Rumbo de Tierra

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@mateamargouy

César Rodriguez – Marcelo Amaya

¨Yo no sé muchas cosas, es verdad.
Digo tan sólo lo que he visto….¨
León Felipe

Una perspectiva desde los trabajadores

Durante las décadas del 80 y del 90 la visión neoliberal de la economía se extiende en todo el mundo. Una revisión de la legislación de la época, muestra que en su transcurso se tomaron algunas medidas que modificaron la Institucionalidad de la propiedad de la tierra, preparando el camino para el proceso que se desataría recién a comienzos de la década siguiente.

La generación de políticas públicas de apoyo y de acceso a recursos productivos para la producción familiar ha tenido, como contra cara, condiciones altamente favorables para el avance del capital, a través del agronegocio con promulgaciones como la ley forestal, ley de promoción de inversiones, régimen de los arrendamientos.

El nuevo milenio, alumbra cambios en las principales cadenas de valor del campo uruguayo bajo efectos de la globalización, entendiendo por esto no sólo la profundización de su inserción en el mercado internacional, sino también la penetración del capital financiero y la extranjerización parcial en la propiedad de la tierra, en la etapa de transformación agroindustrial (frigoríficos, molinos arroceros, industria láctea, agricultura de secano, etc.), del comercio internacional y de provisión de insumos (semillas, agroquímicos, maquinarias), continuándose procesos de acaparamiento de tierras, recursos hídricos y políticas de financiamiento que jaquean la seguridad y la soberanía alimentaria de millones de personas en el mundo, también presentes en nuestro país.

En los últimos doce años la mitad de las tierras del país han cambiado de mano. El precio promedio de la tierra se multiplicó por siete. La agricultura de granos y la forestación pasan de representar menos del 1% al 20% de la superficie agropecuaria desplazando a la ganadería.

Precarización de fuentes y condiciones de trabajo para asalariados

El costo de la mano de obra rural en el Uruguay ha sido a lo largo de muchos años muy bajo en comparación con el costo de la mano de obra no rural. A esto se le ha agregado altos niveles de precariedad que han facilitado la obtención de ganancias.

En la situación de los asalariados rurales y los cambios en el mercado de trabajo se producen avances en la obtención de ciudadanía por parte trabajadores, aunque en un contexto de grandes desigualdades con asalariados de otros sectores de la economía.

Es posible también que la concentración en la posesión de la tierra por compra y arrendamiento termine afectando el mercado de trabajo rural de distintas maneras. Por un lado fortaleciendo una tendencia que ya tiene varios años, a la residencia urbana de la fuerza de trabajo asalariada. Por otro, favoreciendo el crecimiento de la intermediación laboral en la figura del contratista de mano de obra (contratista forestal y de servicios agropecuarios), y del contratista de maquinaria agrícola (en la agricultura de secano y en la ganadería).

Es difícil saber cómo influirán estos cambios en la precariedad del trabajo. El empleo rural es generalmente precario, pero hay niveles de precariedad distintos. Por un lado la urbanización de la residencia podría facilitar la sindicalización, la elevación de los niveles de instrucción y de formación de la mano de obra y la mejoría en las condiciones de vida de la familia dependiente del trabajador agropecuario. Por otro lado, la proliferación del contratismo podría significar mayores niveles de precariedad si no se establecen normativas y procedimientos para controlarlo por parte de los organismos competentes.

En el evidente deterioro, pérdida de fuentes de trabajo y de ingresos intervienen factores como la mecanización, que requiere mejor calificación de trabajadores para mayor productividad en menos tiempo, con menor cantidad de asalariados. Resalta la pérdida de calidad de vida por aplicación de métodos intensivos de producción con incorporación de agro tóxicos, contaminación recursos naturales, y escasa regulación en términos de salud y seguridad laboral, predominantemente en el modelo agrícola actual y la propuesta académica más influyente.

