Matriz productiva y actores sociales. ¿Quiénes harán los cambios?

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Si se acepta que no se ha agotado el desarrollo de las fuerzas productivas en el marco de las relaciones de producción capitalistas y que los países dependientes tienen un margen para mejorar la situación económica y social, la estrategia para modificar la matriz productiva deberá articular a los actores que contribuyan a modificar las relaciones de poder. Se requieren políticas que contribuyan a la constitución y fortalecimiento de los actores que pueden formar parte de un proyecto nacional y para aumentar la autonomía enfocar el MERCOSUR como proyecto político y regular el movimiento internacional de capital.

Cuando se habla de modificar la matriz productiva, se quiere decir que hay que aumentar la producción de algunos bienes y servicios que el programa del Frente Amplio considera más importantes que otros. Los criterios para priorizar algunas actividades deberían ser económicos, sociales y políticos. Entre los primeros, aumentar el procesamiento de las materias primas nacionales incorporando tecnología moderna. Entre los segundos, crear empleos que permitan mejorar los salarios y desarrollar las actividades de formación que permitan a los trabajadores uruguayos cumplir esas tareas. Finalmente, fortalecer a los actores sociales que puedan participar de un proyecto nacional y popular.

Para aumentar la producción de cualquier bien o servicio, desde panes hasta barcazas para transporte de carga por los ríos, es imprescindible que se realicen inversiones, y para que esto ocurra tiene que haber financiación con créditos baratos a largo plazo y una posibilidad de venta segura de lo que se produce.

Para financiar inversiones se dispone de tres instituciones, la Corporación para el Desarrollo, el BROU y el FONDES, a los que hay que proporcionar los recursos para prestar y darles directivas precisas sobre cómo orientar los créditos para contribuir al cambio de la matriz productiva y al fortalecimiento de los actores sociales del cambio. Otras dos instituciones públicas, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INRFOP) debería operar con las mismas prioridades y objetivos, aportando, la primera, las innovaciones tecnológicas y, el segundo, facilitando el acceso de los trabajadores a los nuevos puestos de trabajo.

El Estado puede promover estos cambios de dos maneras, por su participación en la producción con las empresas públicas y orientando la actividad de las empresas privadas con medidas de política económica.

La demanda se asegura con: i) la protección del mercado interno con un tipo de cambio alto y con impuestos a las importaciones, por ejemplo, aumentando el arancel externo común del MERCOSUR; ii) las compras de las instituciones públicas, desde los ministerios a los hospitales; iii) la negociación del acceso al mercado externo, como por ejemplo con el acuerdo logrado con Brasil para la exportación de barcazas. En este último aspecto, la propuesta argentina de promover el comercio en el MERCOSUR con acuerdos de complementación productiva es una iniciativa interesante.

Las empresas públicas en actividades monopólicas como el agua potable, la energía o la refinación de petróleo, pueden combinar la defensa del interés nacional y popular con una gestión eficiente. Desde que asumió el gobierno del Frente Amplio han realizado importantes aportes al cambio de la matriz productiva entre los que se pueden destacar, en una lista incompleta por las limitaciones de espacio, la conexión de los hogares con fibra óptica que hace ANTEL, la diversificación de las fuentes de energía aumentando el uso de los recursos nacionales con energía eólica y solar que hace UTE y la creación de ALUR por ANCAP. El abastecimiento de agua potable de calidad, imprescindible para la salud, está asegurada por OSE como servicio público y no como mercancía que se vende para acumular capital.

Pero las empresas públicas tienen como límites la capacidad de inversión y de gestión del Estado. En actividades sometidas a competencia como por ejemplo la venta de alimentos, la experiencia del Consejo Nacional de Subsistencias fue un fracaso. La asociación con empresas privadas en el caso de PLUNA también ha sido un fracaso, que termina con ganancias privadas y socialización de pérdidas. Esta experiencia muestra la dificultad de compatibilizar la actividad de la empresa privada, que requiere secreto y disfraces, con la actividad de un gobierno cuyas decisiones deben ser públicas y transparentes.

Por lo tanto, por razones económicas y de gestión es imprescindible fortalecer con políticas de apoyo la iniciativa privada. Por razones políticas hay que elegir a los empresarios que son también trabajadores como los pequeños y medianos productores agropecuarios; las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y otras formas de gestión asociativa. El cambio en la matriz productiva precisa que se redistribuyan los medios de producción facilitando el acceso (el uso y no necesariamente la propiedad) de modo que los que tienen pequeñas propiedades las aumenten y no las pierdan y en segundo lugar, promoviendo el fortalecimiento de nuevas formas de propiedad y de gestión asociativa.

Por: Jorge Notaro – Investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Militante por la coordinación de los frenteamplistas que luchan por superar el capitalismo.

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