Por Economía Política
Un anuncio publicitario de campaña nos llamó la atención por varios motivos. El primero, es cómo sin ninguna autocrítica previa, se muestran como los “sinceros y honestos”1.
Aunque la primera respuesta que nos surge a la pregunta que ellos se hacen “¿qué vamos a hacer?”, es la del título de este artículo convencidos de que no ganaran las elecciones, hoy vamos a recordar que pasó con los 3 problemas que allí se mencionan, en épocas en que gobernó el Partido Nacional (Luis Alberto Lacalle, su padre, presidente), y qué proponen en “Lo que nos une es ahora”, programa del Partido Nacional para el próximo quinquenio que puede encontrarse en su sitio web.
Los 3 problemas que plantea el anuncio son: el desempleo; el cierre de empresas rurales; la carga impositiva a los comerciantes que según el anuncio hace que “no llegue a fin de mes”2
El desempleo
El cuadro primero nos recuerda “Qué hicieron” con el desempleo los blancos en pleno auge de la economía. Mientras el PBI crecía a un promedio anual de 4,3% en el quinquenio 1989/94, acumulando en ese período un aumento del 23%, el desempleo llegó al 9,2% (más alto que lo que se prevé en el peor año del período frenteamplista, 2019).
Ese, y los 4 años siguientes, fue el llamado período de “auge” del modelo neoliberal blanqui-colorado que hizo crisis a partir de 1999 de una manera brutal, dónde el desempleo llegó a tasas del 17% en 2002. Ya en 1995 superaba el 10%, situándose casi en el 12% en 1996/97, cuando aún la economía no caía.
Pero lo más importante es analizar qué están planteando, o sea “¿Qué van a hacer?” con el desempleo. Para ello tenemos que remitirnos a sus propuestas de gobierno, más que a sus declaraciones.
En primer lugar, plantea reducir la cantidad de funcionarios públicos a 9 mil por año, lo que hace a 45 mil en el quinquenio. El planteo es no cubrir nuevas vacantes. Nuestra pregunta es: ¿estará previendo un achique de la población del país o de la creación de valor en el país?
Es que la cantidad de funcionarios públicos dependen, en primer lugar de las necesidades, que se han ido resolviendo. Esas necesidades de uruguayas y uruguayos son principalmente educación, salud y seguridad. Por eso decimos que a no ser que se reduzca la población de manera importante, cosa que podría suceder con ritmos migratorios altísimos en un país que no muestre futuro cierto para nuestras hijas e hijos; la otra manera de reducir así la cantidad de funcionarios es afectando gravemente los servicios de educación, salud y seguridad. No nos dejemos engañar con discursos facilongos.
Además es oportuno aclarar que hoy las remuneraciones en el gasto total del gobierno central son el 17,4%, similar proporción que tenían sus gobiernos en 1999 cuando era del 17,3% y muy inferior a la que los gobiernos de coalición rosada dejaron en el 2004 (18,6%). En el año 1999 el gasto público en remuneraciones era el 4,8% del PBI, y sin alejarse mucho, en el 2018 alcanzó el 5,3%. Nada que indique que por este camino se encuentra la solución a todos los problemas.
Empresas rurales
Como es costumbre en el Partido Nacional, se hacen afirmaciones falsas para llevar agua a su molino (recuerden Larrañaga con que desaparecía un tambo cada 40 minutos). Y este tema no ha sido la excepción. Observemos el gráfico que nos muestra la evolución de la cantidad de establecimientos según encuesta DICOSSE, publicada en los anuarios estadísticos de DIEA, y destaquemos algunos comentarios al respecto.
En primer lugar, la caída grande en la cantidad de establecimientos rurales se la debemos al gobierno rosado (de coalición blanquicolorada) que desembocó en la crisis del 2002, provocando que en 2 años desaparecieran el 18% de los establecimientos rurales (más de 10.000). Posteriormente crecen en 10% hasta 2013 (+5.000) y desde 2014, cuando comienza el enlentecimiento y posterior estancamiento del producto se reducen hasta llegar prácticamente a la misma cantidad que había en 2002, 47.284 establecimientos. Además de que es una reducción mucho menor a la que ellos como Partido contribuyeron en otra fase del ciclo, recordemos que no solo han cambiado los modelos de producción agropecuaria, sino que la población rural más joven acentúa su proceso de emigración hacia las ciudades tras oportunidades que ahora si consigue obtenerlas, incluidas en ellas las relativas a niveles superiores de estudio y (aunque no linealmente) también de trabajo.