En términos de sindicalización rural, se repiten prácticas patronales de represión sindical, apuntando a neutralizar el avance de organizaciones en los territorios bajo la desobediencia y el incumplimiento de derechos adquiridos en los tres últimos períodos de gobierno además de graves violaciones a las libertades sindicales, con enormes dificultades para consolidarlos por el control económico que ejerce en los territorios el poder oligárquico histórico. Mediante mensajes aleccionadores a la interna de las empresas, se persigue desalentar la adhesión y militancia de los asalariados en sus organizaciones de base, a través de constante asedio sobre delegados en ámbitos de trabajo.

Las dificultades de contralor del MTSS en fase de inspección y aplicación de sanciones ineficientes, con medidas económicas irrisorias que no encaminan los cambios en las reglas de juego del mundo del trabajo rural, desalientan el acercamiento de los asalariados a las tareas de defensa de intereses de clase y derechos conquistados por sus organizaciones.

Proletarización de la producción familiar

La tierra bajo propiedad de uruguayos disminuyó del 90% al 50%, compradas mayormente por Sociedades Anónimas, muchas de ellas de origen extranjero. Entre 2000 y 2011 desaparecieron el 20% de los productores agropecuarios, el 90% de los cuales tenían menos de 100 hectáreas, esto es 12.000 productores familiares en 12 años, tendencia que no se logra revertir a pesar de la ejecución de programas de desarrollo productivo, en vistas a que estos procesos obedecen a causas de orden sociocultural y políticos más complejos, entre ellas, que la viabilidad de la producción familiar no puede ser concebida bajo la premisa de un sector de producción legitimado por su anclaje a cadenas agro exportadoras que les darán un lugar subordinado como proveedoras de servicios para estos sectores.

Dichas dificultades, alejan las posibilidades concretas de consolidarlos en los controles económicos y culturales territoriales que ha ejercido y disputado el poder oligárquico históricamente, en condiciones de desigualdad para las familias que residen en el campo. El supuesto básico sería que la industrialización en agricultura y la mayor estandarización de los procesos productivos segregando mano de obra y población estable residente en el campo.

La paulatina desaparición y el vaciamiento del campo por exclusión social de productores familiares, (aliados estratégicos de los asalariados rurales) se da como efecto del avance de un modelo productivo agropecuario dominante basado en la concentración de medios de producción (bajo formas de concentración de propiedad y acaparamiento de arrendamientos), con aplicación de paquetes tecnológicos monopólicos de corporaciones multinacionales, que deviene en proletarización de los mismos.

Este fenómeno genera una pérdida casi total del control social en algunos territorios por subordinación a las reglas impuestas por el agronegocio, que incluyen la intermediación en la comercialización de productos, con cambios en la sociabilidad de las comunidades. Los remates feria locales, ámbito natural de encuentro entre vecinos y también mercado estacional de trabajo y de intercambios está desapareciendo a influjo de los remates por pantalla que hoy comercializan el 80% del ganado.

Asimismo se han multiplicado las fiestas rurales. Algunas celebran la producción (la fiesta de la vendimia, del arroz, la expo activa de Soriano, etc.) otras son fiestas étnicas o religiosas. La mayoría reafirman la cultura ganadera, celebrando el vínculo ecuestre, rescatando la figura del gaucho, las tradiciones criollas, en un ambiente entre festivo y nostálgico tendiente a igualar (por un día) las diferencias de clase en la ¨Familia rural¨ que come en distintas mesas.

Sin agregado de valor local, y con pérdida de incidencia sobre el control del uso de recursos naturales (tierra y agua, semillas) a instancias de debilidades, aparece la pérdida de confianza en las políticas de los organismos reguladores.

El sector agropecuario han construído un sistema de manejo que conjuga los recursos naturales, seres humanos y animales buscando una mejor armonía y coexistencia de dichos elementos versus un modelo impulsado por la mayoría de científicos y técnicos destinado a aumentar la productividad sobre la base de un uso más intensivo de los RRNN, con un retorno económico basado en la escala y concentración de área y recursos, al subestimar la existencia de este conflicto se desdibuja la necesidad del trabajo político cultural en las organizaciones que aglutinan a familias productoras.

