Disculpen las molestias pero nos están matando

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@mateamargouy

Fiorella Melo – Inés Cortés

En estas últimas semanas hemos asistido a discursos por demás preocupantes por parte del Gobierno Nacional respecto a un tema tan alarmante como lo es la violencia hacia las mujeres basada en género.

El 23 de marzo en una conferencia de prensa dada por el Presidente Luis Lacalle Pou e integrantes del Poder Ejecutivo se escuchó una respuesta pobre, desinformada y muy poco responsable ante la interrogante de una periodista respecto al aumento de los femicidios y las acciones del gobierno al respecto: “Lamentablemente, con un efecto colateral, obviamente muy grave a veces, este confinamiento, este aislamiento, trae como consecuencia ese tipo de acciones. (…) Ahí se dan cuenta que gobernar a veces no es fácil, pero hay que poner en la balanza. El bien tutelado siempre es la vida. Lamentablemente la vida no se nos va de una manera, se nos va de varias y en ese sentido tenemos que ser equilibrados “.

El 28 de marzo asistimos a dos relatos presuntamente contrapuestos por parte de mandatarios del Gobierno Nacional. Por un lado el Ministro del Interior Jorge Larrañaga afirmó en horario central de un medio masivo que en los últimos 20 días disminuyeron un 7% las denuncias por situaciones de violencia basada en género1. Por su parte la Directora de INMUJERES Mónica Bottero declaró en conferencia de prensa2 que las consultas a través de la línea telefónica 0800 4141 de orientación a mujeres en situación de violencia doméstica aumentaron. Tiene sentido que así sea: ser escuchada, orientada y acompañada en esta situación de confinamiento antes que denunciar a tu agresor con el que posteriormente estás obligada a estar las 24 hs del día.

Pero lo preocupante de esto es que el Ministro Larrañaga haya arrojado el dato de disminución de denuncias como algo positivo, producto de su “buena gestión” demostrando así su absoluta ignorancia y desinterés por el tema, y por estas mujeres que son una y otra vez vulneradas por un Estado que mira al costado.

Exhortar al confinamiento -en los hogares- a las mujeres en situación de violencia basada en género con sus agresores las pone en un mayor riesgo. Entonces, si el bien tutelado es la vida ¿la medida de confinamiento tomada por el actual gobierno para prevenir la propagación del COVID 19 no debería ir acompañada de otras que contemple este tipo de situaciones?

La demanda histórica de los movimientos feministas de darle carácter público a lo que pasa en los hogares, cristalizada en la famosa frase “lo personal es político” pone en manifiesto justamente que lo que pasa “puertas adentro” es un problema social y por ende responsabilidad del Estado.

Y claro está que no se trata meramente de una demanda pública, sino que existe normativa que así lo determina y establece.

Si el Ministro no conoce la ley, es bueno repasarla: el artículo 2 de Ley N° 19.580 aprobada en diciembre de 2017 declara “(…) como prioritaria la erradicación de la violencia ejercida contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, debiendo el Estado actuar con la debida diligencia para dicho fin” y su artículo 5 literal b establece que “El Estado es responsable de prevenir, investigar y sancionar la violencia basada en género hacia las mujeres, así como proteger, atender y reparar a las víctimas en caso de falta de servicio”.

Garantizar una vida libre de violencia basada en género es una obligación del Estado y como tal no admite escala de priorización ni queda al arbitrio del gobierno de turno: se debe cumplir.
Poner en contraposición el tomar decisiones en un sentido -como el confinamiento como medida para evitar la propagación de la pandemia- y el tomar medidas de prevención y preservación de la vida de las personas víctimas de violencia basada en género, entendemos es erróneo. Como si avanzar en un sentido implicase abandonar el otro.

Ser “equilibrados” a la hora de tomar decisiones vinculantes como las de confinar a todos y todas en sus casas implica justamente considerar la realidad de miles de uruguayas, sino ¿de qué “equilibrio” nos habla el presidente? ¿Del equilibrio de dejar “a su suerte” a les más vulnerables de la sociedad, a niños, niñas y adolescentes mujeres víctimas de violencia basada en género?

Según una investigación realizada en el año 2019 denominada “Femicidios en Uruguay. Categorización y homogeneización” se encontró “que en 69% de los casos analizados el femicidio se cometió en la casa de la víctima o en el domicilio que compartía con su femicida”. 3

Con estos datos sobre la mesa ¿quién puede pensar que es seguro que una mujer decida denunciar a su agresor -con el que está obligada a convivir- al que posiblemente notificarán en ese domicilio o se comunicarán en su presencia? Plantear como factible que una víctima de violencia basada en género tome la decisión de denunciar su situación en este contexto es al menos irresponsable. Es necesario que las autoridades se detengan por un momento a pensar ¿qué hace esa mujer sin recursos económicos, sin un lugar a donde ir a refugiarse, sin vínculos sociales? ¿Les parece responsable exhortar a que una persona en esta situación denuncie a su agresor sin un mínimo respaldo estatal?

La violencia basada en género es asunto de Estado y la respuesta a ello debe irrefutablemente ser materia de decisiones responsables por parte del Gobierno Nacional. Su omisión sólo recrudece la violencia, revictimiza a quienes la sufren y hace del Estado uruguayo un Estado Feminicida.

No se trata de dar conferencias con las mismas respuestas de siempre a la opinión pública, se trata de hacerse cargo y de dar respuestas efectivas a quienes las necesitan, las circunstancias así lo demandan, su vida depende de ello.

Mientras tanto, nos siguen matando.

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