogados de JeanineAñez, planteando también un “juicio de responsabilidades”. Es un falso debate preguntar si Añez ejerció o no actos administrativos de gobierno, si firmó o no decretos; claro que ejerció de facto, ilegal e inconstitucionalmente, lo hizo como resultado de una ocupación violenta del gobierno, luego del derrocamiento de un presidente constitucional (Evo Morales). Lo que debe quedar meridianamente claro es que la de Añez no fue una presidencia constitucional surgida del voto soberano en las urnas o de una sucesión constitucional con arreglo a procedimientos legislativos constitucionales. Este es el tema de fondo.

Siendo la “Ley de Juicio de Responsabilidades” del 8 de octubre de 2010 un desarrollo legislativo que emana de la Constitución Política del Estado que entró en vigencia en febrero de 2009, aquel texto legal debe leerse a la luz de la suprema normativa constitucional. Cuando en esa Ley de enjuiciamiento se dice que se aplica a “la Presidenta o Presidente, a la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado Plurinacional”, se entiende que se está refiriendo a las autoridades definidas en su naturaleza por la propia CPE, vale decir Presidencia y Vicepresidencia constitucionales. Cualquier otra lectura sentará un nefasto precedente: en adelante cualquier persona que se apodere violentamente del gobierno, procediendo a dar órdenes y masacrando civiles, luego cuando sea alejado del gobierno dirá “a mí me toca juicio de privilegio, no me pueden procesar en la justicia ordinaria”. Será volver al escenario de impunidad que evitó el juzgamiento de Hugo Bánzer y de Alberto Natush Busch, ambas presidenciasdictatoriales resultado de sangrientos golpes de Estadodirigidos por esos jerarcas militares, el primero en 1971 y el segundo en 1979. No existe ningún error de procedimiento ni vulneración al debido proceso si, ejerciendo nuestra soberanía jurídica, en el juicio a los golpistas (comenzando por Añez, pero no limitándose a ella) se actúa de acuerdo a nuestra Constitución y a la jurisprudencia constitucional (Sentencia 0052/2021) que nos permiten ir por la vía ordinaria.

Respecto a guardar la concordancia con la norma internacional y evitar errores procedimentales para impedir que el juicio vuelva a fojas cero, sería un error estructural tomar el camino del juicio de responsabilidades con el engañoso argumento de que “ejerció la presidencia” y basados en una analogía (el caso del dictador militar Luis García Meza que dio un golpe el año 1980) que no corresponde aplicar por tratarse de distinto contexto histórico absolutamente diferente al de hace cuarenta años cuando las fuerzas armadas eran un poder fáctico que podían imponer condiciones y por ser la autorización congresal del juicio de responsabilidades el año 1986 un hecho anterior a la nueva Constitución del año 2009, que elimina cualquier privilegio a los golpistas. Al conceder a Añez juicio de responsabilidades, vulnerando nuestra actual constitución, y ahora con el argumento espúreoque algunos, como el ex candidato a la presidencia Carlos Mesa, comienzan a manejar, de que “Añez misma lo está pidiendo” (¿Desde cuándo, el acusado es el que define cómo será juzgado? ¿No existe Asamblea Legislativa? ¿No existe Tribunal Constitucional?), se estaría aceptando que la de ella fue una presidencia constitucional, y ahí sí, se estaría abriendo la compuerta a todo tipo de cuestionamientos jurídicos y procedimentales en beneficio de la impunidad.

