Educadores digamos no

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 Por: Miguel Soler Roca

¿Qué papel juega este indignado discurso en una publicación política que hoy trata monográfica y oportunamente de la educación? Lo juzgo muy importante, por eso he decidido colaborar con estas palabras en este número de Mate Amargo.

Soberbios y equivocados

Cruel viene resultando el año 2013 en materia de Derechos Humanos para la sociedad uruguaya.

Tendremos que afrontar el cuadragésimo aniversario del golpe cívico militar de 1973, recordándolo como la fuente de tristes crímenes todavía encubiertos y habremos de seguir soportando la ignominiosa contradicción de que mientras las víctimas desaparecieron sus victimarios circulan provocativamente entre nosotros.

Perdura el contumaz silencio de las Fuerzas Armadas respecto a sus crímenes, la ambigüedad de ciertos pronunciamientos de nuestra clase política, la irresponsable indiferencia de una considerable parte de nuestra alegre y confiada sociedad y, como nefasto remate, las sentencias últimamente adoptadas por la mayoría de nuestra Suprema Corte de Justicia (SCJ), que violan el sentido común, desprecian la memoria de las víctimas, el dolor de sus familiares y los sentimientos de nuestro Pueblo, desconciertan e irritan a la ciudadanía, dividen a la academia y a la jurisprudencia, transgreden  la legislación internacional y avergüenzan al país entero ante sí mismo y ante la comunidad mundial.

Mientras otras sociedades de América Latina realizan sensibles progresos en el esclarecimiento de la Verdad y en el castigo de sus respectivos criminales, Uruguay aparece ante la faz del mundo cediendo, una vez más, a las presiones de los verdaderos aunque ocultos culpables y se hace regañar como niño desobediente por organismos regionales con capacidad de aplicarnos deshonrosas sanciones.

Ante tanto daño, ha habido, no obstante, reacciones dignas de apoyo, así como advertencias fundamentadas acerca de la necesidad de enmendar el rumbo, caiga quien caiga. Aunque recién nacida, la Institución Nacional por los Derechos Humanos ha hecho oír sin demora la voz jurídica y éticamente fundada de sus miembros, poniendo en evidencia las aberraciones de la SCJ. Fiscales y jueces, la mayor parte de ellos mujeres, han decidido desconocer en sus sentencias la posición incompartible de la Corte. Las organizaciones de Derechos Humanos, la Universidad de la República, partidos políticos de izquierda, el movimiento sindical y estudiantil, artistas, intelectuales, residentes uruguayos en el exterior y todo tipo de agrupamientos sociales preocupados por el pasado y el futuro del país se han manifestado claramente contra los fallos de la SCJ y contra la soberbia y retrógrada actitud de la mayoría de sus miembros, pidiendo, como piden el sentido común y el decoro nacional, su alejamiento de los cargos que vienen inexplicablemente ocupando.
Esta crisis y el enfrentamiento que ha suscitado continúan, como lo demostró hace muy pocos días la participación ciudadana en la última Marcha del Silencio y el sentido actual de sus reivindicaciones. El país no podrá resistir el statu quo en esta materia y haríamos bien, todos, en forzar la búsqueda de una solución antes de que la inevitable salida nos sea impuesta desde fuera.

La educación y su irrenunciable protagonismo

He expuesto en múltiples ocasiones mi convicción acerca de la politicidad e historicidad del hecho educativo. No desarrollaré aquí estos temas. Rendiré homenaje, una vez más, a los estudiantes y los docentes asesinados, torturados, perseguidos y obligados al exilio por la dictadura. Y recordaré que a partir de la posdictadura, es decir, de 1986 y hasta 2005, los programas oficiales de estudio de la historia prescribían la enseñanza de “la evolución de nuestro país en el siglo XX hasta 1967”. Maestros y profesores estaban obligados a ocultar a sus alumnos en qué contexto habían vivido sus abuelos y padres y cuáles habían sido los hechos históricos conducentes al presente tal como lo percibían niños y adolescentes. Hubo durante cuatro períodos gubernamentales el ocultamiento de uno de los asideros fundamentales de la constitución de toda persona: el conocimiento de las raíces explicativas de su entorno real. Nada más que para la primaria oficial, puede calcularse en un millón el número de niños, hoy ya en edad de ejercer su plena ciudadanía, que no conocieron la historia reciente, conocimiento al que tenían pleno derecho por el mandato del segundo inciso del artículo 71 de nuestra Constitución y por la adhesión de Uruguay a variados instrumentos internacionales en la materia, entre ellos la Convención de Derechos del Niño de 1989 donde pueden leerse expresiones como las siguientes: “El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo…” (Art. 13); “Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a (…) prepararlo para asumir una vida responsable en una sociedad libre” (Art. 29).

