Colonización

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En los últimos años ha habido un cambio profundo en las relaciones de producción a nivel agropecuario. Esto, que tuvo una expresión superlativa en nuestro país, no se restringió a la realidad nacional sino que es un fenómeno mundial.

Algunos de estos cambios se pueden ver en el aumento de producción agrícola, el incremento de la inversión tecnológica, la aparición de nuevos mecanismos de agricultura como los transgénicos, el cero laboreo y la generalización del uso de herbicidas; el aumento del precio de la tierra y la concentración de la tierra.

Las causas de este fenómeno son múltiples: el aumento de la demanda internacional por alimentos, producto del mejoramiento de las condiciones de vida en los países emergentes (China, India, Brasil, etc), la aparición de los agrocombustibles, la crisis del capitalismo en los países hegemónicos, que optaron sacar los capitales de esos países para invertir en proyectos de mayor seguridad, como la inversión especulativa en tierras (bien que no se puede reproducir y por ello tienen una valoración casi mecánica con el tiempo), la especulación a futuro en el mercado de alimentos, entre otras.

Los defensores del sistema argumentan que el proceso es beneficioso para la sociedad por el aumento de la producción, el dinamismo económico a nivel rural y la modernización de ese medio. Sin embargo, al mismo tiempo, se produce una intensa concentración de la tierra y de su usufructo, con la consecuente expulsión sistemática de los productores familiares del campo, el uso esquilmante de los recursos naturales (suelos, agua y recursos biológicos), la puesta en riesgo de la capacidad productiva futura y por ende de la seguridad alimentaria, y la pérdida de la soberanía de los Estados de sus propios recursos.

La preocupación sobre estos efectos negativos no se restringen a las posturas ideológicas de izquierda. La propia FAO, o aun, algún organismo financiero internacional, han manifestado su preocupación por los efectos negativos de la concentración de la tierra, llamando a la reflexión a nivel internacional. Los foros de discusión sobre el tema se han repetido en varias partes del mundo y varios Estados han tomado medidas de protección a estos efectos.

En nuestro país este proceso se intensificó en la última década, con el agravante de la crisis financiera del 2002. La concentración en la propiedad de la tierra y su usufructo dejó fuera cientos de productores familiares. Como este efecto vino acompañado de un aumento del precio de la tierra derivó además en un proceso de extranjerización profundo del campo uruguayo.

Tengamos en cuenta que hasta el 2005 las herramientas que desde el Estado podían existir para contraponerse a esta situación estaban virtualmente desarticuladas. Tanto el Ministerio de Ganadería como el Instituto de Colonización no tenían peso en decisiones para revertir o enfrentar los efectos negativos que se estaban presentando. Es más, en el período 99 – 2004, hasta se planteó el cierre de este último, ya que las fuerzas conservadoras no querían siquiera dejar ningún foco que resistiera al proceso concentrador. Sólo la movilización de colonos, trabajadores y ciudadanos comprometidos con un sueño de país distinto lograron frenar estos embates.

Con el ingreso al gobierno del Encuentro Progresista, y léase bien, al gobierno, no al poder, se comenzaron a realizar medidas que atenuaran los efectos negativos del efecto concentrador: la reorientación de los proyectos de desarrollo rural, la propia creación de una dirección específica en este sentido, con sus políticas diferenciadas a favor de los más débiles, la supresión de la propiedad de la tierra en manos de sociedades anónimas con acciones al portador, y el fortalecimiento de las políticas del INC.

Sin embargo, la situación no solo no se detuvo sino que siguió un proceso acelerado. Posiblemente las medidas necesitaron un tiempo para poder por lo menos disminuir su aceleración, apreciándose un posible cambio paulatino a partir de este año.

En esta lógica la mejor herramienta que se tiene para contrarrestar esta situación son las políticas directas de compra y adjudicación de tierras por parte del Instituto Nacional de Colonización.

Desde el 2005 a la fecha se llevan adquiridas del entorno de 75 mil nuevas hectáreas que se suman al patrimonio de tierras que se manejan desde el Instituto, siendo este un avance histórico. Es decir que en estos siete años y medio se han adquirido por distintas vías (compra directa, sustitución del comprador en compromisos de compra venta de campos con más de 500 ha Coneat 100, también conocido como Artículo 35, expropiaciones, cesiones por parte del resto del Estado, etc.) casi un 25 % más que lo que se tenía en el comienzo de estas administraciones.

El solo hecho de participar de manera planificada en la compra y acceso a la tierra de productores nacionales tiene un efecto que tiende a equilibrar en cierta medida el proceso de la concentración de tierra y sus efectos negativos. Pero las acciones implementadas desde el INC lo trasciende. En primer lugar por la población que se atiende: productores familiares sin tierras, sin estabilidad en la que se ocupa o con insuficiencia de escala, y además los trabajadores rurales, asalariados individuales pero también los organizados en sus sindicatos.

Agréguese a lo anterior que se ha priorizado el acceso a la tierra en forma asociativa. Al precio actual de la tierra el impacto de lo adquirido, si se hiciera exclusivamente en forma individual, sería mínimo. Si se compran 500 hectáreas y se entregan en la vieja tradición de fracciones individuales a manera de una “raviolera” las 10 hectáreas por familia solo profundizarían los problemas socio económicos de esas familias, reproduciendo el minifundio improductivo del que tarde o temprano se aprovecharía el sector hegemónico a nivel rural. Sin embargo, al trabajarlo en forma colectiva se puede enfrentar en mejor estado los problemas de la escala, el acceso a la tecnología y el asesoramiento técnico, entre otros factores. En los casos exitosos, se puede ver que no es un producto teórico que se impone a “forceps” sino que es la solución y alternativa al modelo agroempresarial dominante. Sin embargo para llegar a esta situación se debe de contar con una sólida organización de los productores, aún antes del acceso a la tierra. Al mismo tiempo, esta organización garantizará la defensa del modelo alternativo más allá de esta circunstancia histórica en nuestro país.

Teniendo en cuenta que las informaciones sobre la migración campo ciudad se acentuaría a nivel mundial cabe la pregunta si esto es sostenible en el tiempo, es decir si existe ahora, en el corto y en el mediano plazo, compatriotas que quieran hacer opción por vivir del y en el campo. La realidad en nuestro país es que la demanda de tierra sigue siendo muy alta por parte de los ciudadanos que jamás podrán acceder a ella por la vía del mercado. De hecho, aún el enorme esfuerzo que se viene haciendo está lejos de satisfacer la demanda de tierra por parte de productores familiares y asalariados rurales. La inestabilidad de los arrendatarios en esta coyuntura, el desarrollo de sectores claramente de producción familiar como la lechería, la necesidad de adaptarse a nuevas escalas para la producción y los problemas de las sucesiones e ingreso de las nuevas generaciones están permanentemente ampliando la lista de los aspirantes.

Para poder estar a la altura de estas necesidades, y por lo tanto de la historia, por lo que esto implica para el futuro de nuestro país, se deberá extremar el trabajo en la organización de productores familiares y asalariados rurales, la toma de conciencia de la propia población urbana, el asumir las responsabilidades por parte de los que accedan a la tierra y sobre todo las herramientas financieras disponibles para que el fortalecimiento en serio del patrimonio de tierras del Estado se haga posible y pueda llegar a manos de quien dignifique la tarea productiva a favor del conjunto de la sociedad.

Por: Andrés Berterreche

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