El ministro Iván Lima maneja un argumento tramposo en su observación sobre el caso de terrorismo separatista, que fue un juicio penal abierto por el gobierno de Evo Morales contra una célula terrorista descubierta en la ciudad de Santa Cruz el año 2009. Según el ministro de justicia (que dicho sea de paso, es miembro del Opus Dei) “fue un proceso ordinario que duró 10 años y no llevó a ninguna sentencia”. Habrá que recordarle a Lima que ese caso sí tuvo sentencias (mediante procesos abreviados) por lo que el archivo de obrados efectuado el 2020 fue absolutamente ilegal e inconstitucional, ya que luego del golpe de Estado del 2019 el ministro de facto Arturo Murillo, retiró la denuncia y el fiscal Juan Lanchipa retiró a la Fiscalía General del caso. Hoy Lanchipa debería ser procesado por haber actuado de la forma ilegal en que lo hizo cuando servía a los golpistas. Es absolutamente sesgado observar que ese caso ordinario “duró diez años” como argumento y al mismo tiempo evitar mencionar que el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada se autorizó el año 2004 y hasta ahora (18 años después) no hay sentencia contra Sánchez de Lozada ni Sánchez Berzaín, que tampoco fueron extraditados desde Estados Unidos.

Al margen de Lima cuyo accionar desde el inicio de su gestión ha seguido una línea de traición al proceso de cambio y a la demanda de verdad y justicia, hay alguna gente dentro del proceso de cambio que anda promoviendo y justificando un juicio de responsabilidades o privilegio para Añez; a ellos les pregunto: ¿No les hace ruido? ¿No les parece por lo menos sospechoso que los golpistas, sus abogados y el Departamento de Estado de los Estados Unidos -todos ellos promotores y actores del golpe- aboguen por un juicio de privilegio o de responsabilidades? ¿Creen que toda esa gente está actuando en favor de hacer justicia y condenar a los culpables de tan brutales crímenes? ¿En serio creen que Añez y sus abogados están actuando en busca de lograr la justicia por las masacres, violaciones, torturas, ejecuciones sumarias, vejaciones y demás atrocidades? ¿No creen que Añez, Mesa, Camacho y sus abogados actúan buscando el escenario que les permita anular los juicios ordinarios contra Añez ya en curso? ¿No les llama la atención esas coincidencias?

Las cosas están claras. Toda la derecha se está juntando para pedir “juicio de privilegio”. El pueblo organizado y el gobierno debemos juntarnos exigiendo verdad y justicia sin ningún tipo de privilegios para los golpistas.

El lunes 18 de abril de 2022 la golpista Jeanine Añez, en medio de un juicio oral ordinario contra ella denominado “Caso Golpe II” que avanza velozmente, envió una carta a los coautores del golpe del 2019, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, pidiendo que sus bancadas legislativas apoyen un “juicio de responsabilidades” contra ella. Su cálculo es simple: quiere evitar que el juicio ordinario Golpe II llegue a fase de sentencia, quiere entorpecerlo con un “juicio de privilegio constitucional” que no le corresponde, para que el proceso ordinario se suspenda y se archive, ya que ella y su defensa legal saben que la carga de pruebas en su contra es contundente.

Sin embargo, infiltradas en las filas del proceso de cambio, hay autoridades como el ministro de justicia Iván Lima que acudiendo a sofismas jurídicos, haterminado coincidiendo con los abogados de JeanineAñez, planteando también un “juicio de responsabilidades”. Es un falso debate preguntar si Añez ejerció o no actos administrativos de gobierno, si firmó o no decretos; claro que ejerció de facto, ilegal e inconstitucionalmente, lo hizo como resultado de una ocupación violenta del gobierno, luego del derrocamiento de un presidente constitucional (Evo Morales). Lo que debe quedar meridianamente claro es que la de Añez no fue una presidencia constitucional surgida del voto soberano en las urnas o de una sucesión constitucional con arreglo a procedimientos legislativos constitucionales. Este es el tema de fondo.