En 1996 la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors, presentó a la UNESCO su informe titulado “La educación encierra un tesoro” que se ocupa abundantemente de este tema, incluyendo estos párrafos: “Se trata sobre todo de ayudar al alumno a entrar en la vida con la capacidad de interpretar los hechos más importantes relacionados con su destino personal y con el destino colectivo. (…) Hay aquí un terreno nuevo para los responsables de las grandes orientaciones de la política de la educación y de la elaboración de los programas. Esa perspectiva tendería a integrar los logros de las ciencias sociales en un enfoque global que permita una amplia comprensión de los hechos pasados y presentes”.

Reacios al mandato cobardemente impuesto en los programas de estudio de la época ya llamada “democrática”, muchos maestros y profesores rompieron el bloqueo que se imponía a sus conciencias y aportaron a sus alumnos el conocimiento de la verdad histórica total.

Lo hacían en escuelas y liceos, en forma personal y colectiva, enfrentando dificultades múltiples: la falta de suficiente información, la resistencia de algunas familias, el celo burocrático de ciertos directores e inspectores. Pero lo hacían, acatando su propia consigna interior: resistir el impuesto e hipócrita olvido a la verdadera historia. Registré entre mis notas personales el haber asistido, el 23 de octubre de 2004, una semana antes de las elecciones nacionales que dieron el triunfo por primera vez al Frente Amplio, a una reunión de docentes convocada por el Movimiento de Educadores por la Paz en la que viví la emoción de escuchar fundadas exposiciones sobre la necesidad de abrir hasta fechas recientes la enseñanza de la historia, así como el testimonio de maestros y profesores que lo venían haciendo y se sentían orgullosos de ello, desafiando obstáculos y justificados riesgos.

La historia reciente también es historia

El nuevo CODICEN de la ANEP, resultante del cambio político al fin operado en el país, escuchó este clamor y el 26 de octubre de 2005 adoptó una Resolución modificando los programas de enseñanza de la historia reciente. En lo esencial, el CODICEN decía: “Considerando: que el conocimiento de la historia de la segunda mitad del Siglo XX es esencial para que los educandos comprendan los cambios ocurridos en la sociedad, la economía, la política y la cultura, que vertebran el mundo actual al grado que omitirlos es volver incomprensible la realidad, (…) el Consejo Directivo Central resuelve: 1. Encomendar a los Consejos de Educación Primaria, Secundaria y Técnico-Profesional, a la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, proponer, en el menor plazo posible, la adecuación de los planes y programas de estudio a fin de que los docentes dicten el análisis de la Historia de la segunda mitad del Siglo XX”, a lo que seguían medidas tendientes a la implementación de la Resolución.

Hubo que explicar a la población las razones y el carácter impostergable de la medida adoptada, formar en cursos intensivos con apoyo de la Televisión Nacional a los docentes, producir los materiales necesarios, aprovechando la experiencia que habían ya realizado los educadores de avanzada y la actitud favorable del movimiento sindical docente. Fue una de las grandes transformaciones introducidas por el nuevo gobierno de la ANEP, en uso pleno de la autonomía que la Constitución le otorga.

Como era de esperar, la oposición perdió la oportunidad de guardar silencio y organizó un gran escándalo. No hizo sino el ridículo, con la colaboración de la prensa reaccionaria. Así, el ex Presidente Dr. Sanguinetti afirmó en El OBSERVADOR de 28 de octubre de 2005 que la enseñanza de la historia contemporánea es de “cuasi imposible objetividad”; su colega el Dr. Lacalle  escribió en EL PAÍS de la misma fecha que “siempre es peligroso enseñar historia contemporánea cuando los que la enseñan han sido testigos”; en este mismo diario y fecha el Sr. Luis Hierro opinó que “ni los profesores, ni los textos, ni el sistema están preparados para dar una visión razonable”, en tanto el Diputado y Maestro Sr. José Carlos Cardoso declaraba en EL PAÍS de 9 de noviembre de 2005 su inquietud, manifestando: “esto va camino a una historia sesgada, que tiene como objetivo conseguir adhesiones”. El ruido opositor fue, naturalmente, mucho más intenso pero no muy prolongado. La ANEP hizo las cosas bien, con la autorizada y activa participación del Vicepresidente del CODICEN, Profesor José Pedro Barrán; los nuevos programas fueron aplicados y ahora a nadie se le ocurriría sugerir con éxito que la enseñanza de la historia tenga otra fecha límite que el día de hoy.

