Algunas reflexiones sobre la seguridad pública

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@mateamargouy

Micaela Izquierdo

A través de este artículo pretendemos aportar y cuestionarnos acerca de la situación de la seguridad pública, desde una mirada de izquierda, porque somos parte de esta realidad y nos debemos una reflexión de verdad, como militantes insertos en el territorio o desde el propio Estado. Creemos que son necesarios los aportes en este sentido, ya que la seguridad no es lo que nos muestran en la tele, ni los casos aislados a los que se les da únicamente prensa. Éstas reflexiones nacen de la praxis que venimos desarrollando un conjunto de compañeras y compañeros vinculados a la temática, la idea es plantear algunas ideas basadas en la autocrítica, que en su mayoría son interrogantes, que tenemos presentes y pretendemos se canalicen en algunos espacios. En primer lugar plantear algunas diferencias con los debates actuales, consideramos que algunos de éstos, que surgen en los medios de comunicación masiva, no son acertados dado que tergiversan la realidad en función de sus intereses y la muestran de forma fragmentada, pero esto no es nuevo. Quienes tienen voz, medios de prensa disponibles o el “aval” académico para hablar de estos temas, son parte de un grupo reducido y no sólo de derecha, sino que muchos son actores y compañeros de la izquierda frenteamplista como también, de la denominada izquierda social.

De más está decir que hay que destacar y reconocer a los trabajadores de diferentes organismos del Estado y de militantes de base que trabajan y que conviven a diario con las injusticias de un sistema que desde hace décadas se ha encargado de marginar y expulsar a una parte importante de nuestro pueblo, pero nos preguntamos:¿Los actores sociales y del Estado que trabajamos en territorio y en los organismos centrales no nos cuestionamos cómo un adolescente ya inserto en el mundo del delito llegó hasta ahí? ¿Acaso esa persona no pasó por programas como “Uruguay crece contigo” (MIDES), por un CAIF (INAU), por una escuela pública (CEIP), por un liceo público (CES) y hasta quizás por alguna institución religiosa (como las iglesias evangélicas que llenan algunos espacios vacíos en determinados territorios)? Hay todo un entramado estatal en funcionamiento, pero ¿esto alcanza? ¿hay espacios reales de coordinación y trabajo a nivel estatal que contemplen la globalidad de lo que pasa en los barrios? Entonces surge otra interrogante; ¿todo esto es suficiente o sirve como excusa para no actuar a nivel policial? Debemos hacer un fuerte hincapié en cómo se articula inter-institucionalmente con familias que han circulado por decenas de políticas sociales, decenas de soluciones paliativas y desarticuladas, con soluciones parciales. ¿Por qué es tan difícil cruzar las bases de datos entre los organismos y analizar el componente delictivo y el comportamiento de algunos individuos a la hora de abordar las distintas problemáticas? ¿Acaso esto es negar oportunidades o ser irresponsable a la hora de analizar la información disponible para el cumplimento de los objetivos trazados?

Desde el punto de vista de la seguridad pública, las condiciones de convivencia han cambiado, por ejemplo: ¿Somos conscientes que la dinámica del delito ha cambiado? ¿Somos conscientes que los códigos en los barrios han tenido un viraje radical en cuanto ya no hay códigos mínimos de respeto y convivencia entre vecinos? Los cuadros del delito fueron involucionando, o evolucionando en otros niveles en los que no se tiene en cuenta el entorno más cercano. Entendemos que hay ciertos parámetros mínimos de convivencia, que han desaparecido, y estos parámetros son, a nuestro entender, intolerables para poder tener una convivencia aceptable. ¿Cómo se explica que en un barrio donde las vulnerabilidades están a flor de piel saquen a vecinos a punta de pistola de sus casas? o ¿en base a qué teoría aceptamos que el delincuente afane a punta de pistola a sus vecinos trabajadores? La complejidad de esto no se soluciona con actos paliativos o parciales, tampoco con el miedo u omisión a la denuncia por parte de actores del Estado. La no acción como consecuencia del miedo no aporta, el descreimiento en la denuncia y acción policial tampoco. Pero también entendemos que quienes trabajan en territorio, muchas veces desde el Estado, conocen determinadas situaciones que están afectando la convivencia, y no actúan, ya sea por miedo, negligencia o por la causa que sea, y esto genera complicidad con estas lógicas actuales.

Los delincuentes que operan hoy en día en los barrios están disputándole el territorio al Estado y a los trabajadores en general. Debemos frenar este proceso e intentar revertirlo, para poder sentar las bases mínimas donde se pueda construir ciudadanía y hacer respetar los derechos básicos de los vecinos y los trabajadores. Pero para ello es necesario accionar, intervenir, de manera inmediata y coordinada. Y cuando decimos acción no es sinónimo de diagnóstico, equipos de trabajo multidisciplinarios y proyectos financiados por organismos internacionales. Acción quiere decir tener la voluntad y capacidad de definir y hacer que los organismos del Estado cumplan sus funciones básicas, de manera firme, y para que esto de resultado se precisan al menos dos elementos básicos: voluntad política y recursos.

Un ejemplo de que este modelo da resultados es la intervención en la Unidad Misiones de Casavalle, donde es el propio Presidente de la República quien da la orden de que intervengan los organismos del Estado en el territorio. Parece increíble, pero claramente estaban ausentes y fue necesario accionar y coordinar de manera precisa y clara diversos mecanismos para trabajar ahí.

Entendemos que es por ahí, con la coordinación precisa y con el trabajo en territorio, con un Estado que deje de ser ausente, desde todas sus esferas: sus políticas, sus recursos y sus propios trabajadores. Pero sobretodo, con una izquierda que no permita que estos procesos fragmenten a los propios trabajadores, que son en este caso quienes más se ven perjudicados por estas situaciones de violencia o inseguridad en sus barrios. Hay que afinar las políticas en este sentido, y también defender lo logrado a favor del pueblo. Y por más que le pese a más de un “desvelado militante de los procesadores de texto” que no se olviden, al manifestar su descontento con las políticas llevadas a cabo por el Ministerio del Interior, de la opinión de las personas que se han visto beneficiadas por los resultados de estos operativos y que conviven a diario con estas lógicas delictivas. Porque si algo tenemos claro es que, cuando uno agarra una changa como es un gobierno, esto es parte y no hay que tener miedo.

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