Siendo la “Ley de Juicio de Responsabilidades” del 8 de octubre de 2010 un desarrollo legislativo que emana de la Constitución Política del Estado que entró en vigencia en febrero de 2009, aquel texto legal debe leerse a la luz de la suprema normativa constitucional. Cuando en esa Ley de enjuiciamiento se dice que se aplica a “la Presidenta o Presidente, a la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado Plurinacional”, se entiende que se está refiriendo a las autoridades definidas en su naturaleza por la propia CPE, vale decir Presidencia y Vicepresidencia constitucionales. Cualquier otra lectura sentará un nefasto precedente: en adelante cualquier persona que se apodere violentamente del gobierno, procediendo a dar órdenes y masacrando civiles, luego cuando sea alejado del gobierno dirá “a mí me toca juicio de privilegio, no me pueden procesar en la justicia ordinaria”. Será volver al escenario de impunidad que evitó el juzgamiento de Hugo Bánzer y de Alberto Natush Busch, ambas presidenciasdictatoriales resultado de sangrientos golpes de Estadodirigidos por esos jerarcas militares, el primero en 1971 y el segundo en 1979. No existe ningún error de procedimiento ni vulneración al debido proceso si, ejerciendo nuestra soberanía jurídica, en el juicio a los golpistas (comenzando por Añez, pero no limitándose a ella) se actúa de acuerdo a nuestra Constitución y a la jurisprudencia constitucional (Sentencia 0052/2021) que nos permiten ir por la vía ordinaria.

Respecto a guardar la concordancia con la norma internacional y evitar errores procedimentales para impedir que el juicio vuelva a fojas cero, sería un error estructural tomar el camino del juicio de responsabilidades con el engañoso argumento de que “ejerció la presidencia” y basados en una analogía (el caso del dictador militar Luis García Meza que dio un golpe el año 1980) que no corresponde aplicar por tratarse de distinto contexto histórico absolutamente diferente al de hace cuarenta años cuando las fuerzas armadas eran un poder fáctico que podían imponer condiciones y por ser la autorización congresal del juicio de responsabilidades el año 1986 un hecho anterior a la nueva Constitución del año 2009, que elimina cualquier privilegio a los golpistas. Al conceder a Añez juicio de responsabilidades, vulnerando nuestra actual constitución, y ahora con el argumento espúreoque algunos, como el ex candidato a la presidencia Carlos Mesa, comienzan a manejar, de que “Añez misma lo está pidiendo” (¿Desde cuándo, el acusado es el que define cómo será juzgado? ¿No existe Asamblea Legislativa? ¿No existe Tribunal Constitucional?), se estaría aceptando que la de ella fue una presidencia constitucional, y ahí sí, se estaría abriendo la compuerta a todo tipo de cuestionamientos jurídicos y procedimentales en beneficio de la impunidad.

El ministro Iván Lima maneja un argumento tramposo en su observación sobre el caso de terrorismo separatista, que fue un juicio penal abierto por el gobierno de Evo Morales contra una célula terrorista descubierta en la ciudad de Santa Cruz el año 2009. Según el ministro de justicia (que dicho sea de paso, es miembro del Opus Dei) “fue un proceso ordinario que duró 10 años y no llevó a ninguna sentencia”. Habrá que recordarle a Lima que ese caso sí tuvo sentencias (mediante procesos abreviados) por lo que el archivo de obrados efectuado el 2020 fue absolutamente ilegal e inconstitucional, ya que luego del golpe de Estado del 2019 el ministro de facto Arturo Murillo, retiró la denuncia y el fiscal Juan Lanchipa retiró a la Fiscalía General del caso. Hoy Lanchipa debería ser procesado por haber actuado de la forma ilegal en que lo hizo cuando servía a los golpistas. Es absolutamente sesgado observar que ese caso ordinario “duró diez años” como argumento y al mismo tiempo evitar mencionar que el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada se autorizó el año 2004 y hasta ahora (18 años después) no hay sentencia contra Sánchez de Lozada ni Sánchez Berzaín, que tampoco fueron extraditados desde Estados Unidos.