Más aún: en ese primer gobierno del Frente Amplio fueron reformulados todos los planes y programas de estudios de los cuatro niveles de que se ocupaba la ANEP: inicial y primaria, secundaria, técnico-profesional y formación docente. Sin entrar al análisis global de los mismos, que no es este el lugar de hacer, se mantuvo en todos ellos el alcance que se había dado a la enseñanza de la historia y se consideró necesario que el alumnado, en el marco de una visión integral de su formación, tuviera oportunidades genuinas de conocer e internalizar por la experiencia personal y colectiva los Derechos Humanos y los valores que contribuyen a la preservación de la paz, la solidaridad, la justicia social, en un anticipo de lo que hoy, a instancias del Presidente Mujica, se viene implementando como una “estrategia por la vida y la convivencia”.

El mensaje de los nuevos programas de estudio

No dispongo de espacio para entrar en detalles, pero deseo concretar mi pensamiento apoyándome en la cita de algunos textos que considero pertinentes y avanzados.

El programa para la Educación Inicial y Primaria (2008) declara en la primera línea de su texto (página 9): “El Programa Escolar del Consejo de Educación Primaria se centra en los Derechos Humanos”. Se incluye una subárea denominada Construcción de Ciudadanía, así justificada: “La finalidad de este campo en la escuela es la formación de sujetos autónomos, críticos y responsables, capaces de articular su libre realización personal con la responsabilidad social y la búsqueda de la justicia”. Y con ese fin se sugieren contenidos y actividades para los niños de tres años de edad en adelante. El programa de historia de sexto grado incluye temas como los siguientes: “La crisis política y el golpe de Estado de 1973. Gobierno cívico-militar. La interrelación de dictaduras en América Latina. La construcción de un nuevo orden institucional. La ruptura del Estado de Derecho. La supresión de garantías individuales y colectivas. La represión y violación de los derechos humanos. La emigración política y económica”. Para ese mismo grado, el programa de Ética prescribe: “Las diferentes concepciones sobre la Paz. La Paz más allá de la oposición a la guerra. La Paz como discurso. Los Derechos Humanos como conquista. La vida como valor y sustento de los Derechos Humanos. Los genocidios”. Y el de Derecho dispone: “La construcción de una Cultura de Paz como alternativa a diferentes formas de autoritarismo. Los crímenes de lesa humanidad. La solidaridad entre países. La resolución pacífica de conflictos: la mediación”.

El nuevo programa de Educación Secundaria, en su reformulación de 2006, incluye en su primero y segundo años dos horas semanales como Espacio curricular abierto, justificado, entre otras frases, por las siguientes: “El Espacio debe promover valores como la tolerancia, la solidaridad, el respeto, la responsabilidad, el compromiso con la sociedad y el medio ambiente, la capacidad de escucha y la convivencia democrática a través de la reflexión, el diálogo y también las acciones concretas de involucramiento y compromiso activo con la comunidad y el centro educativo”. En el tercer año del Ciclo Básico se reservan tres horas semanales para Educación social y cívica y en segundo año de Bachillerato otras tres para Educación ciudadana, concebida, se dice, como “espacio privilegiado para reflexionar y ayudar a reequilibrar la necesaria relación entre lo colectivo y lo individual”.

El programa de Historia del último año de Bachillerato está precedido, entre otras, por las siguientes consideraciones: “Se sugiere que el tratamiento de los temas del Programa contemple y considere, de manera articulada, la evolución histórica de los Derechos Humanos a nivel mundial y en nuestro país, que incluya la defensa de la dignidad humana, de los instrumentos legales para garantizarlos y la responsabilidad individual, social, grupal y política en su defensa, evitando toda forma de discriminación. La indagación sobre la vigencia y violación de los Derechos Humanos habilitará y brindará oportunidades a los/las estudiantes no sólo a participar activamente en su ejercicio y defensa como ciudadanos responsables y respetuosos del pluralismo cultural y de valores, sino a asumirse como sujetos de derechos”. Y el Programa incluye, entre otros, estos temas a desarrollar: “El golpe de Estado de 1973 y las diferentes miradas historiográficas. La dictadura cívico-militar, la vida cotidiana y los miedos. El plebiscito de 1980, la crisis económica y la transición hacia la democracia: concertación programática, acuerdo del Club Naval, la Ley de Caducidad. La situación de los Derechos Humanos. La situación económica y social al finalizar el siglo”.

El Plan 2007 para la Educación Técnico-Profesional (UTU) incluye para tercer año, y lo menciono siempre sacrificando detalles, dos horas semanales de Formación Ciudadana. En su fundamentación se señala: “…el eje articulador de nuestra asignatura es la construcción de ciudadanía y la promoción de los Derechos Humanos. Formación Ciudadana tiene como objetivo brindar instrumentos a los futuros ciudadanos que les permita vincularse de forma crítica con su realidad, que los ayude a desarrollar un pensamiento autónomo”. Es mucho más lo que ofrece la UTU a sus estudiantes, entre otras oportunidades un taller optativo sobre “Filosofía para Jóvenes”.