Quienes empiezan a ocupar este lugar en la conducción de los procesos de cambio son predominantemente equipos técnicos abocados a manejar una realidad sin conflicto, despolitizada, neutra en nombre del saber y el conocimiento académico, sin embarrarse las patas, ahora encargados de determinar cuáles son los límites de las transformaciones, refugiando a sus actores legítimos en su nicho privado con la sensación de que algo no termina de funcionar bien, y subordinados al saber de la nueva clase conductora alienada.

Por cobardía política y ausencia de mensajes claros encauzadores de este proceso de cambios desde las síntesis de nuestras fuerzas políticas, que los han iniciado y deben conducirlo, afloran sensaciones de ciudadanía rural desmoralizada, terreno fecundo apto al sedimento político conser­vador trasmitido y heredado por varias generaciones: ¨mirar únicamente de la portera para adentro¨.

Acceso a la tierra con justicia social

Los difíciles procesos de sindicalización rural, si bien ya se producían en los años 50 (asalariados del arroz), toman más fuerza y visibilidad en este período, con el impulso dado por la izquierda a la militancia para la organización sindical. Pero, junto a las clásicas reivindicaciones por salarios y derechos laborales, se impone la lucha por la tierra.

La referencia histórica es la de UTAA y su líder histórico Raúl ¨Bebe¨ Sendic Antonaccio, cuya praxis propone un nuevo tipo de lucha que trasciende lo sindical hacia metas transformadoras.

Las políticas de acceso a la tierra pretenden dar respuesta a trabajadores excluidos por razones ideológicas y de práctica sindical que quedan fuera del mercado de trabajo.

La presencia del conflicto entre, por un lado, la hegemonía ideológica de un modelo empresarial clásico que separa la propiedad de la administración, conducida por equipos técnicos especializados cuyo objetivo es la máxima rentabilidad del inversor, antes que la búsqueda del equilibrio entre los negocios y el ambiente, y por otro, la Tierra en manos del estado eliminando la presión que existe sobre ese bien, adjudicada a colectivos, cambian las formas de tenencia y explotación por procesos asociativos. La discusión de fondo supone la profundización de la separación entre producción y satisfacción de necesidades humanas.

Se empiezan a generar condiciones para revertir los procesos de emigración rural creando una posibilidad de establecer a las familias en sus territorios para evitar la pérdida de identidad, en una lucha cultural desigual, por la detentación de poder económico y político de grandes extensiones y sus gremiales referentes. Las experiencias colectivas intentan ofrecer resistencia a la diferenciación y exclusión, a la manera de contratendencia (campos de recría, compra de insumos, maquinarias, equipos e infraestructuras de uso colectivo, fondos rotatorios, etc.)

A su vez que estas experiencias colectivas se constituyen en entes testigos, termómetros para guiar por rumbos sustentables a la Producción Familiar, y también para la negociación colectiva de asalariados, al desmentir los ¨escasos márgenes de ganancia¨ de los sectores empresariales predominantes.

Se ponen en cuestión aspectos asociados al costo de tierras cuando son orientadas con fines especulativos bajo el ¨libre¨ juego de mercado, también para el agua, instalándose además la necesidad de búsqueda de formas de financiamiento para empujar los emprendimientos hacia su viabilidad socioeconómica, con acceso a la formación en gestión colectiva para toma de decisiones, fortalecimiento de autonomías e incorporación de nuevas formas de arraigo en las comunidades rurales, ya que sin arraigo no hay control social, y sin control social no hay posibilidades de defensa de soberanía.

Para las políticas públicas de este período quedan algunas interrogantes abiertas, acerca de si han habilitado la formación política y de gestión de las organizaciones asociativas rurales generando acumulación estratégica, a saber, enfrentar de mejor manera las condiciones que le impone el capital, y qué nuevos elementos en las políticas sociales permitirían transitar desde procesos de asociativismo inducido a grados crecientes de autogestión y autonomía.

¨Venimos a postular la vida.
El hombre, el ser humano, debe ser el centro de todos los números, de todos
los cálculos. La productividad de un país debe medirse en términos de felicidad.¨
Raúl Bebe Sendic
1985

 

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