Al margen de Lima cuyo accionar desde el inicio de su gestión ha seguido una línea de traición al proceso de cambio y a la demanda de verdad y justicia, hay alguna gente dentro del proceso de cambio que anda promoviendo y justificando un juicio de responsabilidades o privilegio para Añez; a ellos les pregunto: ¿No les hace ruido? ¿No les parece por lo menos sospechoso que los golpistas, sus abogados y el Departamento de Estado de los Estados Unidos -todos ellos promotores y actores del golpe- aboguen por un juicio de privilegio o de responsabilidades? ¿Creen que toda esa gente está actuando en favor de hacer justicia y condenar a los culpables de tan brutales crímenes? ¿En serio creen que Añez y sus abogados están actuando en busca de lograr la justicia por las masacres, violaciones, torturas, ejecuciones sumarias, vejaciones y demás atrocidades? ¿No creen que Añez, Mesa, Camacho y sus abogados actúan buscando el escenario que les permita anular los juicios ordinarios contra Añez ya en curso? ¿No les llama la atención esas coincidencias?

Las cosas están claras. Toda la derecha se está juntando para pedir “juicio de privilegio”. El pueblo organizado y el gobierno debemos juntarnos exigiendo verdad y justicia sin ningún tipo de privilegios para los golpistas.


El lunes 18 de abril de 2022
la golpista Jeanine Añez, en medio de un juicio oral ordinario contra ella denominado “Caso Golpe II” que avanza velozmente, envió una carta a los coautores del golpe del 2019, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, pidiendo que sus bancadas legislativas apoyen un “juicio de responsabilidades” contra ella. Su cálculo es simple: quiere evitar que el juicio ordinario Golpe II llegue a fase de sentencia, quiere entorpecerlo con un “juicio de privilegio constitucional” que no le corresponde, para que el proceso ordinario se suspenda y se archive, ya que ella y su defensa legal saben que la carga de pruebas en su contra es contundente.

Sin embargo, infiltradas en las filas del proceso de cambio, hay autoridades como el ministro de justicia Iván Lima que acudiendo a sofismas jurídicos, haterminado coincidiendo con los abogados de JeanineAñez, planteando también un “juicio de responsabilidades”. Es un falso debate preguntar si Añez ejerció o no actos administrativos de gobierno, si firmó o no decretos; claro que ejerció de facto, ilegal e inconstitucionalmente, lo hizo como resultado de una ocupación violenta del gobierno, luego del derrocamiento de un presidente constitucional (Evo Morales). Lo que debe quedar meridianamente claro es que la de Añez no fue una presidencia constitucional surgida del voto soberano en las urnas o de una sucesión constitucional con arreglo a procedimientos legislativos constitucionales. Este es el tema de fondo.

Siendo la “Ley de Juicio de Responsabilidades” del 8 de octubre de 2010 un desarrollo legislativo que emana de la Constitución Política del Estado que entró en vigencia en febrero de 2009, aquel texto legal debe leerse a la luz de la suprema normativa constitucional. Cuando en esa Ley de enjuiciamiento se dice que se aplica a “la Presidenta o Presidente, a la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado Plurinacional”, se entiende que se está refiriendo a las autoridades definidas en su naturaleza por la propia CPE, vale decir Presidencia y Vicepresidencia constitucionales. Cualquier otra lectura sentará un nefasto precedente: en adelante cualquier persona que se apodere violentamente del gobierno, procediendo a dar órdenes y masacrando civiles, luego cuando sea alejado del gobierno dirá “a mí me toca juicio de privilegio, no me pueden procesar en la justicia ordinaria”. Será volver al escenario de impunidad que evitó el juzgamiento de Hugo Bánzer y de Alberto Natush Busch, ambas presidenciasdictatoriales resultado de sangrientos golpes de Estadodirigidos por esos jerarcas militares, el primero en 1971 y el segundo en 1979. No existe ningún error de procedimiento ni vulneración al debido proceso si, ejerciendo nuestra soberanía jurídica, en el juicio a los golpistas (comenzando por Añez, pero no limitándose a ella) se actúa de acuerdo a nuestra Constitución y a la jurisprudencia constitucional (Sentencia 0052/2021) que nos permiten ir por la vía ordinaria.