Por último, quisiera referirme a algunos aspectos de la Formación Docente, área de trabajo de la ANEP hoy involucrada en un importante debate a raíz de la disposición legal de dar a la misma nivel y carácter universitario, mandato que está cerca de dar lugar a una Ley por la que se debiera crear la Universidad Nacional de Educación. Me limitaré a mencionar que el Sistema Único Nacional de Formación Docente, adoptado por la ANEP en 2008, reconoce que “el perfil de egreso del profesional docente parte de la relación dialéctica de la educación y la transformación social”. Se propicia, pues, la formación de un profesional que contribuya a “la construcción de una sociedad más humanizada, justa y solidaria, fundada en el ejercicio pleno de los Derechos Humanos”.

El salto hacia el NUNCA MÁS, que la educación pública no dio en 1985, lo fue dando de 2005 en adelante. El lector podrá preguntarse, justificadamente, si las previsiones de todos estos programas, animados de un enfoque humanista que requiere la adhesión y el compromiso de los docentes y del pueblo, tienen plena aplicación en aulas y centros. Yo también me lo pregunto, pero tengo plena confianza. Toda política educativa adquiere muy lentamente vigencia generalizada. Los sistemas de educación son, por múltiples razones, reticentes a los cambios, mucho más cuando estos inciden sobre conceptos y prácticas socialmente arraigadas. Escribía Julio Castro en 1966: “El andar del tiempo hacia la liberación de los pueblos es constante y es, además, irreversible. A los educadores, la hora presente nos señala deberes y responsabilidades que no debemos eludir. Es un honroso compromiso (…) que debemos cumplir con dedicación, con coraje y, sobre todo, con una lúcida visión de las limitaciones presentes y de las posibilidades que debemos crear y conquistar para construir el porvenir”.

Nuestro NO, nuestro SÍ

Enfrentando las limitaciones de que nos habla el Maestro Mártir, hemos venido trabajando las posibilidades que nos permitan conquistar la construcción del porvenir. Nuestra herramienta principal de educadores es la palabra, la nuestra y la del alumno, la palabra que cimenta la paz, la justicia, la solidaridad, la convivencia. Ahora aparece la mayoría de la Suprema Corte de Justicia diciéndonos a todos, a la sociedad, pero también a los educadores: “Vuestro pensamiento y vuestro libreto tienen erratas: olvidémonos de la recuperada capacidad punitiva del Estado; donde decía imprescriptible ha de leerse y aceptarse ya prescribió; no ha de hablarse a niños y adolescentes de delitos de lesa humanidad, que no los ha habido, sino de olvidables delitos comunes; los torturadores no han de ser castigados sino liberados; a los jueces díscolos y sobre todo a las juezas de conciencia autónoma les agradeceremos los servicios prestados; y en cuanto a los Derechos Humanos, la comunidad internacional no tiene nada que decirnos, pues constituimos un país soberano, sin otra verdad que la que nosotros, la mayoría de la SCJ, proclamemos.

El oráculo se ha pronunciado. Acato y respeto, ha dicho la mayoría, aunque no estoy de acuerdo. La confrontación arde dentro de la misma Justicia. Y en la calle. La ANEP, cuyos documentos fundamentales de acción educativa, los programas de enseñanza, han sido tácitamente cuestionados, no ha dicho, que yo sepa, todavía nada.

El lector me permitirá la inmodestia de ubicarme – tal vez por no poder todavía considerarme fuera de servicio – ante este dilema. Es esta una hora crucial para los educadores y sus organizaciones: la hora de gritar, con fuerza, nuestro NO. NO olvidaremos a nuestros muertos, ni a nuestros torturados, ni a las compañeras violadas, ni a los niños robados. NO aceptaremos resignadamente la impunidad de los criminales. NO perdonaremos que miles de educandos hayan sido formados bajo un pensamiento fascista. NO renunciaremos a que los programas de enseñanza estén orientados por valores portadores de justicia y libertad. NO permitiremos que nuestros alumnos sean formados con nuestra complicidad para una sociedad en que la lucha por la Verdad y la Justicia sea reemplazada por el verticalazo, el olvido y el silencio.

Y si a la hora de la verdad, en la hora íntima en que el educador y su alumno se escuchan mutuamente y se miran fraternalmente a los ojos para crecer juntos, tenemos que desacatar dictámenes reaccionarios, erróneos e inadmisibles, los desacataremos. En esto de cultivar una pedagogía de la resistencia, de la desobediencia y, si es preciso, de la clandestinidad, los educadores de todo el mundo tenemos experiencia. No estoy exhortando a introducir el caos en nuestro sistema educativo; estoy, una vez más, recordando a Julio Castro, que nos dejó dicho hace medio siglo: “la hora presente nos señala deberes y responsabilidades que no debemos eludir”.

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