Paraguay, Patria Rojaiju

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En la mañana del viernes 15 de junio se produjo un encuentro entre policías y campesinos cerca de la ciudad de Curuguaty -Campos Morombi-, en el Departamento de Canindeyú de la República de Paraguay en el que fallecieron 17 personas (11 campesinos y 6 policías) y unas 100 personas resultaron heridas.

El hecho se produjo en la Colonia Ybyrá Pytá, a unos 380 kilómetros al noreste de Asunción, después de que 321 policías con apoyo de helicópteros ingresaron a la hacienda Morumbí, propiedad del Sr. Blas Riquelme -conocido empresario y ex-parlamentario por el Partido Colorado de Paraguay-, para desalojar con orden judicial a los campesinos acampados en la finca que denuncian las irregularidades en la propiedad de esas tierras y reclaman su adjudicación a los campesinos.

Para la tarde de ese mismo viernes en que se sucedieron los hechos, el Senado y la Cámara de Diputados anunciaron sesiones extraordinarias para analizar la declaración del estado de excepción en la zona afectada, pedir la destitución del Ministro del Interior Carlos Filizzola y proponer un juicio político al Presidente Fernando Lugo. El Poder Ejecutivo había autorizado el envío de tropas militares a la zona para reforzar las tareas de la policía y el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, había nombrado como fiscales de la causa a Ninfa Aguilar, Diosnel Giménez y Jalil Amir Rachid, y en Asunción fueron designados Guillermo Zillich, Teresa Rojas, Sonia Mora y el fiscal adjunto Antidroga Marco Alcaraz.

En conferencia de prensa, antes de dejar su cargo, el Ministro del Interior informó que la situación estaba controlada y la zona rodeada por 321 efectivos policiales luego de que los campesinos iniciaran el tiroteo: “Sabíamos que tenían armas. Por eso enviamos al lugar a 300 efectivos para cumplir con el desalojo”. Filizzola agregó que hasta ése momento no habían podido confirmar una presunta vinculación en el hecho del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo criminal que opera en las regiones boscosas del noreste del país, en la frontera con Brasil tal como lo había hecho trascender la fiscal Ninfa Aguilar. “No tenemos datos hasta este momento de que haya sido la gente del EPP la que haya actuado en esto, sino campesinos de distintos orígenes, de distintas extracciones que ya anteriormente habían actuado en ocupaciones en la estancia Morumbí y en atropello a la sede de la Fiscalía de Curuguaty”, remarcó Filizzola.

Según la agencia Reuters, la Fiscal Ninfa Aguilar también señaló que los ocupantes estaban “vestidos con ropa militar […] prepararon trincheras, bombas, tenían todo listo para combatir. No son simplemente campesinos, estaban preparados para el enfrentamiento”. La Asociación Rural de Paraguay también había denunciado públicamente el vínculo entre los campesinos y los guerrilleros del Ejército Popular de Paraguay: “Este hecho, más el empleo de armas automáticas y de dispositivos explosivos, habla de algo más que de un simple grupo de ‘sintierras’. Era un grupo fuertemente armado y organizado capaz de asestar un golpe mortal a fuerzas policiales regulares.” Walter Gómez, comisario jefe de investigaciones del Departamento de Canindeyú, dijo que los campesinos tenían armas de grueso calibre, como fusiles M-16, y que la policía fue recibida con disparos de francotiradores, muriendo siete uniformados en esas acciones.

Para la tarde del día domingo 17 de junio, el informativo de noticias Subrayado, en Uruguay, publicaba en su página web que el Juez José Benítez había decretado la prisión para 12 campesinos y se habían declarado a otros 46 en rebeldía a causa de los hechos ocurridos. Los 12 campesinos afectados por la medida judicial fueron imputados por varios cargos, entre ellos homicidio doloso, homicidio doloso en grado de tentativa, lesión grave, asociación criminal, coacción y coacción grave. A su vez, el informativo señalaba que los hechos ocurridos devinieron en la destitución del ministro del Interior de Paraguay Carlos Filizzola, y del comandante de la Policía Paulino Rojas, quienes fueron sustituídos por Ruben Candia y Arnaldo Sanabria, respectivamente.

El vocero del Gobierno Miguel López Perito anunció una investigación sobre el caso Curuguaty y junto a la ministra de la Salud, Esperanza Martínez, se reunieron con dirigentes sociales en la zona de Curuguaty. A la salida el jefe del Gabinete Civil y Social de la Presidencia fue tajante al decir que el viernes, cuando se dio la balacera en la estancia Morombi de Blas N. Riquelme en Curuguaty “existían infiltrados entre los campesinos, por el tipo de armas que utilizaron”. También López Perito descartó que los campesinos hayan sido los que iniciaron el fuego, tal como se viene manejando y explicó que los campesinos no andan armados. Por su parte, los líderes sociales también denunciaron muchas irregularidades en la zona y se quejaron de la labor policial. Hablaron también de torturas y todo tipo de abusos por parte de los uniformados. Debido a esta última denuncia, López Perito anunció que pedirá una investigación de los hechos y se formará una comisión para tal efecto.