Respecto a guardar la concordancia con la norma internacional y evitar errores procedimentales para impedir que el juicio vuelva a fojas cero, sería un error estructural tomar el camino del juicio de responsabilidades con el engañoso argumento de que “ejerció la presidencia” y basados en una analogía (el caso del dictador militar Luis García Meza que dio un golpe el año 1980) que no corresponde aplicar por tratarse de distinto contexto histórico absolutamente diferente al de hace cuarenta años cuando las fuerzas armadas eran un poder fáctico que podían imponer condiciones y por ser la autorización congresal del juicio de responsabilidades el año 1986 un hecho anterior a la nueva Constitución del año 2009, que elimina cualquier privilegio a los golpistas. Al conceder a Añez juicio de responsabilidades, vulnerando nuestra actual constitución, y ahora con el argumento espúreoque algunos, como el ex candidato a la presidencia Carlos Mesa, comienzan a manejar, de que “Añez misma lo está pidiendo” (¿Desde cuándo, el acusado es el que define cómo será juzgado? ¿No existe Asamblea Legislativa? ¿No existe Tribunal Constitucional?), se estaría aceptando que la de ella fue una presidencia constitucional, y ahí sí, se estaría abriendo la compuerta a todo tipo de cuestionamientos jurídicos y procedimentales en beneficio de la impunidad.

El ministro Iván Lima maneja un argumento tramposo en su observación sobre el caso de terrorismo separatista, que fue un juicio penal abierto por el gobierno de Evo Morales contra una célula terrorista descubierta en la ciudad de Santa Cruz el año 2009. Según el ministro de justicia (que dicho sea de paso, es miembro del Opus Dei) “fue un proceso ordinario que duró 10 años y no llevó a ninguna sentencia”. Habrá que recordarle a Lima que ese caso sí tuvo sentencias (mediante procesos abreviados) por lo que el archivo de obrados efectuado el 2020 fue absolutamente ilegal e inconstitucional, ya que luego del golpe de Estado del 2019 el ministro de facto Arturo Murillo, retiró la denuncia y el fiscal Juan Lanchipa retiró a la Fiscalía General del caso. Hoy Lanchipa debería ser procesado por haber actuado de la forma ilegal en que lo hizo cuando servía a los golpistas. Es absolutamente sesgado observar que ese caso ordinario “duró diez años” como argumento y al mismo tiempo evitar mencionar que el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada se autorizó el año 2004 y hasta ahora (18 años después) no hay sentencia contra Sánchez de Lozada ni Sánchez Berzaín, que tampoco fueron extraditados desde Estados Unidos.

Al margen de Lima cuyo accionar desde el inicio de su gestión ha seguido una línea de traición al proceso de cambio y a la demanda de verdad y justicia, hay alguna gente dentro del proceso de cambio que anda promoviendo y justificando un juicio de responsabilidades o privilegio para Añez; a ellos les pregunto: ¿No les hace ruido? ¿No les parece por lo menos sospechoso que los golpistas, sus abogados y el Departamento de Estado de los Estados Unidos -todos ellos promotores y actores del golpe- aboguen por un juicio de privilegio o de responsabilidades? ¿Creen que toda esa gente está actuando en favor de hacer justicia y condenar a los culpables de tan brutales crímenes? ¿En serio creen que Añez y sus abogados están actuando en busca de lograr la justicia por las masacres, violaciones, torturas, ejecuciones sumarias, vejaciones y demás atrocidades? ¿No creen que Añez, Mesa, Camacho y sus abogados actúan buscando el escenario que les permita anular los juicios ordinarios contra Añez ya en curso? ¿No les llama la atención esas coincidencias?

Las cosas están claras. Toda la derecha se está juntando para pedir “juicio de privilegio”. El pueblo organizado y el gobierno debemos juntarnos exigiendo verdad y justicia sin ningún tipo de privilegios para los golpistas.

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