Pero lo central es un problema mucho más profundo, y del cual los blancos no hablan: la concentración de la tierra. Al respecto decía Agazzi “… hemos ampliado los mercados,
estamos compitiendo en el mundo con las tesorerías de países poderosos y las grandes trasnacionales. Hoy debemos analizar todos los aspectos estructurales de transformación en épocas de estrechamiento de la rentabilidad con el riesgo de concentración creciente del capital y la expulsión de productores chicos.
A ello puede aportar mucho la investigación, el intercambio, la negociación sana. Pero muy poco aporta la repetición de información parcial, distorsionada, destinada a instalar en la ciudadanía la idea de una crisis terminal del sector sin fundamento. Y menos si a ello se suma el accionar de actores políticos interesados en afirmar que la crisis económica terminal, se puede solucionar sólo con un cambio de gobierno.”3
La carga impositiva y los comerciantes
Hay algo que el Sr. Lacalle Pou nunca dice, y es que el IRAE es totalmente contra cíclico. O sea, se trata de un impuesto a la renta, a la ganancia, lo que implica que se asocia a ella, dicho de otra manera: si no hay ganancia, no hay IRAE. Pero además no dice, que antes el IRIC era del 30% y con el Frente Amplio pasó al 25%.
Obviamente que sube la recaudación cuando sube el PBI, pero ello no implica que la presión fiscal sea mayor. Entre los años 1999 y 2004 (gobierno colorado), la presión fiscal se mantuvo en constante crecimiento. Una de las razones fue la caída del denominador de esta relación, o sea del PBI. A ello se sumó la creación de nuevos impuestos y el aumento de las tasas de los ya existentes. Entre el año 2005 y 2006 la presión fiscal creció en el orden del 4% aproximadamente, y otro tanto hacia el 2008 para luego estancarse hasta el 2017/2018 que vuelve a incrementarse.
Muchos de los más pequeños comerciantes (MiPYMES y PYMES), se convirtieron en sujetos de derecho a partir del 2005. Sus hijos que van a la escuela pública, ya no están en aulas desbordadas de alumnos con docentes que en el mejor de los casos estaban en la línea de pobreza; tienen también acceso a salud de calidad, y sus vidas se transformaron, ante una demanda ascendente en una sociedad que crecía. Hoy y a pesar del estancamiento que estamos sufriendo, el paraguas existe.
Decimos en el informe de coyuntura de EconomiaPolitica.uy. “Que la economía capitalista se desarrolla en ciclos, es una verdad objetiva descubierta en el siglo XIX y refrendada por múltiples autores con posterioridad: algo así como una ley del sistema. El tema está que tan hondo caemos, y quien paga las mayores consecuencias. Estos dos temas están unidos. La distribución de las consecuencias del ciclo económico, no solo permite mayor justicia, sino, además que la caída sea menos profunda, trastocándose en estancamiento (como es el caso), y mantener fortalezas que hace retomar el crecimiento más rápidamente”4. Pero, el discursito fácil y mentiroso del Sr. Lacalle, lo único que hace es jugar con los problemas de la gente, y soluciones no plantea, porque no tiene o no las quiere decir porque solo favorecen a los más ricos.
La política del Frente Amplio en situaciones críticas siempre tuvo su punto de partida en los más débiles, como ha sido el caso de los productores agropecuarios, apoyando a los productores familiares para refinanciar sus deudas bancarias e impositivas, adecuando sus costos energéticos, entre otras.
Para el caso de los pequeños comerciantes, el 4º punto de la propuesta económica de Daniel Martínez propone “ un paquete de medidas para las Mypes, para las Pymes, que ocupan un lugar importantísimo en la creación de mano de obra”. Dentro de este paquete de medidas Martínez destacó: exoneración de impuestos, simplificar trámites, incentivos para modernización tecnológica con soporte de capacitación y facilitarles el acceso a la digitalización, también el respaldo para internacionalizar sus productos y convertirse en agentes exportadores.
