Argentina: Programa político en Educación

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Carina Benitez – Oscar Ojeda |

Caer en la escuela pública argentina

Un breve análisis, pero no por ello sencillo, sobre la situación actual de la educación Argentina, amerita tener en cuenta al menos tres aspectos. ¿qué cosas pasaron en estos tiempos? ¿Qué cosas están pasando en estos tiempos? Y ¿cuál es la perspectiva para los tiempos venideros?

Para el actual presidente de los argentinos Mauricio Macri, caer en la escuela pública es una desventura, a la que algunos sectores se ven llevados por cuestiones de azar. Los que pueden eligen la educación privada, porque según el principal mandatario, la escuela privada es la que vale la pena transitar. Esta es la concepción hegemónica sobre lo público que se torna cada vez más impenetrable, que se refuerza desde un “Plan Maestro” que ratifica el papel subsidiario del Estado en las normativas vigentes de ayer y de hoy.

¿Qué cosas pasaron en Educación?

La Argentina, al igual que el resto de los países de la región, atravesó una “convulsión reformista” durante la década de los noventa. Esta impronta en el rediseño del Estado llevó a una gran parte de los argentinos a vivir en carne propia el desmantelamiento absoluto de los bienes públicos. El traspaso de fondos al sector privado abarcó casi todos los servicios incluyendo el ámbito educativo.

América Latina en su conjunto se vio afectada por reformas educativas que fomentan la privatización de los servicios sociales y profundizan los procesos de descentralización administrativa. Estos cambios tuvieron el aval de los organismos internacionales de crédito (Banco Mundial, Fondo Monetario Institucional, Banco Iberoamericano de Desarrollo) quienes acompañaron con recomendaciones puntuales sobre los procedimientos a seguir en relación al gasto educativo. Surgieron propuestas educativas “innovadoras”, como los bonos educativos y las escuelas charters, las que representan amenazas contra la escuela pública, porque favorecen nuevos procesos de privatización, mercantilización y vulneran el principio de la educación como derecho social. Estas experiencias se basan en formas de financiamiento por la demanda sostenidas desde los principios neoliberales y ejecutados a partir de cálculos de rentabilidad.

El BM fomenta la inversión educativa según análisis de costo beneficio. Se basan en la idea de que los individuos se conducen racionalmente y lo hacen maximizando utilidades, cada sujeto toma las decisiones de acuerdo a la información con la que cuenta. De este modo estas experiencias que se sustentan en la libre elección depositan en los individuos las decisiones respecto a la educación, esta pasa a convertirse en un bien de consumo. La responsabilidad acerca de los resultados educativos cae en los individuos (padres, alumnos, maestros) desaparece la presencia del Estado como el garante de este derecho social. Las leyes educativas que se sancionan, tanto en la primera etapa, mediados de los 90 ́(Ley Federal, Ley de Transferencia y Ley de Educación Superior), así como la Ley de Educación Nacional de 2006, plantean básicamente el papel supletorio del Estado acudiendo a otras esferas de la sociedad civil, para hacer frente a la educación.

Actualmente se incluyen nuevas modalidades de gestión, la gestión cooperativa y las organizaciones sociales. Estas modalidades promueven la participación del ámbito privado en la cobertura educativa y reducen la participación del Estado. En tal sentido el Título III concerniente a la Educación de Gestión Privada de la Ley de Educación Nacional establece en el Artículo No 63 que “Tendrán derecho a prestar estos servicios la Iglesia Católica, las confesiones religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos; las sociedades, cooperativas, organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones, fundaciones y empresas con personería jurídica y las personas físicas”.

Aquí se coloca dentro de un mismo espacio un número importante de organizaciones que no tienen por sentido central la dirección pedagógica de establecimientos. El mismo artículo reza que los agentes tendrán “Derechos: crear, administrar y sostener establecimientos educativos; matricular, evaluar y emitir certificados y títulos con validez nacional; nombrar y promover a su personal directivo, docente, administrativo y auxiliar; formular planes y programas de estudio; aprobar el proyecto educativo institucional de acuerdo con su ideario y participar del planeamiento educativo”.

Esta forma de tergiversar el espacio público de lo privado, permitió en las provincias crear modalidades de privatización de establecimientos educativos bajo la gestión de distintos agentes de la sociedad.

¿Qué cosas están pasando ahora?

