Etiquetado de alimentos: “Tenemos muchos cambios pero pocas justificaciones”

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@mateamargouy

Gimena Morales

Si no hay nada pautado en el Mercosur con respecto a los valores del etiquetado hasta el momento, ¿por qué habría que armonizarse con los de los demás países?”, cuestionó Gastón Ares, coordinador del Núcleo de Alimentación y Bienestar de la Universidad de la República (UdelaR), en conversación con Mate Amargo.

Este miércoles se dio en el anexo del Palacio Legislativo una conferencia de prensa que contó con la presencia del Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas y el de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini. En este evento, Salinas explicó, entre otras cosas, que uno de los motivos por los cuales se cambiaron los valores límites para el etiquetado de alimentos fue la necesidad de armonizarse con los países del Mercosur.

Desde agosto de 2018, cuando se aprobó el primer decreto de etiquetado frontal para los alimentos con exceso de azúcares, sodio, grasas y grasas saturadas, hasta febrero de este año, se han hecho varios cambios, principalmente en cuanto a los valores de referencia para determinar qué productos deberían mostrar en su empaquetado la etiqueta del octágono correspondiente.

En comparación con la actualización del decreto que se realizó en setiembre de 2020, los valores de azúcar, grasas y grasas saturadas fueron los que sufrieron cambios en el nuevo decreto que tomó vigencia el primero de febrero de este año. Para los alimentos sólidos, el valor límite de sodio pasó de 400 a 500 miligramos cada 100 gramos. En el caso del azúcar, se pasó de 10 a 13 gramos. En las grasas totales el límite pasó de ser 9 gramos a ser 13 y en las grasas saturadas el límite antes era de cuatro gramos y ahora son seis.

En el caso de los líquidos, si bien los valores límites no variaron, se sacaron la lactosa y los azúcares de frutas y verduras de las consideraciones iniciales, por lo que hay varios productos que quedaron por fuera del etiquetado con esta nueva categorización.

En la conferencia de prensa que se dio este miércoles, Salinas afirmó que las variaciones antes mencionadas “no son significativas” ya que los productos que quedaron por fuera del etiquetado son muy pocos.

Los productos que iban rotulados con exceso de azúcar pasaron de ser 3210 a 3088, según informó Salinas. “Eso hace una diferencia porcentual de 1.3% con respecto a los valores anteriores”, explicó. “En grasas saturadas si hay una diferencia significativa, pero las grasas totales quedaron prácticamente igual”, agregó el ministro.

Salinas brindó dos argumentos para defender el cambio en los valores. En primer lugar, aseguró que esa variación armonizaba al Uruguay con las cantidades consideradas en los países del Mercosur. Por otra parte, el segundo argumento fue que el paso de calorías a gramos “conlleva, inevitablemente, un cambio en los valores iniciales”.

Gastón Ares, por su parte, cuestionó ambos argumentos y aseguró que ninguno es justificación suficiente para realizar los cambios que se hicieron en la última versión del decreto. En cuanto a valores que se armonicen con los del resto del Mercosur, Ares opinó que “cada país es autónomo para decidir basado en evidencia” y que además “todavía no hay un acuerdo del Mercosur sobre los valores por lo que no tiene sentido aggiornarse a valores que aún no fueron establecidos”.

En relación al cambio de calorías a gramos, Ares detalló que esa decisión no puede decirse que está “100% justificada”, ya que hay casos como el de la Organización Panamericana de la Salud o países como México en los que los valores se expresan en calorías y otros casos como el de Chile en los que se expresan en gramos, por ende, no hay una pauta generalizada sobre eso.

Por otra parte, si bien Salinas admitió que este cambio hace que varios productos lácteos que antes debían tener etiquetado ya no lo tengan, también aseguró que hay otros productos, como los panificados que ahora pasarían a tener al menos un octógono en su paquete.

Con respecto a eso, Ares planteó que no son cosas comparables. “Uno tiene que tomar en cuenta que esta política busca cambiar el comportamiento de la gente”, comenzó el especialista y explicó que se ha insistido mucho en el tema de los productos lácteos y postres porque muchas veces las familias los compran pensando que son saludables y no consideran las grandes cantidades de azúcar que poseen. “Así lo que termina pasando es que un niño consume tres kilos de azúcar por mes”, sentenció.

Sin embargo, ese no es el caso de los chocolates, las galletitas dulces y los panes, por ejemplo, ya que “las familias antes de comprarlas, normalmente ya saben que esos productos no son saludables para sus hijos”, subrayó Ares. De ese modo, lo que se pierde es el efecto “sorpresa”, que muestra a las personas que los productos que creen saludables, muchas veces no lo son.

Salinas defendió su postura asegurando que “hay ingenieros alimentarios que han estado estudiando el tema y aprueban la variación en esos valores”.

Aseguran más control

En una conferencia de prensa que también tuvo lugar este miércoles, Cristina Lustemberg, diputada del Frente Amplio, destacó la importancia de recordar que las enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes e hipertensión, son la principal causa de muerte en Uruguay.

Según datos brindados por la diputada, el 65% de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad, y en niños y adolescentes se trata del 35%. En los menores de 4 años el 12%. “Esto requiere que el etiquetado sea una política pública y que la fiscalización comience cuanto antes”, sentenció Lustemberg.

Hoy nos quedó claro cómo se va a dar la fiscalización, pero seguimos teniendo diferencias en cuanto al aumento en los niveles de azúcar del último decreto”, aclaró la diputada.

Salinas detalló que la fiscalización comenzará tan pronto como se logre controlar la pandemia. “Vamos a ser estrictos y severos”, aseguró y agregó que “habrá apercibimiento, reiteración, multa en los casos que sean necesarios”.

Finalmente, Lustemberg concluyó que desde el Frente Amplio esperan que comience rápidamente el proceso de fiscalización para que todos los consumidores tengan “mayor claridad” a la hora de consumir y así poder disminuir los niveles de sobrepeso y obesidad “porque realmente estamos convencidos de que esto es una política de Estado”.

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