Según un informe elaborado en 2008 por la Comisión de Verdad y Justicia del Parlamento de Paraguay, 7.851.295 hectáreas han sido otorgadas mediante graves irregularidades a la legislación agraria. Para el Dr. Martín Almada “estas tierras mal habidas por los beneficiarios irregulares constituyen el 64,1% del total de adjudicaciones realizadas entre 1954 y 2003, 1.507.535 hectáreas corresponden a la Región Oriental, en tanto que 6.298.834 hectáreas pertenecen a la Región Occidental o Chaco. El caso Curuguaty está inmerso en el marco de estas irregularidades lo que dio lugar a masacrar a los que reclamaban sus derechos consagrados en la Constitución Nacional. Asimismo, lamentamos la muerte de los servidores del orden público que empujados por jueces y fiscales irresponsables al servicio de los latifundistas como Blas N. Riquelme, ordenaron el desalojo VIOLENTO de los campesinos.”

Durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) fueron asignadas en forma irregular unas 6,75 millones de hectáreas, y una vez terminado ese régimen, otro millón se entregó del mismo modo representando en total un 32,7% de la superficie cultivable del país.

Las tierras del predio en el que sucedió la represión el viernes 15 fueron donadas al Estado paraguayo por la firma La Industrial Paraguaya SA. En 1967 el Estado aceptó la donación y declaró la propiedad de interés social y la destinó al Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para distribuirla en una reforma agraria que establece la prioridad de los pueblos originarios y campesinos para el acceso a esas tierras del Estado. En un juicio, iniciado en 2004 y todavía en proceso, el Estado reclama para sí, desde el Indert y desde la Procuraduría General de la República, esas tierras del distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú, cerca del estado brasileño de Paraná. Pero en 2005 la empresa Campos Morombí, del ex senador Blas Riquelme -perteneciente al Partido Colorado, que gobernó Paraguay por 61 años-, ganó otro juicio por su propiedad contra La Industrial Paraguaya SA. “En el juicio se han observado múltiples irregularidades y falsedades, como el no haber dado intervención a la Procuraduría General de la República ni haber abonado las tasas judiciales en su iniciación”, señala la Comisión de Verdad y Justicia. Agrega que “las tierras del dominio privado del Estado y de los entes autónomos del Derecho Público no pueden ser adquiridas por usucapión”, la figura legal por la cual las obtuvo la compañía propiedad de Riquelme.

El Dr. Martín Almada, Premio Nobel Alternativo de la Paz y Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), comunicó: “Solicitamos urgentemente la creación de una COMISION INVESTIGADORA integrada por representantes de los tres Poderes del Estado, la sociedad civil, las Iglesias y los Organismos Internacionales de Derechos Humanos, fundamentalmente para determinar cómo ocurrieron los hechos, sus antecedentes y consecuencias. Queremos escuchar la otra campana que no se escucha para que NUNCA MÁS detrás de un formalismo jurídico se pretenda esconder una notoria injusticia cometida contra la laboriosa clase campesina.”

Un comunicado de la Coordinadora por la Recuperación de las Tierras Mal Habidas señala que: “La masacre del departamento de Canindeyú fue consecuencia de un conflicto de clases histórico en la sociedad paraguaya, producto del sostenimiento por parte de los tres poderes del Estado de un sistema de acumulación y acaparamiento de las tierras en manos de unos pocos… la violencia seguirá si no se inicia de una vez por todas la devolución de las tierras que pertenecen al pueblo paraguayo, que hoy están en manos de personas no sujeta a Reforma Agraria”.

Para el secretario general del Movimiento Campesino Paraguayo Damasio Quiroga lo que sucedió “fue una matanza contra nuestros compañeros, muchas mentiras se están diciendo para perjudicar lo que la gente dice de los campesinos que están luchando por tener tierra donde trabajar, que están peleando por el derecho a la reforma agraria.” En referencia a la divulgación de los hechos, realizado por la mayoría de los medios de comunicación, la policía y la asociación de estancieros Damasio Quiroga agregaba: “No tiene nada de verdad decir que había armas automáticas en el campamento de nuestros compañeros. Yo le puedo decir a usted, compañero, que no tenemos relación con ninguna guerrilla, para nosotros el EPP no existe. Ellos lo están inventando para perjudicar al campesinado cuando se organiza mejor, porque nosotros ahora no queremos seguir esperando que alguna vez se nos den las tierras mal habidas, los campesinos estamos peleando por nuestros derechos.”

En un comunicado de prensa la Organización Nacional de Indígenas Independientes señala en relación al tema: “El atropello con violencia es un mecanismo que siempre utilizaron las instituciones estatales como policías, militares y fiscalía para amparar a empresarios nacionales, transnacionales, latifundistas, siempre a favor del sector privado”.

Según la definición del Dr. Martín Almada la tensión entre campesinos y terratenientes, sector donde predominan los productores de soja brasileños, ha crecido desde la llegada de Fernando Lugo al gobierno en 2008, cuando prometió llevar adelante la Reforma Agraria y resolver el problema de las “tierras mal habidas”, grandes superficies de terrenos fiscales que el dictador Stroessner distribuyó entre militares y seguidores.

Por: Colectivo Internacional del Mate

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