En relación a este punto queremos señalar que siguiendo la línea de los Organismos Internacionales de Financiamiento para Educación, el Gobierno ha intensificado programas que apuntan a modificar los bajos índices en relación a Educación. Esto ha dado lugar a los Programas focalizados de finalización de Estudios para Jóvenes y Adultos. Claro que esta política se desarrolla con programas “express” donde los conocimientos no son desarrollados para la Inclusión al mundo del trabajo o estudios superiores, sino que constituyen acuerdos particulares que van desde los tres meses hasta el año y medio, suprimiendo la formación y vulnerando el derecho a continuar sus estudios. Esta política de expansión de la escolarización secundaria con políticas focalizadas a los sectores más vulnerables en detrimento del derecho universal de la educación se realiza a través de una diversificación en la oferta de diversos programas, nacionales y provinciales.

En relación a la situación de las condiciones del trabajo docente el Estado Nacional ha desplegado una política de contención sobre los aumentos salariales. En particular la provincia de Buenos Aires, con la población más alta de docentes, ha sido la provincia en donde claramente las políticas de ajuste pretenden ser aleccionadoras para el conjunto de los trabajadores argentinos. Para ello ha desplegado una serie de medidas entre las que se encuentran las siguientes:

-Persecución a referentes sindicales: Las corporaciones mediáticas han hostigado desde el comienzo del conflicto docente a quienes son las caras visibles de los espacios sindicales, tanto a nivel simbólico, como así también en el plano personal. Por otro lado, el inicio de cada medida de lucha ha traído aparejado la intensificación de la Criminalización de la protesta, llevando adelante causas judiciales contra los trabajadores. Es preciso recordar que una de las banderas del Gobierno Actual fue la implementación de un “Protocolo Antipiquete”. Actualmente la instrumentalización de dicho paquete de medidas se ha desarrollado paralelamente a la compra de equipamientos en las fuerzas Policiales destinados a combatir las protestas sociales (Carros Hidrantes de última generación).

– Aplicación de bonificaciones a docentes que no acaten las medidas de huelga: La provincia de Buenos Aires bajo la Gestión de María Eugenia Vidal implementó el pago de un bono por presentismo, durante los días que se llevaron adelante las huelgas docentes, además del descuento para quienes se hubiesen ausentado a trabajar. Durante el año 2016, durante el conflicto docente anterior, se efectuaron descuentos a docentes que habían realizado medidas de paro, sin embargo la Suprema Corte de Justicia dictaminó que la provincia había descontado en forma Ilegales y que debía devolver los montos de dinero descontados de los salarios.

– Prolongación de las mesas de negociación salarial para su desgaste: en la actualidad casi a mitad del año escolar, la gran mayoría de las Paritarias salariales siguen sin cerrar acuerdos. La cantidad de días sin clase, las reuniones sin ofertas concretas, la manipulación de los números en la Inflación, son algunos de los aspectos que actúan en detrimento de un acuerdo claro que permita la continuidad de las clases.

¿Qué puede llegar a pasar?

La diversificación de los sindicatos docentes ha traído como consecuencia la imposibilidad de sostener medidas de lucha en conjunto. Las simpatías partidarias forman parte de esta multiplicidad de espacios que se presentan en pugna. Sin embargo no ha sido fácil para el Estado aplicar el paquete de medidas que pretenden. La imposibilidad de aplicar el protocolo antipiquete, la continuidad de las huelgas a lo largo de todo el país, y el descontento generalizado, son algunas de las expresiones colectivas de que no será fácil para la derecha gobernante consolidar el consenso social.

La provincia de Córdoba fue la localidad que más votos le otorgó al Gobierno de Mauricio Macri, casi el ochenta por ciento del padrón votó la opción de “Cambiemos”, sin embargo, el mayor estallido social actualmente se ha dado justamente en la mencionada provincia. Se habla de un nuevo “cordobazo” en alusión a la pueblada que comenzó como un conflicto de trabajadores del servicio de transporte pero se extendió al conjunto de la sociedad.

En la mañana del 12 de Junio, los colectivos del servicio de transporte salieron custodiados por la Fuerza Pública de Gendarmería para garantizar que los trabajadores no puedan sostener la huelga. La empresa contrató conductores a través de las redes sociales violando muchas garantías laborales. Esto habla de la imposibilidad que tiene el Estado y las Empresas de generar consenso social. El uso de la fuerza sólo ha generado una mayor solidaridad de quienes se oponen al ajuste y el punto final de esta pueblada aun no termina. Situaciones similares se están despertando en muchas provincias y el silencio mediático no ha logrado invisibilizar los conflictos. Queda mucha trinchera por cavar y mucha historia por contar, si el presente es lucha, el futuro quizás sea nuestro.

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