Regularmente se escucha el comentario de cómo han evolucionado las relaciones laborales en nuestro país desde el ingreso al Gobierno del Frente Amplio. Sin embargo, en contadas oportunidades nos ponemos a inventariar el conjunto de normas que se han dictado desde 2005 en esta materia, aquellas que han sido parte del engranaje que ha permitido la mentada transformación.
Nuestros Gobiernos han apostado a un modelo de relaciones laborales modernas, cuyo centro es el diálogo social, la libertad sindical, la negociación colectiva y la participación ciudadana. Por ello fue necesario dictar una Ley de Promoción y Protección de la Actividad Sindical (Ley 17.940) y de esa forma instalar un sistema que habilita a actuar libremente a dirigentes y militantes sindicales, sin temor al despido antisindical, autorizando su reinstalación en caso de despidos motivados en estas conductas.
Por idéntica razón fue necesario crear un Sistema Nacional de Negociación Colectiva (Ley 18.566), como apoyo indispensable a la casi mítica Ley de Consejos de Salarios, fomentando el diálogo social en todos los niveles.
Estos órganos no son, como algunos pretenden señalar, sólo un mecanismo de fijación de salarios, sino que constituyen nuestro método autóctono de negociar colectivamente, habiéndose convertido en el corazón del sistema de relaciones laborales y una forma inigualable de participación democrática.
Esa suerte de trilogía: Consejos de Salarios, Promoción y Protección de la Libertad Sindical y Negociación Colectiva, tal vez fue una de las mejores políticas aplicadas en ambos gobiernos frenteamplistas. En la medida de que a través de ellas, entre otras cosas, se ha incrementado el salario real (poder de compra de nuestros trabajadores) en más del 40.5% desde el año 2005, así como también se pudo incorporar al mecanismo de diálogo social a los trabajadores rurales y domésticos.
Adviertan, la Ley de Consejos de Salarios (Ley 10.449) data del año 1943. Una formidable herramienta para los trabajadores, pero producto de su tiempo, excluía de su aplicación a asalariados rurales y al servicio doméstico. Pues tuvieron que pasar más de sesenta años para que el primer gobierno de izquierda los equiparara al resto de los asalariados del país. Más de 200.000 trabajadores incorporados a la negociación colectiva por primera vez.
Fue necesario crear la Ley de trabajo doméstico (Ley 18.065) y reformar algunos aspectos del régimen de los trabajadores rurales, para que pudieran acceder a un viejo mandato constitucional: el derecho a la limitación de la jornada. Increíblemente, en pleno Siglo XXI, hasta la sanción de las normas a que aludimos, estos compatriotas no tenían límite horario en su labor diaria. ¿Por qué? No lo sabemos, puro prejuicio, pura discriminación o vaya uno a saber. Lo cierto es que era injusto, y si nos permiten hasta inmoral, rémora de una concepción esclavista.
Nuestra fuerza política encaró el tema, pisando fuerte, afuera y adentro, liderando el tema a nivel internacional, siendo el primer país en ratificar el Convenio Internacional Nº 189 sobre Trabajo Doméstico.
En esta materia también se acotó la jornada semanal del personal de edificios y de la hotelería. Se incorporó en varios estatutos el descanso entre jornada y jornada, extremo hasta el momento prácticamente no regulado en nuestro derecho.
Tampoco podemos dejar de ver otras múltiples normas sancionadas en materia de Derecho Individual del Trabajo. Así se sancionaron dos normas regulando y acotando el campo de las tercerizaciones, ese fenómeno que flagela ingresos y condiciones de labor de muchísimos compatriotas.
En materia de género, se reguló el tema del acoso sexual en el ámbito estudiantil y del trabajo. Evidentemente que la dignidad es un derecho humano fundamental que no podía soslayarse en un gobierno de izquierda.
Se crearon normas que mejoran la protección de la maternidad y hacen a la paternidad responsable extendiendo el número de semanas de licencia de la trabajadora grávida o que ha dado a luz, posibilitando que parte de ese tiempo sea compartido con el padre. De la misma manera se dictó una disposición que prohíbe los test de embarazo, o exigir declaraciones negativas de tal estado para que la mujer pueda acceder al empleo.
Se creó una nueva Ley de Empleo Juvenil que intenta combatir los problemas que enfrenta este segmento de la población que tanto necesitamos si miramos al futuro.
De la misma forma se aprobó un proceso judicial más ágil, que asigna un tratamiento diferente a los grandes reclamos de las pequeñas causas para que el trabajador no tenga que esperar una eternidad para hacer efectivo sus legítimos haberes y no se vea obligado a aceptar transacciones miserables donde renunciaba a gran parte de sus derechos.
Podríamos seguir inventariando normas laborales y de seguridad social, pero nuestro editor limitó nuestro artículo a 4.000 caracteres. Nos ha sobrado una inmensidad de temas para incluir. Ello es la prueba más elocuente de que nuestra fuerza política ha trabajado incansablemente para mejorar la vida de aquellos que con su esfuerzo construyen la riqueza nacional, pero también que aún quedan muchos proyectos para llevar adelante, mejorar la distribución y construir una sociedad más justa.
Por: Nelson Loustaunau
